Unas 50.000 viviendas esperan la amnistía en la provincia

La vía de escape que la Junta de Andalucía diseña desde hace meses para normalizar la situación de varias decenas de miles de viviendas ejecutadas durante décadas sobre suelo no urbanizable en la comarca de la Axarquía (13.000 según la Administración regional; más de 22.000 según los ecologistas) se convierte también en receta de amnistía a la que se quieren acoger todos los municipios en los que las construcciones irregulares se levantan como setas sobre el territorio. La ausencia de estadísticas oficiales impide poner números claros a este fenómeno, pero las distintas aproximaciones que se vienen haciendo desde hace años elevan a cerca de 50.000 las edificaciones que podrían buscar ampararse en las bondades dibujadas por el Gobierno autonómico en un decreto que, si se cumple el anuncio del presidente andaluz, José Antonio Griñán, será aprobado el 10 de enero.

El escenario que más fácilmente se identifica con la construcción sobre suelo rústico es el de la Axarquía, más aún si se tiene en cuenta que las casas edificadas junto a las fincas de labranza forman parte de la idosincrasia misma de esta zona de la provincia. Pero lo que en un momento era un fenómeno aislado y acotado, pasó a convertirse en masivo, fomentado, además, por los propios ayuntamientos, que veían en el ladrillo una fuente de ingresos cuantiosa.

Éste ha sido, junto a otros espacios de la comunidad andaluza, la primera de las zonas en las que la Junta ha querido poner orden, aunque ese paso trae consigo la normalización de la inmensa mayoría de lo que se construyó al margen de la ley. Los datos dados a conocer por la propia Consejería de Obras Públicas cifran en 12.760 las construcciones existentes sobre suelo no urbanizable en el territorio axárquico, de las que 11.000 podrán abandonar el lado oscuro mediante la nueva norma.

El dato aportado es parcial, por cuanto ni Torrox (donde el Ayuntamiento reconoce ahora más de 2.000 edificaciones ilegales), ni Nerja, ni Vélez (donde la Junta calcula más de 4.000) participaron de inicio en el censo realizado por la Administración regional, localidades a las que sumar La Viñuela y Alcaucín (municipio de poco más de 2.600 habitantes con unas 1.300 edificaciones), por "su situación penal algo compleja". La suma de todas ellas, en cualquier caso, eleva a 22.000 el censo de la ilegalidad urbanística, de acuerdo con los estudios de Gena-Ecologistas en Acción.

La diferencia entre las viviendas que podrán acogerse al proceso de normalización y las que no viene marcado por la existencia de 859 casas levantadas en espacios protegidos y sobre las que pende la amenaza de la demolición, y de 976 construidas de forma ilegal pero sin que hayan caducado las irregularidades. "Lo que hacemos es buscar el reconocimiento de esa realidad", dijo la consejera en marzo de 2011, cuando puso sobre la mesa un camino al que le quedan días para ver la luz, huyendo de la idea de que ello suponga una amnistía generalizada para las construcciones ilegales. Una apreciación que no comparte Rafael Yus, responsable de Gena-Ecologistas en Acción, para el que la norma "es una amnistía encubierta, no solo para los infractores sino también para los ayuntamientos que han alentado ese movimiento". "La Junta no ha querido ser beligerante en este tema; se busca acallar una serie de voces", apostilla. "Esto es una bomba de relojería", dice Yus de forma contundente. Precisa que si bien es cierto que los ayuntamientos, en un primer momento, recibirán importantes ingresos por la regularización de las casas, en forma de impuestos, también lo es que tendrán que hacer frente a todas las demandas que los nuevos vecinos hagan. "A ver qué ayuntamientos mantienen los carriles, la recogida de basuras...", dice.

En la Axarquía, los datos del colectivo destacan cómo el fenómeno de la construcción en el suelo rústico sufre su gran crecimiento en los últimos diez años. "De las 22.000 viviendas que tenemos inventariadas, el 60% se levanta del año 2000 para adelante", indica. Aunque la Axarquía puede considerarse la punta del iceberg, la dimensión de lo construido de forma irregular es mucho mayor. Más allá de lo ocurrido en Marbella, donde Junta y Ayuntamiento de la mano acabaron por encontrar acomodo a 16.500 viviendas levantadas al margen de la ley (de un total de 18.000), la provincia encuentra otros nichos de urbanismo irregular y que ven en la futura norma andaluza una senda con la que escapar de la sombra de ilegalidad que hoy tienen sobre sí.

El Valle del Guadalhorce es otro de los escenarios donde el urbanismo irregular es más que visible. Ejemplo de ello es la localidad de Cártama, donde hay registradas unas 3.500 casas, muchas de ellas asentadas sobre suelo inundable y afectadas, como ocurrió dos años atrás, por las crecidas del río Guadalhorce. La previsión en este municipio es que pueda ser legalizado el 80% de estas construcciones.

La Costa del Sol occidental también mira el decreto de la Junta de Andalucía como una vía con la que dar respuesta a las demandas de los miles de vecinos que a lo largo de los años se han asentado de forma ilegal sobre el espacio rústico. Estepona, por ejemplo, tiene contabilizadas unas 2.000 edificaciones de este tipo, comúnmente conocidas como campitos.

Ante este fenómeno, hace algunos meses el Ayuntamiento de la localidad puso en marcha una oficina encargada de analizar la situación y ofrecer atención y asesoramiento a los ciudadanos que buscan la normalización de sus viviendas. Con esta oficina, el equipo de gobierno quiere adelantar el trabajo de campo ante la aprobación del decreto autonómico.

La cifra se dispara en Mijas, donde hay 3.750 edificaciones en no urbanizable, aunque el concejal de Urbanismo, Manuel Navarro, señala que algunas son legales por su antigüedad. El edil detalló que constan 2.200 expedientes abiertos y que en los últimos seis meses se han realizado 17 demoliciones. Navarro valoró que el decreto traslade la responsabilidad de todo el proceso a los ayuntamientos. "Estamos trabajando", aseveró.

En Marbella, durante años escenario de la ilegalidad urbanística, los cálculos municipales elevan a 500 los campitos. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, cree una "falta de respeto" que se diseñe una norma que abre la puerta a la normalización de estas construcciones cuando el Ayuntamiento, en el Plan General, fija sanciones "muy duras" para que los propietarios de viviendas ilegales en el ámbito urbano puedan legalizarlas.

También en Málaga capital se trabaja desde hace meses por tratar de allanar el camino para las construcciones en situación de normalización. El Plan General de la ciudad dibuja un total de 1.324 viviendas situadas en núcleos diseminados potencialmente regularizables a pesar de asentarse en suelo no urbanizable y que encuentran acomodo en el decreto andaluz.

La norma autonómica deja en manos de los ayuntamientos la normalización de estas viviendas, al punto de que deben tenerlas en cuenta en sus respectivos planeamientos. No tienen opción las construcciones asentadas sobre suelos protegidos o en situación de riesgo, así como aquellas inmersas en expedientes de infracción. Asimismo, otorgan carácter de legalidad a aquellas que, levantadas en no urbanizable, son anteriores a 1975, si bien sus propietarios deben solicitar ante los ayuntamientos la acreditación de su situación. También fija la obligación de que sean los propietarios los que costeen las actuaciones y servicios necesarios.