Inmobiliaria Colonial es la primera de las grandes empresas del sector inmobiliario en la que Hacienda ha puesto la lupa para inspeccionar los últimos años de la burbuja inmobiliaria, una época en la que los ingresos y los beneficios del sector se incrementaron de forma notable mientras el mercado presentaba cifras de desarrollo insostenibles.

En concreto, los inspectores han situado el foco en dos sociedades absorbidas en su día por Colonial, denominadas Dehesa de Valme y Entrenúcleos. Estas dos instrumentales contenían una gran parte del patrimonio de Portillo en la provincia de Sevilla y más concretamente en la localidad que le vio nacer, Dos Hermanas. En total cientos de miles de metros cuadrados para llevar a cabo proyectos urbanísticos con la aquiescencia de las administraciones locales.

Sin embargo, cuando Portillo inició el asalto a Colonial desde la minúscula Inmocaral tuvo que aportar prácticamente todo su patrimonio inmobiliaria, incluidas estas dos sociedades con los proyectos incluidos. Todo ello pasó a formar parte de la inmobiliaria con sede en Barcelona cuando se produjo su compra por parte de Inmocaral y la posterior fusión entre ambas compañías.

Foco de irregularidades

Ahora, Hacienda está inspeccionando las cuentas de estas sociedades correspondientes a los años 2006 y 2007, los últimos antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, cuando aún permanecían como filiales de Colonial antes de ser legalmente absorbidas por la empresa cotizada. En concreto, los inspectores están centrándose en el capítulo referido al impuesto de sociedades, en cuya liquidación podrían haberse producido irregularidades.

Ambas sociedades aparecieron relacionadas con una serie de escándalos que salpicaron a la caja de ahorros El Monte, antes de su fusión con San Fernando para formar Caja Sol puesto que El Monte poseía una participación del 20% en ambas que fue vendida a Portillo en 2005. Por entonces, se acusaba a los responsables de la caja de haber vendido la participación sin haber elaborado la correspondiente valoración de los activos.

La actuación de Hacienda está destinada a detectar posibles fraudes en torno al sector inmobiliario, especialmente en aquellas empresas que aún se mantengan en pie después de la oleada de concursos de acreedores, quiebras y liquidaciones que se han dado durante los últimos años.