1. Trabajo.

Adelson quiere que se modifique el Estatuto de los Trabajadores para relajar la “rigidez de los convenios colectivos”, lo que implica además cambiar todos los que afecten a sectores con trabajadores en su complejo de casinos. Propone además celebrar “reuniones periódicas” entre el Ministerio de Trabajo, la empresa y los sindicatos “para minimizar las cuestiones litigiosas”, lo que obliga a modificar la Ley de Procedimiento Laboral.

Plantea que se cambie la Ley de Extranjería y el Estatuto de los Trabajadores para “reducir el periodo de tiempo [necesario] para el traslado de trabajadores a España”, creando una “oficina ad hoc” y “un régimen especial que acelere el proceso de concesión del permiso de trabajo y residencia” a empleados foráneos, con una validez de entre seis meses y dos años. En lugar de la documentación requerida en la norma vigente, bastaría con “una carta que evidencie la capacidad [del trabajador] para presentarse al puesto al que opta”. Exige además al Gobierno “trato preferente” para su empresa en la concesión de visados de trabajo, y cambios en el requisito de certificado de penales.

Adelson se queja del “elevado coste de las cuotas a la Seguridad Social”, y requiere “dos años de exención en su abono, seguido de una reducción del 50% en los siguientes tres años”. Además, pide que sus trabajadores puedan mantener la Seguridad Social de su país de origen en lugar de la española más allá de los cinco años marcados por la ley vigente.

También solicita al Ministerio de Educación y a la consejería regional la creación de un MBA sobre la industria del juego “a la medida de las necesidades del complejo”.

2. Incentivos.

Adelson quiere que se cambie el desarrollo de la ley comunitaria que rige las ayudas
estatales a empresas, para que el Gobierno pueda “apoyar la solicitud de financiación por un importe superior a los 25 millones de euros” al Banco Europeo de Inversiones (el organismo financiero de la UE). En esencia, lo que desea es que no se le pidan garantías para obtener esa financiación, y si eso no es posible, que el Estado español actúe como garante.

Quiere incluir en las ayudas europeas para “trabajadores desfavorecidos” a los menores de 30 años, y ampliar las ya vigentes (para parados de larga duración, personal sin educación básica, mayores de 50 años, etc.).

Pide la financiación de hasta el 60% de los gastos de formación a empleados; y del 100% de sus inversiones en mejora medioambiental durante cinco años. Además, pretende recibir subvenciones al empleo también por los puestos indirectos calculados durante la construcción del complejo.

3. Infraestructuras.

El magnate solicita que se construya una nueva estación de metro de tarifa urbana en el complejo, que se planea ubicar en Valdecarros (donde ya hay una de la línea 1); que la red de Cercanías llegue hasta los casinos y hasta Barajas; que haya conexión con el AVE; que se construya un nuevo intercambiador; que se enlace mediante nuevas líneas de autobús con el centro de la ciudad, aeropuertos, estaciones, etc.; que se construyan nuevos accesos desde las carreteras cercanas (M-45, M-50, M-31 y A-3) y se mejoren las carreteras “para evitar atascos”; y que se permitan los vuelos en helicóptero al complejo desde Barajas y Cuatro Vientos, mejorando las infraestructuras para terminales privadas en estos aeropuertos y permitiendo construir un helipuerto dentro del complejo (“si es necesario, en el tejado de cada hotel”).

Requiere además que se eliminen o se entierren las infraestructuras de gas, agua y electricidad; que se acabe con la Cañada Real Galiana y otros asentamientos ilegales; que se traslade el vertedero de Valdemingómez; que se refuercen los servicios públicos (agua, luz, alcantarillado) y de emergencias (bomberos, ambulancias, hospitales); y “acceso wifi garantizado en todo el complejo, gratis o de pago”.

4. Suelo y urbanismo.

Pide al Gobierno regional y al Ayuntamiento que le ceda todo el suelo público que posee en la zona, y que “ubique las viviendas protegidas en otros emplazamientos”. Plantea que se expropie el suelo que ya está en manos privadas “cuando no sea posible una solución negociada”; y que se acorten o eliminen los plazos y requisitos urbanísticos para construir el complejo, aportando incluso los criterios de edificabilidad que deben aprobarse (y que multiplican por tres los vigentes).

5. Marco regulatorio.

Pide al Gobierno regional una ley específica con una vigencia de 30 años que declare el proyecto como de interés autonómico, le otorgue un periodo de exclusividad de 10 años (con una cláusula de no competencia), autorice licencias sin concurso y cree un régimen de juego y comercial excepcional. Quiere además que se eliminen las limitaciones a la inversión extranjera en casinos y la necesidad de autorización previa si cambia de manos más de un 5% del capital social.

Pretende que se permita la entrada a los casinos a los menores de edad, las personas incapacitadas legalmente y a aquellos apuntados voluntariamente en un registro precisamente para que no se les deje acceder a estos establecimientos.

Busca cambiar la ley de prevención de blanqueo de capitales para que solo se obligue a identificar al cliente a la entrada del casino y cuando quiera comprar o cambiar fichas por valor superior a 2.000 euros (un umbral que así mismo desea rebajar). Eso eliminaría el requisito de hacerlo también cuando el jugador transfiere al casino fondos para poder apostar, el modo habitual de aquellos que juegan cantidades muy elevadas.

Quiere que los casinos puedan suministrar crédito a los jugadores, eliminar la prohibición de publicidad e incentivos en el complejo, y cambiar la Ley de Enjuiciamiento Civil en lo que afecta a la ejecución por vía legal de las deudas de juego. Además, pretende legalizar el sistema de intermediarios (junkets) y apuestas VIP que emplea en Asia.

Pide a la Comunidad que homologue automáticamente los juegos que ya hayan sido probados en otros países de la UE o en EE UU; que permita los juegos wireless; y que responda de forma “inmediata” a sus peticiones de nuevos sistemas de apuestas. Además, pretende arrogarse la “facultad para aprobar nuevos juegos y demás cuestiones administrativas”.

Quiere crear una comisión del juego, como la que vigila estas actividades en EE UU, formada por miembros del Gobierno regional y “expertos independientes”.

Pide que se permita fumar en espacios cerrados dentro del complejo, así como libertad de horarios comerciales para todos sus negocios

6. Tributación.

Adelson pretende que se permita obtener la devolución del IVA a las empresas del complejo (con periodicidad mensual); y que éste sea una “zona franca” para que los clientes no comunitarios queden exentos de pagar ese impuesto.

Quiere que se eliminen los aranceles para la importación de productos y se simplifiquen los trámites aduaneros (entre otras cosas, “reduciendo” la obligación de prestar garantía ante las autoridades fiscales).

Solicita que se cambie la Ley del Impuesto sobre Sociedades (amortización, deducciones, etc.), la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (para que los premios ganados en España tributen en el país de residencia del jugador) y la Ley del IRPF (para los impatriados).

Pide diez años de ‘vacaciones fiscales’ a la Comunidad en lo que se refiere a la tasa fiscal sobre el juego, incluyendo las máquinas recreativas; y que el tipo se reduzca luego al mínimo (3%) si se mantiene el empleo.

Quiere una bonificación del 95% del impuesto sobre transmisiones patrimoniales (“porque necesitará adquirir gran cantidad de terreno”) y del impuesto municipal sobre construcciones, instalaciones y obras.

Pide diez años de exención del impuesto sobre bienes inmuebles y una bonificación posterior del 95%, así como otra en igual porcentaje del Impuesto sobre el Incremento Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana.

Requiere una bonificación de 50% del Impuesto de Actividades Económicas en el tramo local, regional y estatal, ligado a un compromiso de crear empleo estable.

Y, por último, exige a las tres administraciones que “negocien previamente” con la empresa “la aplicabilidad de nuevos tributos o cargas con impacto en el complejo”.

Pide al Gobierno regional una ley específica con una vigencia de 30 años que declare el proyecto como de interés autonómico, le otorgue un periodo de exclusividad de 10 años (con una cláusula de no competencia), autorice licencias sin concurso y cree un régimen de juego y comercial excepcional.