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Promotores piden a la banca que facilite el crédito en vez de bajar "excesivamente" el precio de los pisos

El presidente de la patronal de los promotores y constructores de España (APCE), José Manuel Galindo, ha pedido a los bancos que no rebajen los precios de sus activos hasta "niveles excesivamente bajos" para darles salida porque "penalizaría" a los promotores y que, en vez de ello, facilite las transacciones actuando desde los tipos de interés, el 'loan to value' o los plazos de financiación.

Además, ha avisado de que el precio de la vivienda no es el único factor que determina la compra de una vivienda. "Si una hipotética bajada de precios no va acompañada de crédito tampoco se van a formalizar las ventas", explicó.

Galindo hizo esta llamada en rueda de prensa para valorar la reforma del sistema financiero aprobado por el Gobierno, que endurece las necesidades de provisionamiento de las entidades financieras y que, según el ministro de Economía, Luis de Guindos, permitirá a la banca deshacerse de sus 'stock' de vivienda a precios más bajos.

Estas rebajas podrían presionar a los promotores a rebajar también los precios de sus promociones, como recuerdan los promotores: "Cualquier ajuste brusco de los precios puede al sector inmobiliario y no sería deseable".

Así, Galindo indicó que aunque se obligue a las entidades financieras provisionar el 35% del valor de las viviendas terminadas --del que deberían tener ya provisionado el 25%, según las exigencias anteriores--, el descenso de los precios no tiene por qué llegar hasta esos porcentajes. De ser así, supondría una rebaja adicional del 16% respecto al descenso del 19% registrado por el Ministerio de Fomento desde el inicio de la crisis.

Dentro de ese margen existe, según Galindo, un precio "razonable", que no concretó. "No queremos forzar el precio a la baja o al alza, queremos que fuera al encuentro de una demanda en un marco de libre competencia, que es cuando realmente se establece el precio de un activo", señaló.

En este contexto, Galindo ha señalado además que las entidades financieras cometerían un error si sólo concedieran crédito para sus viviendas y les ha pedido una "estrategia de colaboración".

"Creemos que es tan bueno que salgan las viviendas de los balances de los bancos, como que salgan de nuestros balances, porque si no se pueden convertir en subestándar y nuestras viviendas podrían acabar siendo suyas", advirtió.

PIDE UNA PARTE DE LAS AYUDAS A LA BANCA.

Por otro lado, el presidente de APCE, que ha recordado que el sector inmobiliario supone aún un 7% del PIB, ha pedido al Gobierno que "si hay ayudas al sector financiero, directas o indirectas, debe haber un coeficiente que revirtiera a la financiación del sector inmobiliario", pero en forma de crédito y no de ayuda económica.

Según explicó este "coeficiente" permitiría al sector seguir con su actividad, "que es lo que genera empleo", y construir allí donde ya no hay oferta.

Asimismo, con la vista puesta en la reunión que han solicitado a la ministra de Fomento, Ana Pastor, desgranó algunas de sus propuestas para el futuro del sector.

Una de ellas es el incentivo fiscal para la compra de segunda vivienda, "también para los no residentes". En el caso de estos, se trataría de aliviar la carga fiscal en las transmisiones 'mortis causa'.

Además, Galindo apostó por otras medidas "transitorias y progresivas" que tengan una finalidad contracíclica, como "reorientar" parte del 'stock' existente, que ronda las 700.000 viviendas, para crear un parque de viviendas "económicamente sostenibles".

La definición de crimen contra la humanidad o crimen de lesa humanidad recogida en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional comprende las conductas tipificadas como asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos u otros definidos expresamente, desaparición forzada, secuestro o cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.