Creo que renovar a los gestoras de estas empresas será de lo mas sencillo.

Ya es hora de aplicar la ley para todos. Hay que hacer una buena limpia en las empresas publicas, cesando a los peores gestores directamente y pidiendo planes de viabilidad, Si esos eqiuopos gestores no son capaces de presentar ese plan de viabilidad para la empresa con diferentes recortes de gastos se les cesa y nombra a otros mas competentes y si la empresa quiebra que los antiguos gestores se responsabilicen de alguna manera.


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Los gestores de empresas públicas responderán con su patrimonio si quiebran

Un informe recuerda que muchas empresas públicas se rigen por las mismas normas que las sociedades privadas.
de contratar


LIBRE MERCADO 2012-01-19

Los responsables de numerosas empresas públicas españolas podrían estar en un problema mucho más grave del que ellos mismos se imaginan. Según un informe de la firma de asesoría y asesoramiento Russell Bedford, "los consejeros o administradores de las empresas públicas podrían responder con su patrimonio si no toman las medidas necesarias para evitar que estas sociedades lleguen a una situación de insolvencia".

Lo primero que destaca dicho estudio es que muchas de las sociedades creadas por el Estado, las comunidades autónomas o los ayuntamientos "siguen las normas del derecho privado", pese a su titularidad pública. Esto significa que sus gestores "están sujetos al mismo régimen de responsabilidad que los administradores de una empresa privada".

De esta manera, si desarrollan su gestión con negligencia y se puede probar que su actuación "está vinculada con su situación de insolvencia y las consecuencias derivadas de ello", podrían tener que responder ante la justicia, con la "inhabilitación para gestionar otras empresas y con la exigencia del pago con sus propios bienes".

Esto podría crear una situación completamente nueva en los chiringuitos públicos que han proliferado por la geografía española en los últimos años. Hasta ahora, se suponía que la administración pública siempre estaría ahí detrás para rescatar a sus empresas y entes públicas. Por ejemplo, en el caso de las televisiones autonómicas, todas ellas han ido incurriendo en altos déficits en los últimos años; pero luego, el Gobierno regional correspondiente ha resuelto el problema limpiando las cuentas con cargo al presupuesto.

Ahora, con los recortes y el mayor control impuesto por el Ejecutivo del PP, recurrir a la caja pública no es tan fácil, por lo que numerosas empresas públicas están abocadas a la quiebra y el cierre. El compromiso de las comunidades con Hacienda es dejar las 2.290 sociedades actualmente existentes en 1.845 a lo largo del año. Esto quiere decir que unos 450 tendrán que echar la persiana. Este proceso no será sencillo, muchas tendrán que acudir a "un largo proceso de liquidación de sus deudas" y habrá muchos perjudicados que, como en el caso de un concurso de acreedores privado, acudirán a ver lo que pueden salvar de lo adeudado (esta situación será especialmente complicada para los proveedores, que nunca pensaron que una entidad pública podría no pagar).

Los datos

Esta situación no es fruto de la crisis ni un resultado de unos malos meses. Las administraciones públicas han recurrido a menudo a estos entes con el objetivo de aumentar su presencia en la actividad económica (aunque sea a costa de subvención), ampliar el clientelismo (con procesos de contratación mucho más laxos que en las oposiciones públicas) y eludir el control de los órganos de control administrativo.

De hecho, como explica Raúl Herrera, responsable de Derecho Procesal y Administración de Justicia de Russell Bedford, "los techos de gasto exigidos a las autonomías han tenido un efecto no deseado, ya que, para eludirlos, las comunidades aumentaron en 5.400 millones de euros la deuda de sus empresas públicas entre 2008 y el tercer trimestre de 2011, lo que ha incrementado de forma exponencial su endeudamiento total, entrando en una situación de insolvencia y quiebra financiera".

Según el Banco de España, la deuda de las empresas públicas ha pasado de 32.964 millones en 2007 (un 3,1% del PIB) a más de 57.100 millones (5,3%) en el tercer trimestre de 2011 (último dato disponible). La administración central es la principal culpable, con 32.000 millones, de los que 26.000 millones se reparten entre Renfe, Adif y Aena (tres entes, por otro lado, fácilmente privatizables y que podrían generar ingresos si fuera necesario).

Pero han sido los gobiernos regionales los que han multiplicado el número de entidades públicas en la última década, dedicadas a todo tipo de menesteres. En estos momentos, existen 2.290 empresas y fundaciones públicas, que deben 15.495 millones de euros. Cataluña acumula una quinta parte de los entes (454) y la mitad de su deuda (7.824).

Son los directivos de estos 2.300 chiringuitos, muchos de ellos de difícil justificación, los que pueden verse amenazados en el nuevo panorama. Hasta ahora, su posición parecía sencilla: nombrados directores a dedo, con presupuesto público y respaldo político casi para lo que quisieran. A partir de ahora, podrían comenzar sus complicaciones.



Los gestores de empresas pblicas respondern con su patrimonio si quiebran - Libre Mercado

No hay huevos.

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Los c.ojones van a hacer algo así en este país.

Si lo hace, Rajoy se queda solo... y sus presidentes de comunidad le van a sacar los ojos.

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Hasta que no lo vea....

Hostias, que jugada...

Creo Sociedades Anónimas para hacer lo que me salga de los cojones sin los límites del Derecho Administrativo, las empufo hasta los 57.000 millones... y las liquido jodiendo a todo acreedor...

¡Magistral y bananero a la vez!

También quieren exigir responsabilidades penales a los que incurran en déficit. La PSOE y sus mamporreros de IU ya han puesto el grito en el cielo.

El Gobierno exigir responsabilidad penal por gastar ms de lo permitido

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Espero que empiecen procesando al Fabra del aeropuerto fantasma de Castellón o al Gallardontep I de Madrid.

Mas medidas en la buena dirección para que el despilfarro que hemos vivido no se vuelva a repetir nunca mas. La adm publica va a ser no apta para socialistas despilfarradores ni Gallardonianos ni camperos


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El Gobierno reformará el Código Penal para tipificar como delitos las infracciones más graves en la gestión pública

EFE | 24/01/2012 - 17:51



La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado este martes que el Ejecutivo promoverá una reforma del Código Penal para tipificar como delito "las infracciones más graves en la gestión de los recursos públicos".

Durante su intervención ante la Comisión Constituciónal del Congreso de los Diputados, la primera de un miembro del Gobierno en la X Legislatura, Sáenz de Santamaría ha explicado que, junto a la Ley de Buen Gobierno que el Gobierno quiere presentar otra ley orgánica complementaria para introducir reformas en el Código Penal.

"La mala gestión de los recursos públicos no puede seguir perjudicando únicamente a quien paga, sino que tiene que genera consecuencias a quién malgasta",

En concreto, ha explicado que a la hora de tipificar los nuevos delitos se tendrán en cuenta "criterios de intencionalidad, grave negligencia en el ejercicio de sus funciones, quebranto a la Hacienda Pública o claro perjuicio de los servicios que financia".

Por lo que se refiere a la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, Sáenz de Santamaría ha anunciado que será remitida al Congreso de los Diputados "en este periodo de sesiones". En ella, entre otras cosas, se pretende "elevar a rango de ley los valores que deben regir las tareas de Gobierno".

La portavoz del Gobierno ha explicado que con esta ley y con otra serie de herramientas con las que se pretende "hacer de la transparencia una ley de referencia" en el ordenamiento jurídico", el Gobierno quiere demostrar que va a ser "un Gobierno abierto"


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