Efe | Valencia
Actualizado domingo 01/01/2012 110 horas


Pequeños accionistas del Banco de Valencia denunciarán a parte del consejo de administración de la entidad por delito societario al aprobar unas cuentas -las anuales de 2010 y de los dos primeros trimestres de 2011- que no reflejaban el patrimonio fiel de la sociedad.

El Banco de Valencia fue intervenido el pasado 21 de noviembre por el Banco de España, al conocerse unas necesidades de provisiones de 562 millones de euros a 31 de marzo.

La Asociación de Pequeños Accionistas del banco, inmersa en un proceso de captación de afectados, tiene previsto celebrar una junta en las próximas semanas y posteriormente presentar la denuncia como una acción de resarcimiento, ha informado el abogado de este colectivo, Diego Muñoz-Cobo.

La denuncia se dirigirá a determinados miembros del consejo de administración del banco en los términos del artículo 290 del Código Penal, referido al delito societario, concretamente a aquellos con mayor responsabilidad, así como a miembros del comité de auditoría.
¿Conocedores del 'agujero'?

Argumenta que cuando se presentaron las cuentas anuales de 2010 a la junta general de marzo de este año y se aprobaron las cuentas del primer y segundo trimestre del presente ejercicio, esos consejeros "tenían que saber que las cuentas no reflejaban el patrimonio fiel de la sociedad".

La denuncia se sostiene en que parte del consejo era conocedor del "agujero" en sus provisiones, según el abogado, que añade que el artículo 295 del Código Penal tipifica la conducta de los administradores que dispongan fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraigan obligaciones a cargo de ésta causando un perjuicio económico.

Muñoz-Cobo agrega que también existe responsabilidad de los auditores, en este caso Deloitte, porque en su opinión "parece difícil de creer que, con ese agujero, validara las cuentas de 2010 y de los dos primeros trimestres de 2011".

Por ello, considera que pudo existir "una coordinación entre el órgano rector y el auditor para de forma fraudulenta presentar unas cuentas falseadas, o una negligencia de funciones por parte de Deloitte".

La intervención del banco, ahora administrado por el Fondo de Reordenación Ordenada Bancaria (FROB), supuso la destitución de sus gestores y la inyección a través del FROB de 1.000 millones de euros en capital y la dotación de una línea de crédito de hasta 2.000 millones.


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