La inyección de liquidez de Madrid salvó «in extremis» la suspensión de pagos que iba a precipitarse ya en febrero - Fabra confía ahora en que el Estado le facilite deuda al 4%

J. GARCIA/J. RUIZ La situación de la Generalitat, agónica desde hace meses por la decisión de los mercados financieros de cerrar la puerta a la renovación de los vencimientos de deuda, llegó a ser desesperada la semana pasada ante la incertidumbre de lo que podía ocurrir en el primer Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de la era de Mariano Rajoy. Incluso algunos de los responsables de la Administración autonómica se plantearon seriamente tirar la toalla ante un panorama de presión creciente, con proveedores de todo tipo reclamando su deuda —farmacéuticos, familias de acogida, discapacitados y hasta las religiosas de los centros concertados— y con los funcionarios y los ciudadanos en general de uñas por el recorte a los sueldos y la subida de impuestos. El riesgo de «bancarrota» estaba mucho más cerca de la fecha barajada hasta ahora, los meses de abril y mayo, que es cuando el Consell tiene que afrontar vencimientos de deuda de cerca de 2.652 millones. Entre el 5 y el 15 de febrero el Ejecutivo debe lidiar con un importante volumen de compromisos para los que no había liquidez con que saldarlos.

La cumbre entre el Gobierno y las comunidades difícilmente será olvidada por los responsables del Consell. Supuso la diferencia entre poder afrontar deudas o asistir impotentes a cómo la lista de impagados crecía; entre cumplir con los vencimientos de pago o correr el riesgo de un «default» como el que estuvo a punto de vivirse con el Deutsche Bank la semana de Reyes, eludido «in extremis» con el respaldo del Tesoro de España. En definitiva, entre la suspensión de pagos o el regreso a cierta normalidad dentro de las dificultades.

La inyección económica a las autonomías ha dado oxígeno a una administración que se encontraba prácticamente en la UCI. En el Palau de la Generalitat se ha dejado de contener la respiración, si bien los contactos de alto nivel con el Gobierno de Mariano Rajoy siguen para materializar los acuerdos del martes. Varias vías para obtener liquidez han quedado abiertas. El Ministerio de Hacienda, que dirige Cristóbal Montoro, ha accedido a adelantar ahora el 50% de las liquidaciones positivas de 2010 que debían pagarse en septiembre, lo que en el caso de la Comunitat Valenciana comportará un ingreso en los próximos días de 420 millones. A esto se añade el aplazamiento a diez años de la devolución del exceso en las entregas a cuenta con cargo a la financiación de 2008 y 2009. Esto supone 40 millones de liquidez mensuales; 480 al año. En total 900 millones más disponibles.

Devolución al ICO en tres años
Pero la decisión más celebrada y que se quedó sobre la mesa en julio del año pasado, en el último CPFF con Zapatero en la Moncloa, fue la de habilitar líneas del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para las comunidades que lo soliciten, con el fin de reducir las facturas con los proveedores. Aunque las condiciones de estos préstamos no se han concretado todavía, la Generalitat está convencida de que no comportarán un interés superior al 4 %, por debajo del 6,5 % que el ICO endosó a los ayuntamientos para ayudarles en 2011 a pagar a los proveedores. También sería inferior al 5% anual que el Consell ofreció por los bonos patrióticos, una operación que, al no completarse con éxito, puso al Consell al borde del precipicio. El plazo de devolución podría ser de tres años.

En la Generalitat no había «plan b» ante la hipótesis de que Rajoy se pusiera de lado ante los problemas de las comunidades y las consecuencias habrían sido catastróficas. No sólo para la Administración valenciana. Otras autonomías, como Cataluña, habrían tenido serias dificultades para pagar incluso la nómina de los funcionarios.

El Ejecutivo de Fabra contempla solicitar al ICO el importe máximo que le autoricen. Pero la concesión de los préstamos tiene una contrapartida. Las cuentas del Consell serán supervisadas al milímetro por el Gobierno central que le obligará a remitir los datos sobre la situación de tesorería, la ejecución presupuestaria, el estado de los pagos, de la deuda. Una gestión, si no intervenida por Madrid, sí tutelada. Además, se exige a las comunidades un plan de ajuste específico. El Consell, que acaba de aprobar el decreto-ley de medidas urgentes para reducir el déficit en 1.057 millones, está convencido de que ya tiene hechos esos deberes. Ahora bien, deberá formalizar otro documento —al margen del Plan de Reequilibrio 2011-2013 que está en marcha— donde nuevamente habrá de detallar qué recortes está dispuesto a realizar para gantizar los objetivos de déficit que, al igual que en 2011, es el del 1,3% del PIB.

Los «hispanobonos», pendientes
Paralelamente, ha quedado pendiente la propuesta de los «hispanobonos» para garantizar las peticiones de préstamos de las autonomías, con la mirada puesta en la renovación de los vencimientos. La idea que baraja el Consell es una emisión de bonos del Estado a cuenta de las comunidades o en su defecto, que el Estado avale las solicitudes de crédito de las regiones. Las exitosas últimas emisiones del Estado a un interés del 3% contrastan con el precio que están pagando las autonomías. Si las previsiones del Consell se cumplen, el escenario más favorable es recuperar en junio la normalidad.

Las negociaciones en el CPFF las llevaron el titular de Hacienda, José Manuel Vela, y el de Economía, Enrique Verdeguer, al margen de los contactos directos del presidente Fabra con el ministro Luis de Guindos. Verdeguer, que tenía pendiente pasar la «motosierra» en el sector público, ha dejado el cargo para volver a Madrid como presidente del Adif. A Vela lo acompañará ahora un desconocido en el mundo político, Máximo Büch, un cazatalentos y experto en captar inversiones para salvar empresas. Su próximo reto es la Generalitat.

El as en la manga del Fondo de Competitividad
El Consell todavía se guarda un as en la manga que en el mejor de los casos le podría suponer este año una nueva inyección de recursos. La Generalitat mantendrá su reivindicación a Madrid para que le ingrese ya el Fondo de Competitividad relativo a 2011, unas transferencias que reciben algunas comunidades y que a la valenciana le supondrían este año 633,6 millones. La Conselleria de Hacienda decidió, cuando elaboró los presupuestos de 2011, contabilizar ese dinero como ingresos a pesar de la incertidumbre sobre si iba o no cobrarlos este ejercicio.

Desde las autonomías del PP se entiende que el nuevo modelo de financiación contempla la transferencia de estos recursos durante el año en curso, pero el Gobierno socialista cambió la redacción del acuerdo alcanzado, de tal manera que en la ley la transferencia del fondo quedó abierta, de forma que no se pagaría hasta 2013. Este asunto centró varias de las discusiones de las reuniones del CPFF presididos por la exministra de Economía, Elena Salgado. Las actas de algunas de estas reuniones dejan clara la postura de exresponsables autonómicos como Antonio Beteta (exconsejero de Hacienda en Madrid), en la actualidad mano derecha del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. En la reunión del 27 de abril de 2011, Beteta acusó al Gobierno socialista de falta de lealtad. Hoy el nuevo secretario de Estado de Administraciones se sienta al lado de Montoro en el CPFF.

Argumentos no le faltan, por tanto, al Consell para insistir en esta reclamación. Con todo, y ante la posible negativa del Estado, el Consell tiene previsto exigir que el fallido en los ingresos a cuenta del Fondo de Competitividad se le descuente del déficit con que cierre el año y que, según las previsiones, podría estar en torno al 3,5%.
Dado que los 633 millones de euros suponen el 0,7%, el Consell peleará porque este porcentaje se le reste del resultado global. En situación parecida se encuentran otras comunidades que también incluyeron el fondo (de competitividad o cooperación, según los casos) en sus cuentas. Entre ellos, Andalucía, Castilla-la Mancha, Canarias, Madrid y Castilla y León.

Por otro lado, el CPFF del pasado martes tuvo conocimiento de los datos definitivos del cierre de 2010. La Comunitat Valenciana, en el punto de mira de la mala gestión, no es la que más déficit registra. Con un 3,6% ocupa el quinto lugar, por debajo de Cataluña, Castilla-La Mancha, Balares y Murcia.

Iniciado por EL FARAON

Lo único que han hecho es alargar la gran agonía por la que esta pasando la zona cero.

La presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Elena Bastidas, apuntó hace un par de semanas que los ayuntamientos de la Comunitat se hacen cargo de competencias que no le corresponden. Cifró en un 30% las actividades que gestionan con fondos propios y que no son suyas. Esta misma semana, Bastidas, que es alcaldesa de Alzira, auguró que unos ochenta municipios valencianos podrían entrar en bancarrota este año. Algunos como Albaida ya lo han hecho.

La caja de la Generalitat está vacía y en el horizonte más inmediato hay previstas unas jornadas entre entes locales, Diputaciones y Generalitat para ver la forma de ahorrar y no duplicar competencias. Esta es una de las cuatro patas del mensaje de Año Nuevo del presidente del Consell, Alberto Fabra.

La duda está en si los alcaldes tendrán paciencia para llegar a ese cónclave. El líder del PP en la provincia de Valencia, Alfonso Rus, celebró ayer por la mañana uno de sus tradicionales almuerzos. Esos que organiza para calibrar como anda de músculo. La cita fue en este caso en Benigánim y varios de los alcaldes allí presentes cogieron el micrófono para denunciar que las subvenciones y transferencias prometidas desde la Generalitat no llegan.

Una imagen que se está repitiendo sábado tras sábado, almuerzo tras almuerzo, y que amenaza con convertir al partido a nivel local en un polvorín. Los alcaldes denunciaron que la falta de dinero está provocando dificultades hasta para pagar la nómina de los funcionarios y muchos de ellos tienen que hacer auténticos malabarismos para poder llegar a fin de mes.

Ayer, en Benigánim, según confirmaron varios de los asistentes, hubo alcaldes y cargos locales que se levantaron para exigir a la Generalitat que cumpla con sus compromisos y con lo presupuestado.

Al líder del PP en la provincia y presidente de la Diputación, Alfonso Rus, no le toca otra que templar gaitas. Como alcalde que es sabe que la situación está muy complicada y que los municipios no pueden hacer frente al nivel de gastos que soportan cada mes. Por eso, intenta adoptar una posición oficialista para atemperar los ánimos y decir que el dinero llegará. Rus anunció también que el 1 de febrero se celebrará una Junta Directiva Provincial a la que asistirá Fabra para explicar las medidas de ajuste tomadas. El dirigente popular señaló que hay que reivindicar los 11.500 millones que el Gobierno de Zapatero «dejó a deber a los valencianos».

Iniciado por telefrancisco

¿Autonomía a punto de quebrar? ¡Nada de rescatarla! Suspensión inmediata de la autonomía en cuestión, y recuperación de competencias por parte del Gobierno Central.

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