Los tribunales parecen no dar abasto para investigar el descontrol que había en la Consejería de Empleo andaluza a la hora de repartir subvenciones. La Fiscalía de Sevilla ha presentado tres nuevas querellas para que se investiguen tres nuevos casos de fraudes en las ayudas otorgadas por la Junta de Andalucía para contratar a trabajadores discapacitados.
Según explicaron fuentes de la Fiscalía de Delitos Económicos, tras llevar a cabo durante varias semanas numerosas pesquisas por parte de la Guardia Civil, a finales del pasado año se presentaron tres nuevas querellas, dos en Sevilla y una en Cádiz, por nuevos casos de fraude en las citadas subvenciones, todas ellas en el seno del mismo departamento que ocurrió el fraude de los ERE, el de la Consejería de Empleo.
En Sevilla y en Cádiz
Al parecer, las empresas que están sido investigadas por esos supuestos hechos delictivos son Centro de Trabajo Andalucía Centro, Frioconfit y Puerto Júpiter.
Mientras que la investigación de esta última será llevada a cabo por un juzgado de Cádiz y la empresa se encuentra en fase concursal, la otras dos han ido a parar a dos juzgados de instrucción de Sevilla que serán los que a partir de ahora tengan que decidir.
De las tres investigaciones, la más voluminosa es la de Centro de Trabajo Andalucía Centro, la entidad que según adelantó ABC el pasado 22 de diciembre, fue subvencionada por la Consejería de Empleo para contratar un tetrapléjico para repartir prensa. La citada entidad, que tenía su sede en Archidona, era gestionada por Juan Jesús Cruz y su esposa, María de Gracia Ábalos.
Esta empresa recibía las ayudas para la inserción laboral de trabajadores discapacitados pero luego, antes de que concluyera el período de pruebas de estos, los despedía o los traspasaba a otra empresa, Editorial Andaluza de Prensa, que gestionaba en este caso la mujer, solicitando una nueva ayuda y sin abonar todos los salarios a los trabajadores. Entre las dos empresas llegaron a recibir tres millones de euros a través de fondos europeos gestionados por la Junta de Andalucía.
De hecho, según confirmaron fuentes judiciales, la Inspección de Trabajo también advirtió algunos movimientos extraños como el traspaso de trabajadores de unas sociedades a otras. Además esta empresa siguió recibiendo subvenciones de la Junta de Andalucía en 2010 cuando algunos trabajadores habían presentado denuncias por impagos de nóminas o incumplimientos de contratos. De hecho en 2010 llegó a recibir de la Junta de Andalucía otros 28.000 euros.
Llegó a contratar a sordos para coger el teléfono
Por todo ello el fiscal ha solicitado la declaración de varios altos funcionarios para que den explicaciones sobre cual era el procedimiento y los criterios a la hora de repartir el dinero público. Ahora ambos juzgados deberán decidir sobre esas peticiones de declaraciones que podrían arrojar luz sobre el descontrol que parecía existir en la Administración andaluza a la hora de repartir el dinero público. En cualquier caso, la Junta de Andalucía, que descubrió el fraude cuando revisaba los papeles tras el escándalo de los ERE fraudulentos en la Consejería de Empleo a petición de la juez Mercedes Alaya, inició hace algún tiempo los trámites para que las citadas empresas le devolvieran el dinero que supuestamente le había defraudado.
Concretamente en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del pasado 6 de julio hay constancia de las solicitudes de expediente de reintegro de las citadas subvenciones tanto a Frioconfit como a Centro de Trabajo Andalucía Centro.A la primera se le han reclamado al menos 11 subvenciones, según consta en el BOJA, y a la segunda 11.
Aunque la Fiscalía ha archivado las investigaciones que emprendió con respecto a otras dos empresas, éste no es el único caso que afecta a la Consejería de Empleo que dirige Manuel Recio, en la que surgió el mayor escándalo, el de los ERE fraudulentos que tiene contra las cuerdas desde hace meses al Ejecutivo que preside José Antonio Griñán. En otro juzgado de Sevilla hay otra investigación por estafa en las ayudas del mismo departamento a discapacitados y que se concedieron a la empresa MKF que, según publicó ABC, llegó a contratar a sordos para coger el teléfono.
Y a ello también hay que unir otro supuesto fraude en las ayudas subvencionadas por la Unión Europea que se investiga en las Fiscalías de Sevilla y Cádiz, ya que las empresas recibían las ayudas para crear puestos de trabajo y después esos empleos no se mantenían. O el caso que hay en un juzgado de Loja y que provocó hace un mes la detención de nueve personas por defraudar 480.000 euros en subvenciones a discapacitados.