Escándalo de los ERE en Andalucía
El
escándalo de corrupción de los ERE en Andalucía, también conocido como
ERE gate<sup id="cite_ref-0" class="reference">1</sup> o
caso del fondo de reptiles<sup id="cite_ref-1" class="reference">2</sup> una presunta red de
corrupción política vinculada a la
Junta de Andalucía dirigida por el
Partido Socialista Obrero Español. El origen del escándalo está en la investigación actualmente en curso del caso de corrupción en la empresa
sevillana Mercasevilla, en las que se detectaron
prejubilaciones fraudulentas.<sup id="cite_ref-2" class="reference">
3</sup>
El caso ERE fue denunciado ante los tribunales por el propio gobierno andaluz <sup id="cite_ref-3" class="reference">
4</sup> <sup>[
cita requerida]</sup> y actualmente está siendo investigado por el
juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, dirigido por la juez Mercedes Alaya, y por el
Tribunal de Cuentas del Estado.
Terminología
La expresión "fondo de reptiles" procede de la época de la
unificación de Alemania. El
canciller Otto von Bismarck disponía de fondos robados a sus enemigos en las guerras, con los que financiaba propaganda a su favor y silenciar a sus críticos (a los que él llamaba reptiles). La prensa utiliza este término para referirse al uso de los fondos de dinero público para las prejubilaciones por parte del PSOE, después de que lo utilizara por primera vez
Francisco Javier Guerrero Benítez, ex director general de Trabajo de la
Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.<sup id="cite_ref-4" class="reference">
5</sup>
Descripción del fraude
Desde el año
2000 hasta la actualidad, la Junta de Andalucía ha subvencionado prejubilaciones en 68 empresas que se acogieron a los planes gubernamentales de empleo.<sup id="cite_ref-5" class="reference">
6</sup> El total del fondo destinado a ayudar a estas empresas durante este período, el llamado
fondo de reptiles, ascendió a 647.869.157,45
euros, de los cuales 560 millones se utilizaron para pagar las prejubilaciones de los ERE, y los 87 millones restantes tuvieron el fin de respaldar procesos de reestructuración de empresas en crisis.<sup id="cite_ref-6" class="reference">
7</sup>
La
prejubilación es una fórmula de finalización de contratos laborales, utilizada por acuerdo entre las empresas, los trabajadores y en su caso la Administración, si participa en la financiación de estas. Pese a ser una fórmula que por sí misma no constituye una ilegalidad (de hecho, la práctica de la prejubilación está ampliamente extendida en las empresas españolas),<sup id="cite_ref-7" class="reference">
8</sup> su uso en este caso está cuestionado por la
Policía Judicial.<sup id="cite_ref-8" class="reference">
9</sup>
El fraude se produce en la inclusión de falsos
prejubilados en los
expedientes de regulación de empleo de las empresas beneficiadas del fondo.<sup id="cite_ref-9" class="reference">
10</sup> La investigación interna ha detectado 183 prejubilaciones irregulares en un total de 5.982 casos analizados, lo que supone el 3,06% del total, en 42 de las 68 empresas beneficiadas del fondo.<sup id="cite_ref-10" class="reference">
11</sup> De las 183 irregularidades, 111 corresponden a trabajadores que cobraban una prejubilación mayor que la que les correspondería, y 72 eran personas infiltradas que jamás trabajaron en estas empresas. Entre los prejubilados irregulares, se encontraron a ocho militantes del
PSOE,<sup id="cite_ref-11" class="reference">
12</sup> que fueron expulsados del partido inmediatamente después de ser descubiertos en los EREs.<sup id="cite_ref-12" class="reference">
13</sup> También se descubrió a un militante del
Partido Popular entre los presuntos casos irregulares.<sup id="cite_ref-concpp_13-0" class="reference">
14</sup> El resto de las prejubilaciones no presentaba ninguna anomalía.
Con todos los expedientes analizados, la investigación de la Consejería de Empleo, enviada a la jueza del caso, ha calculado que el 1,12% del fondo, es decir, aproximadamente nueve millones de euros, acabaron en las falsas prejubilaciones mencionadas arriba.<sup id="cite_ref-14" class="reference">
15</sup> El resto habría ido a financiar las prejubilaciones restantes que no presentaban anomalías; pese a todo, la oposición del
Partido Popular no cree en los datos de la Consejería y ha afirmado en repetidas ocasiones que la totalidad del fondo se ha utilizado de forma fraudulenta.<sup id="cite_ref-15" class="reference">
16</sup> <sup id="cite_ref-16" class="reference">
17</sup> El principal partido de la oposición también estima que existen 190 EREs ya finalizados que no han sido investigados y en los que podría haber prejubilados falsos, igual que en los EREs analizados por la Junta.<sup id="cite_ref-17" class="reference">
18</sup>
El método de investigación
La
Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía está colaborando con la jueza del caso en la investigación de las irregularidades de los EREs.<sup id="cite_ref-18" class="reference">
19</sup> A principios de marzo del mismo año el caso se elevó a la fiscalía anticorrupción, afirmando el
Fiscal General del Estado Conde-Pumpido que analizaría la documentación exhaustivamente y llegaría "hasta el final"<sup id="cite_ref-19" class="reference">
20</sup>
La jueza que investiga el fraude está casada con Jorge Castro, que trabajó como auditor de la empresa Mercasevilla. Una denuncia contra dicha empresa fue el origen de la causa. El hecho de que el marido de la juez Alaya trabajara para ella ha servido de base para que un abogado haya presentado un escrito ante la juez para que esta aclare la "presunta lógica animadversión" entre su marido y Mellet, el director de la empresa investigado, que fue precisamente el que despidió a su marido por una negligencia continuada en el ejercicio de auditoria, detectada por una auditora externa encargada precisamente por Mellet, descontento con la situación que encontró al ser nombrado para el puesto. Dicho abogado preguntó a la instructora si ella había recibido "asesoramiento técnico extraprocesal" que pudiera haberle hecho perder su imparcialidad como instructora de la causa. Alaya rehusó hacer declaraciones para esta informacion.
elpais
Desde febrero de 2011, el
Parlamento andaluz está rechazando sistemáticamente la creación de una
comisión de investigación para los ERE, mediante el veto de la
mayoría absoluta del
PSOE-A.<sup id="cite_ref-20" class="reference">
21</sup> El Partido Socialista defiende el modelo utilizado de investigación interna y asistencia a la jueza y argumenta que el establecimiento de una comisión haría la investigación más larga y engorrosa.<sup id="cite_ref-21" class="reference">
22</sup> Por su parte, los otros dos partidos de la cámara autonómica, el
Partido Popular e
Izquierda Unida, sospechan que la negativa del PSOE a crear la comisión parlamentaria se debe a que el propio presidente de la Junta,
José Antonio Griñán, estaría inmerso en la trama corrupta y sus compañeros de partido tratan de encubrirle. Los dos partidos opositores tienen intención de seguir pidiendo la creación de esta comisión de investigación y en el caso del Partido Popular, su portavoz
Javier Arenas ya ha pedido la dimisión del presidente autonómico. Griñán ha contestado a estas peticiones afirmado que ni él ni ninguno de los actuales parlamentarios socialistas está implicado en la trama de los EREs irregulares.<sup id="cite_ref-22" class="reference">
23</sup>
El 16 de marzo de 2011 la jueza Mercedes Alaya admitió la presentación de la Junta de Andalucía como acusación particular en el caso. Tanto la consejera de la Presidencia,
Mar Moreno, como el titular de Empleo,
Manuel Recio, comparecieron para hacer constar su intención de recuperar todo el dinero que se haya pagado en las prejubilaciones falsas o irregulares descritas arriba.<sup id="cite_ref-23" class="reference">
24</sup> <sup id="cite_ref-24" class="reference">
25</sup>
Personajes públicos implicados
La Fiscalía ya ha solicitado una pena de inhabilitación de 21 meses y una multa de 900.000 euros para
Antonio Rivas, exdelegado de Empleo en la provincia de Sevilla y considerado como el director de la presunta trama.<sup id="cite_ref-25" class="reference">
26</sup> Rivas ya ha dimitido de su cargo.<sup id="cite_ref-26" class="reference">
27</sup> El Partido Popular se ha presentado como acusación particular contra Rivas y el director de Mercasevilla, para los que pide penas de un año de prisión, 13 años de inhabilitación y multas de 3,6 millones de euros.<sup id="cite_ref-27" class="reference">
28</sup>
De las presuntas prejubilaciones fraudulentas encontradas en el "fondo de reptiles", probablemente la más destacada sea la de
Antonio Fernández García, ex-consejero de Empleo de la Junta durante la mayor parte de la realización de la trama. Fernández, incluido en el ERE de la empresa vinícola
González Byass, figuraba en dicho expediente como trabajador de la empresa desde el día de su nacimiento.<sup id="cite_ref-28" class="reference">
29</sup> El 14 de marzo de 2011 Fernández fue imputado por tres delitos, de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias.<sup id="cite_ref-29" class="reference">
30</sup>
Otro caso con gran repercusión es el de
Francisco Rodríguez Donaire, exalcalde y actual consejero socialista del ayuntamiento de
Valverde del Camino (
Huelva). Durante un tiempo trabajó como administrativo en las
minas de Ríotinto, empresa beneficiada del fondo, pero en el ERE de esta empresa, Rodríguez Donaire figuraba como minero, con una prejubilación mucho más cuantiosa que la que le habría correspondido con su auténtico empleo (administrativo). Rodríguez Donaire asegura que nunca percibió ninguna prejubilación al ser incompatible con su sueldo de concejal.<sup id="cite_ref-30" class="reference">
31</sup>
Ramón Polo, militante del
Partido Popular y exconcejal de
La Carolina (Jaén), es otro de los cargos políticos hallados entre los prejubilados irregulares de los ERE. Polo figuraba como prejubilado en el ERE de la empresa Gres de Vilches, donde sólo había trabajado 170 días.<sup id="cite_ref-concpp_13-1" class="reference">
14</sup> El portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía,
Mario Jiménez, compareció al conocer este caso, pidiendo explicaciones de cómo un empleado de esa empresa pudo prejubilarse con tan pocos días de servicio. El presidente del PP de la provincia de Jaén,
José Enrique Fernández de Moya, respondió inmediatamente a las palabras de Mario Jiménez, afirmando que la inclusión de Ramón Polo en el ERE de Gres de Vilches es una treta del PSOE.<sup id="cite_ref-31" class="reference">
32</sup>
Cristina Ruiz, candidata incluida en la lista del PP a la alcaldía de Córdoba consiguió que su padre fuera asegurado en un ERE para una empresa en la que nunca trabajó, y, como gerente de PROMI, una empresa especializada en la atención a minusválidos, participó en un ERE en el que se colaron 18 "intrusos".<sup id="cite_ref-32" class="reference">
33</sup>
El
7 de abril de
2011, el
teniente de alcalde de
Sevilla,
Antonio Rodrigo Torrijos, de
Izquierda Unida, fue imputado por participar en la venta, presuntamente fraudulenta, del suelo de Mercasevilla, una de las empresas en las que se detectaron irregularidades.<sup id="cite_ref-33" class="reference">
34</sup> Pese a esta acusación, Torrijos se presentó como candidato de IU a la alcaldía de
Sevilla en las elecciones del 22 de mayo y fue elegido concejal.<sup id="cite_ref-34" class="reference">
35</sup> Varios grupos opositores han solicitado su renuncia.<sup id="cite_ref-35" class="reference">
36</sup> <sup id="cite_ref-36" class="reference">
37</sup>
En diciembre de 2011 el ex-jugador de fútbol vasco,
Pizo Gómez, fue acusado de cobrar un cheque de 460.742€ a su nombre por impartir su empresa, "Cenforpre", unos cursos de
Prevención de riesgos laborales.<sup id="cite_ref-37" class="reference">
38</sup> .
Álvaro, hijo de
Ruiz-Mateos, tenía una póliza a su nombre por valor de 2,4 millones de euros, en lugar de tenerla a nombre de la
Empresa Dhul.<sup id="cite_ref-38" class="reference">
39</sup>
Repercusiones
El
11 de marzo de
2011,
Carmen Martínez Aguayo, ex
consejera de Economía y Hacienda, reconoció que, cuando era viceconsejera del ramo, no prestó atención a los informes de la Intervención General de la Consejería de los años
2005,
2006 y
2007, en los que se avisaba de que el método utilizado en la elaboración de los EREs no era el más apropiado y que su uso podría permitir la inscripción de falsos trabajadores. Según su declaración, ignoró estos informes al considerar que no suponían una advertencia importante y, pese a que la ley le obligaba a hacerlo, no informó de ellos al por entonces consejero y actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán.<sup id="cite_ref-39" class="reference">
40</sup> <sup id="cite_ref-40" class="reference">
41</sup> Tanto el Partido Popular como Izquierda Unida han solicitado la destitución de Martínez Aguayo.<sup id="cite_ref-41" class="reference">
42</sup> <sup id="cite_ref-42" class="reference">
43</sup> El PP acusa a la consejera de hacer de "cortafuegos" para proteger al presidente autonómico y coincide en que ella no conocía el trabajo de la Intervención General, pero no por las causas que argumenta, sino porque los informes debieron ser entregados directamente a José Antonio Griñán,<sup id="cite_ref-43" class="reference">
44</sup> y que tanto él como el entonces presidente de la Junta,
Manuel Chaves, eran conscientes del riesgo que podría suponer el procedimiento utilizado para conceder las prejubilaciones y aun así no hicieron nada por evitarlo.<sup id="cite_ref-44" class="reference">
45</sup> <sup id="cite_ref-45" class="reference">
46</sup>
Es más, el Partido Popular ya señala a Chaves como la persona clave de este escándalo de corrupción, después de que se conociera que el expresidente andaluz participó personalmente en la negociación de siete ERE presentados por la empresa malagueña A Novo Comlink, en los que se encontraron 42 prejubilados falsos.<sup id="cite_ref-46" class="reference">
47</sup>
Con estos argumentos, el vicesecretario general de Comunicación del PP,
Esteban González Pons, ha pedido también la dimisión de Griñán y Chaves -que ahora es
ministro de Política Territorial y
vicepresidente segundo del Gobierno de España- y ha anunciado que presentará una
querella contra ellos.<sup id="cite_ref-47" class="reference">
48</sup> La secretaria de organización del PSOE-A,
Susana Díaz, defendió la actuación de Martínez Aguayo y la colaboración que presta su partido a la Justicia, y acusando al Partido Popular de "perseguir" a los socialistas mientras no combaten la corrupción de su propio partido, en clara alusión al
caso Gürtel.<sup id="cite_ref-48" class="reference">
49</sup>
Posteriormente, el 17 de marzo, el presidente andaluz, José Antonio Griñán, se pronunció en la sesión de control al Gobierno para respaldar la declaración de la consejera Martínez Aguayo, dando a conocer que nunca fue informado sobre la falta de seguridad del "fondo de reptiles" demostrada a la postre con la aparición de intrusos en los EREs.<sup id="cite_ref-49" class="reference">
50</sup> El Partido Popular e Izquierda Unida han vuelto a exigir la destitución de la consejera por faltar a sus obligaciones y esta última formación también ha solicitado la celebración de elecciones anticipadas. Griñán ha contestado afirmando que agotará la legislatura, que termina en marzo de 2012. <sup id="cite_ref-50" class="reference">
51</sup>
El 30 de marzo de 2011 la jueza Mercedes Alaya solicitó las actas de todas las las reuniones del Consejo de Gobierno de la Junta de los últimos diez años, para comprobar si en realidad el ejecutivo autonómico no era consciente de las irregularidades que se estaban materializando en los pagos de las prejubilaciones. En un principio, la Junta se negó alegando que las actas de sus reuniones son secretas y la jueza no tenía competencias para conocer su contenido,<sup id="cite_ref-51" class="reference">
52</sup> aunque posteriormente accedió a remitir las actas en sobres lacrados y siempre con la condición de que el contenido de las mismas no sean revelados al público.<sup id="cite_ref-52" class="reference">
53</sup>
El 1 de abril de 2011, el
Parlamento de Andalucía rechazó una proposición no de ley del Partido Popular para reprobar la actuación de los consejeros de Empleo,
Manuel Recio, y Hacienda,
Carmen Martínez Aguayo, durante el escándalo de los ERE. Sólo apoyaron la moción los diputados del PP (47 votos). El PSOE, con su mayoría absoluta de 56 escaños, bloqueó la iniciativa. Los seis diputados de Izquierda Unida se abstuvieron, lo que provocó una fuerte discusión entre los portavoces de esta coalición y del PP.<sup id="cite_ref-53" class="reference">
54</sup>
El 5 de abril de 2011 el Parlamento andaluz aprobó por unanimidad una petición para que la
Cámara de Cuentas de Andalucía realizase un informe integral sobre todas las ayudas concedidas a los trabajadores de las empresas beneficiadas del "fondo de reptiles".<sup id="cite_ref-54" class="reference">
55</sup> El 22 de junio, un mes y medio después, la Cámara de Cuentas inició la redacción de este informe. Ante esta tardanza, el PP y el PSOE se acusan mutuamente de ser los culpables de los retrasos.<sup id="cite_ref-55" class="reference">
56</sup> El 3 de julio, el
Tribunal de Cuentas del Estado admite a trámite una denuncia del Partido Popular e inicia una investigación paralela sobre los ERE irregulares, al entender que existe "un perjuicio a los fondos públicos".<sup id="cite_ref-56" class="reference">
57</sup>
El 2 de agosto de 2011 un juzgado de Sevilla sentenció a 16 prejubilados irregulares de Mercasevilla a devolver el dinero público recibido en los ERE de esta empresa.<sup id="cite_ref-57" class="reference">
58</sup>
Referencias
- ↑ «El caso de los ERE es negativo para nosotros» - ABC.es
- ↑ Arenas dice que el caso "fondo de reptiles" es una ofensa a los parados andaluces - Libertad Digital
- ↑ Una bomba para el PSOE andaluz. El Comercio
- ↑ La Junta detecta 37 nuevos 'falsos prejubilados' en 30 ERE | Andaluca-Sevilla | elmundo.es
- ↑ La Junta gestionaba los ERE como «un fondo de reptiles para crisis» - La Razón
- ↑ La Junta de Andalucía eleva a 146 las irregularidades en los ERE - 20 minutos
- ↑ El 'caso ERE' en cifras - El País
- ↑ Prejubilar o despedir, ésa es la cuestión - Cinco Días
- ↑ Cuatro prejubilaciones del ERE de 2007 de Mercasevilla, entre...
- ↑ Los falsos prejubilados caldean el debate andaluz - Público.es
- ↑ Balance final de la investigación de los ERE: 72 intrusos y 111 irregularidades administrativas- Europa Press
- ↑ Una bomba para el PSOE andaluz. El Comercio
- ↑ El PSOE da de baja a ocho militantes que figuran como intrusos en los ERE - El País
- ↑ <sup>a</sup> <sup>b</sup> PSOE-A exige que se investigue la "inclusión" de un ex concejal de PP de La Carolina (Jaén) en un ERE
- ↑ La Junta eleva a 146 las presuntas irregularidades en ERE - Europa Press
- ↑ El fraude de los EREs de Andalucía - Partido Popular
- ↑ "El PSOE utiliza el dinero de los parados en Andalucía para pagar a sus amigos" - Partido Popular
- ↑ El PP cifra en 190 los ERE que la Junta aún no ha investigado - El Mundo
- ↑ Junta remite a la Justicia los ERE y apunta a la "responsabilidad directa" de la Dirección de Trabajo en su gestión
- ↑ El caso de los ERE irregulares se eleva a la Fiscala,Andaluca. Expansin.com
- ↑ El Parlamento andaluz rechaza una comisin de investigacin sobre los ERE - abcdesevilla.es
- ↑ Empleo quiso evitar un "dilatado procedimiento administrativo" - Europa Sur
- ↑ Griñán rechaza la comisión de investigación sobre los ERE para no ser "altavoz de los intereses partidistas" - Telemadrid
- ↑ La Junta formará parte de la acusación y paraliza los pagos en los ERE ilegales - Europa Sur
- ↑ La Junta se siente "engañada y avergonzada" por los ERE irregulares - Europa Sur
- ↑ La Fiscalía pide una multa de 900.000 euros para Rivas
- ↑ Antonio Rivas, imputado en Mercasevilla, dimite de sus cargos en el PSOE - ABC
- ↑ El PP pide un año de guandoca para Rivas y Mellet y 3,6 millones por el cohecho de Mercasevilla - Diario de Sevilla
- ↑ El ERE al que se sumó Fernández dice que trabajó desde el día que nació - La Razón
- ↑ La juez que investiga los ERE imputa al exconsejero de Empleo Antonio Fernández - El País
- ↑ Rodríguez Donaire (PSOE) asegura que "no tiene nada que ocultar" en el ERE de Riotinto - 20 minutos
- ↑ Fernández de Moya afirma que Ramón Polo no tiene vinculación con el PP de La Carolina - Europa Press
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- ↑ El primer teniente de alcalde de Sevilla, Rodrigo Torrijos, imputado en el caso Mercasevilla - RTVE
- ↑ Torrijos insiste en que el código ético de IU no le obliga a dimitir pese a estar imputado - El País
- ↑ El PP dice que Torrijos crea un "tristísimo precedente" y que debe dimitir "si le queda un indicio de dignidad" - Diario Crítico
- ↑ El PA reclama que Torrijos dimita y renuncie a su candidatura a la Alcaldía - Diario Crítico
- ↑ La juez abre expediente al abogado de "Pizo" Gómez y le cita el día 15
- ↑ La Policía destapa el desmadre en el reparto de los ERE
- ↑ Martínez Aguayo: "Nunca le comenté a Griñán los informes de la Intervención" - El País
- ↑ Griñán, en la pista de baile - El País
- ↑ PP e IU piden la dimisión de Aguayo por intentar "tapar" a Griñán en el caso de los ERE - Diario de Sevilla
- ↑ PP e IU piden la dimisión de Martínez Aguayo - Diario de Córdoba
- ↑ Martínez Cortafuegos - Diario de Sevilla
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- ↑ González Pons pide la dimisión de Chaves y Griñán - La Cerca
- ↑ Chaves medió en uno de los ERE más fraudulentos - La Razón
- ↑ El PP presentará una querella contra cargos del PSOE implicados en el caso de los ERES - La Cerca
- ↑ El PSOE de Andalucía advierte que el PP “llega tarde con sus ruedas de prensa” sobre los ERE porque “el Gobierno socialista ya ha remitido toda la información a los Tribunales” - La Cerca
- ↑ Griñán niega haber conocido el informe de intervención sobre los ERE - Europa Sur
- ↑ Griñán descarta un adelanto de las elecciones autonómicas -
- ↑ Griñán rechaza enviar a la juez las actas de la Junta por ser reservadas - El País
- ↑ La Junta acepta el envío a la juez de las actas selladas tras un nuevo ultimátum - Europa Sur
- ↑ Rechazada la reprobación de Aguayo y Recio - ABC de Sevilla
- ↑ El Parlamento pide a la Cámara de Cuentas que fiscalice las ayudas a los ERE desde 2001 - El País
- ↑ El PSOE acusa al PP de entorpecer la investigación sobre los ERE - ABC de Sevilla
- ↑ El Tribunal de Cuentas investigará el caso de los ERE - El País
- ↑ Un juzgado obliga a 16 prejubilados de Mercasevilla a devolver el «paro» - La Razón