Pongamos el supuesto que el presi registrador de la propiedad y su equipo de fútbol caído del guindo establecen por ley-real decreto-consejo de ministros el precio máximo y mínimo del metro cuadrado de vivienda como medida de saneamiento de las maltrechas cuentas de los pobres bancos.

Supongamos que, a partir de ahora, los pisos de segunda mano, se acercaran a ese precio mínimo por metro cuadrado (digamos, 1.000 euros) y que los pisos nuevos salieran con un precio máximo, en función de calidades y terminados a, como máximo el precio máximo por metro cuadrado (por ejemplo, 2.000 euros).

Supongamos que, como medida adicional, para evitar la esporculación, se establece un máximo de dos viviendas en la misma comunidad autónoma que deberán ser declaradas como vivienda principal y como vivienda secundaria o vacacional, respectivamente. Y esto por declaración conjunta del IRPF. Además, se establecería que ninguna persona menor de 18 años podrá tener a su nombre ninguna vivienda declarada ni participación en ninguna sociedad. De la participación en sociedades de los cónyuges podrían derivar la obligación de declarar los activos en función del porcentaje de participación en dicha sociedad.

Pongamos también que se establece por la Gracia de Dios que el alquiler también debe tener un precio mínimo y máximo (por ejemplo, entre 4 y 8 euros el metro por mes), establecidos por el Ministerio de Economía, Hacienda y Sociedades, donde se deriven el coste de los pisos en base a la información oficial de la Oficina de Catastro.

Finalmente, pongamos al servicio del Ciudadano una oficina a nivel de la Administración General del Estado, que permita la denuncia anónima de las irregularidades, bien ciudadanas, del ayuntamiento, para la denuncia de actuaciones relacionadas con el dinero negro, la ocultación de ingresos, las distintas sospechas -con o sin pruebas-, que permitan a un equipo policial poder verificar y comprobar la veracidad de dichas sospechas, y en su caso, iniciar los trámites de denuncia por parte de la AGE.

Con este panorama, Papá Pitufo podría solucionar de un plumazo el problema de la vivienda y, tras un tiempo, la fiebre ladrillíl desaparecería completamente de la mentalidad hispanistaní, así como de otros empresaurios, himbersoreh, y bancos.

Así, un piso medio de 75 metros cuadrados en una provincia X. debería costar entre 75.000 euros y 150.000 euros, y su alquiler entre 300 y 600 euros al mes.

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Tu interven un mercado y pronto vendran los de la UE ha inflarnos a sanciones.

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Eso significaría vivir en un pais serio, imposible.

me recuerda al chiste del fisico y la vaca: "pongamos que tenenos una vaca es esferica..."

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