Muy poco se conoce aún de su difuso plan de privatizaciones. La escasez de activos atractivos y la desconfianza de los inversores hacen dudar de su impacto real

La vicepresidenta Sáenz de Santamaría, junto a los ministros De Guindos y Montoro, príncipales artífices del plan de privatizaciones.

El Gobierno ha colgado el cartel de 'se vende' sobre el sector público español. Aunque por ahora lo ha hecho de una manera difusa, como quien desliza de forma interesada a un amigo que está pensando en vender el piso o negocio para tantear el clima del mercado antes de decidir realmente qué hacer con él: alquilarlo, traspasarlo o dejarlo como está. Todavía -no se sabe por cuánto tiempo más si no aflojan las presiones exteriores-no tiene las urgencias de los vecinos irlandeses, portugueses o griegos que se han visto obligados a vender a la carrera, sin margen para la negociación y agobiados por sus acreedores. Eso sí, ha querido que los inversores sepan que España quiere vender, pero también que va a hacer todo lo posible por arbitrar ese proceso, de manera que no tenga que desprenderse de activos a precio casi de saldo.

No lo va a tener fácil. El mercado sabe que los Estados europeos que han ofrecido sus empresas, participaciones en compañías u otros activos en los últimos tiempos lo han hecho obligados por Bruselas, por lo que adivinan la necesidad en la mirada del vendedor. Además, la valoración de los activos públicos españoles no ha permanecido ajena a las turbulencias que han azotado su economía y que, según coinciden distintas firmas de inversión, «han tenido un impacto negativo sobre los precios que los compradores están dispuestos a pagar».

El Ejecutivo anterior pudo comprobarlo durante el proceso de colocación en Bolsa del 30% de la última 'joya' de la Corona, la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, la entidad española que ha arrojado beneficios durante un mayor periodo de tiempo. Una operación que los analistas habían catalogado como «buena para los inversores y mala para el Estado» por el volumen de ingresos que dicho juego de azar genera a las arcas públicas todos los años, pero que fue incapaz de concitar el interés suficiente para cubrir el nivel mínimo de ingresos fijado como aceptable por el Gobierno, lo que obligó a suspenderla. No fue un hecho aislado. Algo similar le ocurrió al Ministerio de Fomento con las fallidas concesiones a operadores privados de la gestión de los aeropuertos de Barajas y El Prat y a la SEPI en la venta, finalmente suspendida, de las participaciones del Estado en International Airlines (el grupo surgido de la fusión de Iberia y British Airways), Red Eléctrica y Ebro Puleva. En total, 16.000 millones de euros esperados, pero que no llegaron.

«Eso no quiere decir que no haya mercado», aclara José Luis Zamarro, de Clifford Chance, una de las firmas más prestigiosas y con más experiencia en la gestión de procesos de privatización del mundo. «Hay mucho inversor que está analizando posibilidades para invertir en España -explica-. El tema clave, como siempre, es el precio, porque la situación en España hace que cualquier inversión se revise con más cautela».

Esto supone un cambio de paradigma respecto a anteriores procesos privatizadores. Cuando en los años 80, en plena transición de una economía estatalizada a otra de mercado, el Gobierno socialista abrió a los inversores privados la cartera industrial del Estado, aquellos acudieron a la puja atraídos por un mercado de 40 millones de consumidores que hasta entonces había permanecido cerrado a cal y canto. Así fue como Seat acabó en manos de Volkswagen y Enasa-Pegaso absorbida por Fiat.

En los 90, Aznar abordó la privatización de empresas estratégicas, como Repsol, Endesa, Telefónica, Argentaria, Gas Natural, Tabacalera, con la doble intención de obtener recursos que permitieran cumplir los objetivos de Maastricht y preservar la españolidad del tejido empresarial estratégico. Los casi 30.000 millones de euros ingresados indican que no hubo demasiados problemas para 'levantar' capital y del proceso salió, asimismo, un núcleo duro de empresas españolas que hoy se han convertido en potentes multinacionales como Telefónica, Repsol, Gas Natural o BBVA, aunque para ello se tuvieran que forzar las costuras del corpus legislativo europeo con un instrumento, la acción de oro ('golden share'), que permitió al Gobierno vetar las ofertas que no le interesaran y que terminó siendo eliminado por mandato de Bruselas. Otras firmas acabaron finalmente integradas en multinacionales extranjeras; fue el caso de Tabacalera, en Altadis, o de Aceralia, en la actual Arcelor-Mittal.

En los últimos años se han producido ventas de participaciones más episódicas que han servido para redondear el balance. Así, desde los 80, el Estado español ha privatizado 120 compañías generando unos ingresos de casi 45.000 millones de euros. Y si contamos solo desde 1996 (con la llegada de Aznar) hasta ahora, ronda los 34.000.

El reto de vender bien

Ahora, con una economía tan abierta como cualquier otro país desarrollado y menos empresas que ofrecer a los inversores, Mariano Rajoy afronta el reto de exprimir los rescoldos del sector público empresarial o ensayar las concesiones al sector privado de gestiones hasta ahora rabiosamente públicas para aliviar el déficit y aligerar la cada vez más asfixiante carga de la deuda. Y debe hacerlo en el peor momento económico posible.

«Claro que el momento es malo para vender», afirma, rotundo, Joaquín Trigo, director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE). «Pero el Gobierno está obligado a reducir la deuda -explica- y lo que hay que pensar es que, aunque en otro momento podríamos sacar más, obtener algo por activos que ya no son rentables igual es buena idea».

Otros, sin embargo, abogan por un programa de venta de activos más controlado. «Lo ideal sería esperar a que hubiera un precio de mercado razonable», matizan los economistas de BBVA Research. «El Gobierno debería trazar un programa plurianual con los objetivos que pretende cumplir y, a partir de ahí, decidir cuánto necesita cada año». «Si uno precisa el dinero, no le queda otro remedio que vender», opina Alfredo Pastor, profesor de Economía del IESE, que añade otro punto: «es bueno que el Estado se centre en los servicios que debe prestar y no en los que podría dar el sector privado».

Y es que cualquier proceso de privatización supone una enmienda a la totalidad del tamaño del sector público. Pastor tiene muy claro hacia dónde se debería avanzar: «en una economía de mercado moderna como la española el primer interrogante es la propia existencia de empresas públicas». «El Estado -señala-debe tener unas funciones exclusivas, como la defensa, la seguridad pública, la justicia... y el resto pueden ser prestadas perfectamente por empresas privadas; no entiendo, por ejemplo, por qué ha de tener una empresa de ingeniería».

Pero la tiene. Se llama Ineco, una empresa de ingeniería del transporte con gran presencia internacional, dependiente del Ministerio de Fomento y que, como en el caso de Tragsa, ha sido repetidamente acusada de competencia desleal por las empresas de su sector, que exigen su privatización. Tanto ella como Tragsa, también estatal -se dedica a los servicios- y con 14.000 empleados, reciben numerosas encomiendas de gestión no competitivas de distintos organismos públicos, lo que para las empresas privadas supone un agravio comparativo. No obstante, aunque regularmente circulan rumores respecto a su salida al mercado, como ocurre con Correos o Renfe, no parece que de momento esté en el ánimo del Gobierno hacerlo.

Poca concreción
Poco se sabe, en realidad, de lo qué está en el ánimo del Gobierno. El programa electoral del PP mencionaba las privatizaciones; asimismo, la Actualización del Programa de Estabilidad y Crecimiento remitido hace pocos días a Bruselas precisa la posibilidad de «vender algunos elementos saneados de su patrimonio (del Estado)», si bien lo condiciona a que la situación del mercado lo aconseje y se arbitre un diseño que garantice la adecuada prestación de servicios por el sector privado.

El presidente de la SEPI, Ramón Aguirre, ha afirmado que no habrá desinversiones en el organismo «en tanto no se estabilicen los mercados», y dice estar centrado en poner en valor la cartera industrial de un 'holding' que al final de este año engordará su deuda hasta los 60.000 millones de euros. En lo que el Ejecutivo sí parece haber ido más lejos es en la posibilidad de abrir a la gestión privada determinadas infraestructuras y transportes con el objetivo, según la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, de «lograr una gestión más austera y eficiente». Precisamente la 'número dos' del Gobierno es la impulsora de la revisión de la situación actual del parque inmobiliario estatal que, según la consultora Aguirre Newman, tendría un valor de mercado de 40.000 millones de euros.

La ministra de Fomento renunció en enero a retomar la privatización de la gestión de los principales aeropuertos, que intentó sin éxito el Ejecutivo anterior. Según distintas fuentes, ahora se plantea incluso la concesión a operadores privados de la explotación de determinadas línea de alta velocidad, presumiblemente las más rentables: Madrid-Barcelona o Madrid-Sevilla. Un modelo que para José Enrique Villarino, ex directivo de Renfe, consultor y miembro del Foro del Transporte Ferroviario, esconde graves riesgos. «Puede servir para hacer algo de caja a corto plazo -advierte-, pero no resuelve el verdadero problema: la ineficiencia de un operador público sobredimensionado como Renfe, que seguiría generando pérdidas y, además, se quedaría sin sus trayectos más rentables».

Tal vez sea cierto, como sostiene Pastor, del IESE, que todo proceso de privatización genera automáticamente fuertes resistencias en contra; o que hay asuntos más relevantes que resolver en el entramado institucional español, como la reforma de la Administración Pública, para conseguir que las privatizaciones resulten en empresas más eficaces, como sugiere Joaquín Trigo, del IEE. Ahora bien, en lo que todos parecen estar de acuerdo es en que, aún vendiendo y bien los activos que quedan en el sector público, todavía quedaría mucho que hacer para resolver el grave problema del déficit público

Iniciado por Spinelli

me haran buena oferta por el parlamento?

Espero que me venga sin bicho la venta.

Iniciado por EL FARAON

...que todo proceso de privatización genera automáticamente fuertes resistencias en contra ...

Iniciado por ZHU DE

¿Queda algo por vender?