En este sentido, prestó fondos públicos a empresarios mediante un sistema parecido al que dio lugar al fraude de los ERE fraudulentos. El informe recoge que el asunto más espinoso corresponde a los prestamos concedidos a empresas hasta 2009 y que ascendieron a 8,21 millones de euros.
La falta de control interno por parte de la empresa pública afectó no sólo a los préstamos pagados a privados con fondos propios sino a las inversiones que teóricamente realizaba.
El informe de la Cámara de Cuentas censura la concesión de estos préstamos: "No existe preestablecido ni publicado ningún criterio para determinar los requisitos que deben reunir los beneficiarios, las condiciones de los préstamos, los importes máximos o mínimos a conceder o los factores determinantes de cuando el préstamo a conceder será participativo u ordinario y, en este último caso, a qué tipo de interés se otorgará".
Por ello, la auditoria destaca que "la falta de publicidad del procedimiento a seguir por parte de Invercaria para la ejecución del programa". Incluso se revela que este fondo no sólo sirvió para sacar de apuros a empresas escogidas a dedo con prestamos a interés cero sino que Invercaria realizó inversiones que han supuesto un riesgo demasiado alto para las arcas públicas.
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