13 FEB 2012 | Roberto R. Ballesteros
Urdió un plan para camuflar los delitos urbanísticos, algunos de más envergadura que los investigados por el juez. El caso ha sido denunciado ante el fiscal Anticorrupción.
La operación Malaya no investigó todas las irregularidades cometidas en Marbella durante el Gobierno del GIL. Así lo entiende uno de los abogados que intervinieron en el caso, Antonio Urdiales, que ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción poniendo en evidencia más de medio centenar de presuntos delitos inmobiliarios cometidos en el mismo periodo y que salieron de rositas.
En concreto, en el despacho del fiscal hay 68 inmuebles que registran algún tipo de irregularidad y que fueron legalizados artificialmente por la Junta de Andalucía. El Gobierno regional, asesorado por el arquitecto Manuel Ángel González Fustegueras, regularizó la situación de los citados edificios a cambio de que estos aportaran algún tipo de compensación: un terreno en otro lugar. En concreto, “en suelos vacantes lo más próximos posible”. Sin embargo, hasta la fecha ninguno de los beneficiados por la Administración ha cumplido su parte del trato, provocando que los edificios sigan acomodados en la ilegalidad, explica Urdiales.
El problema, según explica el propio denunciante, es que esos edificios se vendieron a terceros, quienes ahora argumentan que nada tienen que ver en el asunto. El Ayuntamiento de Marbella ha dado por buena esta excusa y, al final, nadie restablece los perjuicios causados al consistorio.
La denuncia se dirige contra “los integrantes de las comisiones de gobierno que otorgaron la licencia a los 68 edificios”, así como contra “los técnicos que informaron a favor de tales licencias por cuanto las mismas son prevaricadoras al tratarse de suelos inhábiles para ser edificados”.
Los inmuebles eran ilegales por haberse levantado sobre suelos calificados para otros fines. Se construyeron más de 30.000 viviendas en terrenos que inicialmente iban a alojar colegios, centros de salud, espacios verdes o bibliotecas. Según la calificación literal, en un principio el suelo estaba destinado a equipamientos deportivos, socioculturales, sanitarios, comerciales o educativos, así como a parques, jardines, aparcamientos o aceras.
Incluso había terrenos protegidos por su valor arqueológico sobre los que se edificaron pisos sin control. Eso sin contar los espacios en los que se preveía construir viviendas unifamiliares, que multiplicaron su edificabilidad y densidad de la noche a la mañana para levantar grandes edificios plurifamiliares.
En los 68 casos, la Junta admite que ha existido una ilegalidad y que se ha producido un “incremento de aprovechamiento considerable”. Sin embargo, en lugar de denunciar los hechos e incluir los inmuebles dentro de los tratos que se investigaron en la operación Malaya, el Gobierno regional decidió legalizarlos por su cuenta por medio del creativo método de compensación anteriormente descrito, que en el fondo supone legitimar una situación a cambio de nada.
Los trabajos de legalización realizados por Fustegueras y la Junta se llevaron a cabo en 2004, un año antes de que estallara la operación Malaya. Por eso Urdiales entiende que los inmuebles legalizados por el Gobierno andaluz “fueron seleccionados para no ser investigados por los tribunales”. Y considera, por lo tanto, que “la cuestión esencial es investigar quiénes fueron los empresarios beneficiados por esas legalizaciones, que no dieron nada como contraprestación, y los políticos que hicieron la vista gorda”.
Refuerza las sospechas de Urdiales el hecho de que, antes de que comenzara la investigación del caso Malaya, el Ministerio del Interior ya disponía de toda la documentación que derivaría en la operación judicial posterior. El 16 de abril de 2002, el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ordenó la entrega de “documentación relativa a la entrada y registro efectuada de Juan Antonio Roca: 12 talonarios de cheques, carpeta color salmón con el nombre de Maras, carpeta con el título de Planeamiento 2000, libro tamaño cuartilla de apuntes”, etc. a un inspector del Cuerpo Nacional de Policía. Toda esta documentación llevó luego a la apertura del caso Malaya.
Y no es Urdiales el único que duda de la legalidad del plan urdido entre el Ejecutivo de Manuel Chaves y el arquitecto Fustegueras. En un artículo aparecido el 13 de abril de 2008 en el diario Público, los fiscales de Andalucía Ángel Núñez y Luis Carlos Rodríguez León subrayaron que el método generaba inseguridad jurídica. “Regularizar casas ilegales acaba con la esencia del urbanismo”, aseguran. Las soluciones, continuaron, “pueden ser puntuales, pero la regla general no puede ser ‘construye donde quieras, que después se legaliza”. Ambos calificaron de delito la operación Fustegueras: “Desde un punto de vista político podrá estar amparado, pero desde el legal no quiere decir que deje de ser delito”.
La última edición del libro El caso Malaya. Los elefantes asolaron Marbella, escrito por Miguel Ángel Ordóñez, ex jefe de protocolo de la ex alcaldesa Marisol Yagüe, revela que la entonces presidenta de la corporación municipal fue forzada por la Junta a aceptar el plan legalizador de Fustegueras. “Yagüe declaró en el caso Malaya que Sevilla le presionó para que amañase el concurso público de elección del equipo redactor del nuevo plan y eligiese a la empresa de Fustegueras, Territorio y Ciudad. Roca y Yagüe llegaron incluso a reunirse con él, en Sevilla”, refleja el texto, que aún no ha salido a la luz.
Chaves regularizó 68 edificios ilegales en Marbella justo antes de la Malaya | Intereconomía | 710539 
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13-feb-2012, 21:15
¿Y tú que tienes: un piso o un endosado?
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