En el foro hay un montón de hilos sobre el papel de los funcionarios de carrera.

Se confunde su puesto vitalicio con la garantía jurídica de la inamovilidad.

Pueden ser cesados de su puesto a través de una apertura de expediente y además hay fórmulas para el despido colectivo (excedencia forzosa) pero son muy lentas.

El sistema partitocrático español cuando se consolidó en los años 80 del XX entre el PP y el PSOE y sus aliados nacionalistas (CIU y PNV) junto los sindicatos mayoritarios han anulado la figura del funcionario de carrera a través:

- Libre designación de los cargos que deben ser funcionarios de carrera. Si miran para otro lado, tu carrera se beneficia. Además han puesto a asesores como comisarios políticos.

- Excedencias especiales. Con lo que los aparatos de los partidos han captado para sus núcleos de poder, a los funcionarios de carrera de cuerpos selectos que debía parar los pies a los políticos. El gobierno y sus ministros (gran parte funcionarios de carrera en excedencia desde hace muchos años) de Mariano es un ejemplo.

- A través de privilegios laborales (menos horas de trabajo, más días libres) y de complementos salariales como los de productividad y otros que no se discriminan. En autonomías y las locales es lo habitual.

- La selección no se cumple con los requisitos que dice la Constitución. Se amañan los exámenes o se incentivan los concursos oposición para introducir a los afines. Salvo en la AGE, habitual en el resto de la administración sobre todo en la local en ayuntamientos medianos y pequeños.

- Creación de la administración paralela (empresas públicas, agencias y etc) que no están bajo el control de Intervención.

- Los departamento de inspección les han quitado parte de sus poderes de antaño.

- Los órganos de supervisión y control del desempeño no funcionan correctamente. Los jefes políticos o los jefes funcionarios no quieren enfrentarse a sus subordinados. Pax sindical. Salvo en órganos administrativos del Estado y de las autonomías se prefiere mirar a lado cuando el empleado público no realiza su labor.

Tenemos la figura del Defensor del Pueblo. Tomado del modelo nórdico. Debía ser una figura independiente que pudiese realizar su función: supervisar la actividad de la Administración General del Estado, Administraciones de las Comunidades Autónomas y Administraciones Locales, incluyendo la propia actividad de los ministros. Además de poder supervisar la actuación de las empresas públicas y de los agentes o colaboradores de las Administraciones, cuando realizan fines o servicios públicos.

Pero en España se ha anulado a través de la propia legislación http://es.wikipedia.org/wiki/Defenso...e_Espa%C3%B1a:

- Es elegido por las Cortes. No es elegido directamente por la ciudadanía. En España como las Cortes son miembros de la partitocracia se cuida mucho de elegir alguien que no se rebele mucho. Debido a que es necesario una mayoría cualificada para ser elegido, en España han sido figuras de consenso y que han ejercido su función pero atados por los impedimentos legales.

- No tiene poder ejecutivo. No puede sancionar. Si un funcionario no da la documentación requerida, lo pone en conocimiento del Fiscal General del Estad o, que ya sabemos por quien está dirigida. Lo mismo en casos de posible delito penal.

- Su máximo poder son los informes que realiza. Denuncia pública. Pero depende de la voluntad de la administración si cumplen sus sugerencias.

Si España quiere un cuerpo de funcionarios independiente y muy productivo debía realizar una reforma sin reformar la Constitución por la cual:

1. Los miembros de las Cortes (nacionales o autonómicas) sean elegidos a través de primarias abiertas o distritos electorales.

2. Como ahora designan por una mayoría cualificada (la misma para cesarle) al Defensor del Pueblo.

3. El Defensor del Pueblo tiene poderes de inspección de oficio y sanciones ejecutivas.

4. Para ello contará con una unidad de inspección formada por funcionarios administrativos, asesoría jurídica, economistas del Estado, inspectores de Hacienda y miembros de la Policía Judicial que tengan plaza en el órgano del Defensor.

5. Puede inspeccionar de oficio o a través de una denuncia formal de un ciudadano. Las inspecciones pueden ser formales o informales (infiltración, seguimientos, control por sorpresa).

6. Tras una apertura de expediente, el Defensor del Pueblo puede sancionar administrativamente a empleados públicos o cargos políticos (incluso separarles del cargo o de la plaza) en función de la gravedad del asunto. También si niega al Defensor la documentación requerida. Los acusados pueden recurrir a la justicia ordinaria. Si hay indicios de delito penal, el Defensor del Pueblo puede personarse como parte en un proceso judicial como acusación particular.

Además se hace una reforma sobre las leyes que afecta a los funcionarios de carrera y laborales fijos.

Por el cual, los empleados públicos forman parte de un cuerpo único nacional. Las oposiciones serían libres y supervisadas por el Defensor del Pueblo. Los concurso oposición (como los puntos por ser interino) serán para elección del destino tras tener la plaza. También el defensor del Pueblo supervisará un nuevo escalafón a través de exámenes voluntarios anuales. Este escalafón será importante en los despidos colectivos y se incentiva la formación continúa para no caer en un despido colectivo.

Los cargos de libre designación debían ser eliminados a favor de elección por escalafón por méritos objetivos (aunque pueden ser cesados libremente). Solo excedencias voluntarias para años sabáticos o de formación. El que quiera hacer carrera política o ir a una empresa privada deben renunciar a su plaza. Así evitar posibles complicidades mutuas.

Agilizar los despidos colectivos. Un juez verifica las causas objetivas que dice en la reforma de la ley (caída demográfica y caída fiscal) y que alegue la administración para despedir a laborales en un ERE o obligar a la excedencia forzosa de los funcionarios de carrera (éstos pueden ser repescados con preferencia en nuevas ofertas de plazas) que serán despedidos en función del escalafón que controle el Defensor del Pueblo (de menor a mayor).

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vAYA ROLLO, no he podido leerlo pero parece que tiene miga, a ver si los demas lo leen y hacen un resumen.

Es una opinión de muchos funcionarios que conozco.

No hay mecanismos prácticos para que se cumplan los deberes del funcionario, castigar al negado ni para premiar al competente. La gente válida y cumplidora tiene que lidiar con aquellos que tienen mucha menos capacidad para sacar el trabajo adelante o directamente son unos jetas.

No creo que sea culpa del funcionariado, es porque las medidas para hacer eficiente y eficaz la administración no han interesado a nadie con poder de llevarla a cabo. Y los que no tienen poder sólo les queda renegar.

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Con la reforma que propongo pues los casos de Marbella y Jesús Gil no existirían y si existen durarían poco tiempo.

Cuando Jesús Gil entró, los funcionarios de carrera de Urbanismo se negaron a entrar en su juego. Alguno denunció (en el futuro sus declaraciones ante los jueces serían claves) pero la justicia es muy lenta. Con un Defensor del Pueblo con poderes sancionadores e independiente (ser una figura de consenso ayuda a eso) pues tras la denuncia de los funcionarios, entraría a saco contra Jesús Gil y Roca (jefe de la empresa pública de Urbanismo para no estar supervisado por Intervención). Serían cesados de su cargos. Podrían recurrir a los tribunales pero él y los suyos dejarían de controlar el organismo. Más preocupados de defenderse del Defensor que realizar sus delitos. No como ahora que pueden estar en sus cargos y seguir robando. La justicia es muy lenta. Cuando actúa el daño está hecho. Y es más grande.

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