@Marta Matute 01/02/2012 (13:30h)
La ministra de Sanidad, Ana Mato, ha presentado este miércoles en el Congreso una declaración de intenciones. Entre ellas, y como básica, la revisión del catálogo de prestaciones sanitarias. El objetivo es garantizar unos servicios “mínimos y esenciales” en todo el territorio nacional, independientemente de la comunidad y el nivel de renta, y que debe gozar de suficiencia financiera.
Dicho en otros términos, el Estado garantiza unos mínimos, y luego debe ser cada comunidad la que elija ampliarlos, pero con su dinero, no con recursos de la Administración central.
La sostenibilidad es la clave, y en este sentido, Mato reveló que el déficit estructural del sistema por falta de financiación se eleva ya a unos 15.000 millones de euros. De esa partida, unos 6.300 millones son deudas contraídas con la industria farmacéutica.
Para llevar a cabo este proyecto, la ministra de Sanidad propuso a los diputados un gran pacto nacional que vele a largo plazo por la sostenibilidad del sistema capaz de garantizar la asistencia en un tiempo medio razonable. El pacto permitirá elaborar un calendario de vacunaciones común para el Estado. Este acuerdo con todas las fueras políticas incluiría un nuevo modelo de prestación farmacéutica, la creación de una central de compras para hacer más eficiente el coste del sistema y un modelo de gestión clínica más flexible que permita la autonomía de gestión a los profesionales.
Mato también anunció la emisión de una única tarjeta sanitaria para todo el territorio que permitirá acceder a todos los hospitales del sistema nacional de salud y la adquisición de medicamentos en cualquier parte del territorio.
Ana Mato también desveló su intención de alcanzar un acuerdo global en el área de los servicios sociales, acuerdo que obligaría a una revisión de la ley de dependencia de su catálogo de servicios y de la homologación en todas las administraciones de los procedimientos y ayudas.
En el área de servicios sociales, también propuso un plan integral de apoyo a la familia y un plan individualizado contra la violencia de género.
Sanidad propone un catálogo de servicios mínimos y que cada comunidad pague las mejoras - elConfidencial.com