Portugal aprobó una medida económica de calado el pasado 30 de diciembre que, sin embargo, no ha generado demasiado eco fuera de las fronteras lusas. Se trata de un “Régimen Excepcional de Regulación Tributaria” (RERT III) que prevé, como su nombre indica, normalizar los elementos patrimoniales que burlen a la Hacienda portuguesa, sobre todo a aquellos radicados en paraísos fiscales.

Una idea que sale de un país cuya economía se ha ido resquebrajando más y más desde que empezó la crisis: en los mercados se escucha el runrún de un segundo rescate, de una quita voluntaria y de otras decisiones que quitan el hipo. De hecho, el RERT III es un modelo que podrían calcar otros países de finanzas ajadas, caso de Irlanda, Italia, Grecia... o España.

Aprobado por el Gobierno del conservador Pedro Passos Coelho (cuya formación pertenece a la misma familia política que el PP de Rajoy), el RERT III da de plazo a los ciudadanos portugueses que se acojan a la medida hasta el próximo 30 de junio. Consiste en una especie de amnistía fiscal que se realizará a través del Banco de Portugal o cualquier otra entidad establecida en este país. Para ello, habrá que pagar un importe que corresponde al 7,5% del valor de los bienes que se quieran regularizar.

Amnistía generosa, pero no total

No será, pues, una barra libre para los defraudadores. Pero sí un reclamo bastante generoso. Así, se tratará de captar aquellas infracciones tributarias derivadas de “conductas ilícitas”, como la ocultación o alteración de hechos. Además, se eliminarán las obligaciones que los defraudadores tenían con la Hacienda lusa hasta el 31 de diciembre de 2010.

No obstante, no será oro todo lo que reluzca: en caso de que haya omisiones o inexactitudes, el gravamen de lo tributado aumentará un 60% con relación al impuesto anterior. En este sentido, tampoco se beneficiarán de la exención aquellas personas físicas o jurídicas que estén siendo inspeccionadas por un delito fiscal o por cualquier otra fechoría de naturaleza similar.

Entre el patrimonio amnistiado, entran: depósitos, certificados de depósito, acciones y participaciones en el capital, valores inmobiliarios y otros elementos financieros (pólizas de seguros ligadas a fondos de inversión u operaciones de capitalización).

El alcance de la medida está por ver. Pero, por lo pronto, su dimensión supera a los acuerdos “Rubik”, firmados por Alemania y Reino Unido con Suiza. Éstos planteaban a los residentes germanos y británicos con activos financieros en la Confederación Helvética una regularización fiscal con un gravamen comprendido entre el 19 y el 34%.