VALENCIA. "El inmenso castillo de naipes en que se había convertido la estructura de la Generalitat Valenciana en los últimos años se ha desmoronado. Ahora solo queda que Mariano Rajoy nos rescate..." El crudo diagnóstico pertenece a un destacado empresario valenciano, pero lo suscriben desde economistas a financieros. El fiasco de la última emisión de deuda de la Generalitat ha sido la puntilla a un modelo de gestión pública que se fue fraguando durante los últimos años y que ha acabado por romperse.

Gastos desorbitados apoyados en una deuda que ahora no se puede renovar. Los impagos ya alcanzan a servicios básicos como la educación y la sanidad y las perspectivas de futuro tanto para la Generalitat como para toda la economía valenciana son negativos. El Consell, con Alberto Fabra a la cabeza, se enfrenta a una coyuntura sin precedentes. Solo una intervención extraordinaria del Gobierno central separa a la Comunitat Valenciana del abismo. Éstas son las claves:

SIN LIQUIDEZ PARA ATENDER LOS VENCIMIENTOS

La Generalitat Valenciana (GenVal) deberá afrontar el próximo ejercicio unos vencimientos de deuda a medio y largo plazo de 2.899 millones de euros, según la última presentación realizada a analistas el pasado mes de abril por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), mientras que se reducirán hasta los 1.650 millones de euros en 2013. Una cifra -la de 2012- que Standard & Poor's eleva hasta los 4.700 millones de euros -incluyendo el corto plazo-, tal y como advertía ayer en la nota de prensa con motivo del 'tijeretazo' en tres escalones a la calificación de la deuda de GenVal.

La misma nota que dejaba bien a las claras que la posición de liquidez de la región continuará deteriorándose frente a las necesidades de refinanciamiento en aumento durante el próximo año. Una circunstancia que podría acarrear nuevos recortes -"potencialmente en varios grados"- caso de que el Consell no presente un plan sólido y creíble para cubrir sus necesidades futuras de financiación.

Moody's, que metió directamente el rating de GenVal en 'bono basura', fue todavía más allá al advertir que buena parte de la financiación obtenida en los últimos meses ha venido dada por los inversores particulares y no precisamente por los institucionales.

Asimismo, esta agencia señaló en su informe que la deuda pendiente en el Euro Comercial Paper -Programa de Pagarés del Euromercado- ha caído espectacularmente desde los 1.300 millones de euros hasta los 68 millones de euros en el mayor mercado de capitales a corto plazo, que funciona como alternativa de financiación poco conocida para el gran público, pero muy utilizado por empresas, bancos y administraciones públicas.

De ahí que la dependencia de GenVal en las líneas de crédito se haya disparado hasta el punto que, según fuentes financieras conocedoras de la última emisión de bonos patriotas, el Consell ha tenido que recurrir a préstamos con entidades financieras para cubrir dicha emisión, cuya cifra de 'auxilio' podría rondar los 500 millones de euros que se sumarían a los 1.058 millones colocados entre minoristas.

Mientras tanto, el rating de la Comunitat Valencia va camino de equipararse con el de Castilla La Mancha, el peor de todas las CC AA españolas a día de hoy. De hecho, sacando una media de la calificación que tienen asignadas las tres agencias a ambas regiones -dos en el caso de la autonomía manchega porque S&P no la cubre-, Valencia presenta una nota de 'BBB/Baa2', lo que la sitúa a dos peldaños del temido 'bono basura' en el que se encuentra ya Castilla La Mancha 'Ba1/BB+'.

Además, la Comunitat Valencian ha sido -también después de Castilla La Mancha- la que más ha empeorado su rating en los últimos doce meses, puesto que hace un año tenía una nota media de 'A1/A+', es decir, una calidad buena derivada de los rating que entonces le asignaban S&P ('A+'), Moody's ('Aa3') y Fitch ('A').

Con los mercados de capitales cerrados a cal y canto y con una sobreoferta minorista -depósitos, pagarés, letras...-, se antoja muy complicada la vía de financiación del Gobierno que preside Alberto Fabra, por lo que volverán a ser las entidades financieras las que tengan que salir en auxilio -si pueden- o el propio Estado -bien directamente o bien a través del ICO-.

La captación de liquidez es fundamental no solo para atender los vencimientos de deuda sino también para pagar las facturas pendientes -principalmente a proveedores- porque GenVal no debe seguir dando a entender a los mercados financieros que carece de capacidad suficiente para atender sus pagos en tiempo y forma. Las rebajas de rating continuarían y conviene recordar que ello equivale a tener que pagar más a la hora de salir a financiarse porque el mercado exige una prima de riesgo. Un diferencial que representa un gasto extra y que a la postre acaba repercutiendo en el bolsillo de los contribuyentes.

UN PRESUPUESTO LASTRADO CON UN DÉFICIT FUERA DE CONTROL

Los problemas de financiación y de liquidez no son, en todo caso, los únicos que lastran la actividad del Consell. Según los datos del Ministerio de Economía, la Generalitat sigue gastando más de lo que ingresa. Aunque las órdenes que salen tanto de la consejería de Hacienda como de la de Economía exigen al resto de departamentos (y a los suyos propios) que no se incurra en gastos que no tienen consignación presupuestaria, lo cierto es que la inercia de los últimos años sigue marcando las cuentas autonómicas.

Hasta septiembre, la Generalitat acumulaba un déficit en las cuentas del 2,32% del PIB, cuando el límite para este año estaba fijado en el 1,3%. El conseller de Hacienda, José Manuel Vela, ya dijo en su día que no se iba a cumplir. Y a pesar de que en el último trimestre se consiguió moderar el crecimiento del desfase de la cuenta de ingresos y gastos, lo cierto es que sigue estando fuera de los márgenes que se establecieron en el plan de reequilibrio financiero el pasado 27 de julio.

Las previsiones de ese plan para 2012 y 2013 se han establecido en el 1,3% y el 1,1% del PIB respectivamente. El presupuesto que está ahora a punto de aprobarse en Les Corts valencianas no genera certezas en ese sentido. De hecho fue muy significativo que el propio Vela verbalizase que el capítulo de ingresos se ha elaborado con muchos interrogantes. La renuncia a subir impuestos -reclamada incluso por algunas voces tan autorizadas como el presidente de Mercadona, Juan Roig- o el matizado recorte de gastos (con medidas drásticas de austeridad aún por tomar) generan incertidumbre.

LA FALTA DE LIQUIDEZ ALCANZA A LOS SERVICIOS BÁSICOS

Los servicios públicos esenciales de la Comunitat Valenciana, como la educación, la sanidad o la justicia también se enfrentan a la falta de financiación. En las tres parcelas, se acumulan los impagos a proveedores, se ha reducido el número de interinos, se han ampliado horarios del personal sanitarios.

La opción del copago, que ya se aplica en Cataluña en el gasto farmacéutico, ha sido planteada en diversas ocasiones tanto en sanidad para los servicios de urgencia como en justicia, aunque el presidente Fabra haya tenido que desdecir a sus consellers para reservar esa opción en caso "extremo".

En sanidad, la actual gestión del servicios ya ha recibido de forma continuada las peores calificaciones de España en el informe de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública. Esta organización suspende al servicio prestado en la Comunitat y lo sitúa como el peor de España en 2010, tomando como referencia nueve parámetros: gasto sanitario, gasto farmacéutico, ratio de camas y número de pacientes por médico, entre otros. Por contra coloca como ejemplo a las comunidades de Navarra, Asturias, Castilla y León y Aragón, gobernadas tanto por el PP y el PSOE hasta la pasada legislatura.

En el caso de la educación, la reducción de costes y los impagos afectan a este servicio y tanto la formación pública como la concertada denuncian los efectos del recorte. Es el caso de las organizaciones de la educación tanto aconfesionales como religiosas y de cooperativas de enseñanza (CECE, FERE y Unión de Cooperatives d'Ensenyament) que han denunciado conjuntamente la situación, especialmente después de que la Conselleria de Educación incumpliera su compromiso de pagar lo que debía haber ingresado en el tercer trimestre de 2011 antes del pasado 15 de diciembre.

En el caso de la justicia, las propuestas se solución a la actual falta de financiación ha contado con propuestas que van desde el copago hasta la devolución de competencias judiciales, dos ideas que tanto el conseller de Justicia, Jorge Cabré, como el de Hacienda, José Manuel Vela, han defendido en público.

El actual estado de conservación y abastecimientos de las sedes judiciales y del mantenimiento del personal (salvo jueces y fiscales) ha despertado reacciones tanto a favor y en contra de los propios colectivos afectados. Concretamente, el copago cuenta con el apoyo de las asociaciones profesionales de signo ideológico tan diverso como la Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces para la Democracia o la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, mientras que es rechazada por los sindicatos UGT y CCOO.

LAS EMPRESAS PÚBLICAS VALENCIANAS: LA ERA DEL DESCONTROL

El presupuesto del sector público de la Generalitat para 2012 es de 2.419 millones de euros. Las medidas puestas en marcha por el conseller de Economía, Enrique Verdeguer, han permitido un ahorro de 770 millones el gasto en el sector público empresarial. Gigantes como el Servef, la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat (Epsar), el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA), Ciegsa, o la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa), absorberán en 2012 cerca de 890 millones de euros. El resto del gasto, será devorado por entidades o empresas de menor tamaño.

El decreto ley de régimen económico-financiero del sector público empresarial y fundacional, que afectará a 75 entidades, entre sociedades mercantiles y entidades de derecho público y fundaciones de la Generalitat, es una iniciativa que podría quedarse corta. La fuerte deuda acumulada, 5.000 millones, y los graves problemas para atenderlos por parte de unas empresas en pérdidas y sin ingresos, necesitan de algo más que buenas palabras.

Otro de las cuestiones puestas en el tapete son los grandes eventos. Aunque la Generalitat tambien ha tomado algunas medidas ellos, la F1 y otros acontecimientos siguen estando presentes en los presupuestos

SIN UN SISTEMA FINANCIERO EN EL QUE APOYARSE

La Generalitat ha asistido sin inmutarse a la desaparición del sistema financiero valenciano. La reestructuración de las cajas de ahorros se inició hace más de un año con un Consell centrado en otros frentes, con un presidente, Francisco Camps, ocupado en defenderse de los cargos penales por los que ahora está siendo juzgado y un conseller de Economía, Gerardo Camps, notablemente ausente de la gestión.

Bancaja ha acabado digerida por Caja Madrid, que controla la mayoría de Bankia, la entidad que crearon en común. La CAM, tras ser intervenida por el Banco de España para salvarla de la quiebra, ha sido vendida por un euro al Banco Sabadell. El Banco de Valencia, también intervenido, será subastado y vendido igualmente. Y Ruralcaja se ha entregado a su principal competidor, Cajamar tras fracasar su intento de liderar un grupo de cooperativas de crédito.

La ausencia de entidades financieras propias tiene consecuencias papables. Por ejemplo, en la venta de bonos patrióticos es esencial la red de oficinas de las entidades colocadoras. Resulta llamativa la diferencia entre la emisión que realizó la Generalitat de Catalunya, apoyada en CaixaBank, y la de la Generalitat Valenciana. Los primeros colocaron sobradamente los bonos. Igualmente, recurrir a las entidades financieras más próximas ha resultado clave para atender pagos urgentes. La falta de capacidad de influencia -más allá de que los bancos están poco predispuestos a firmar operaciones tan alegremente como en el pasado- repercute tanto en la Generalitat como en las empresas privadas, sin vías de negociación para refinanciar créditos más allá de las oficiales.

EL IMPAGO A LOS PROVEEDORES CIERRA LAS FARMACIAS... Y EMPRESAS

La Generalitat reconoce que debe a sus proveedores más de 2.400 millones de euros, una cantidad que crece al tiempo que aumentan los afectados y los colectivos sobre los que repercute. Si fueron los constructores de obra pública los primeros que alzaron al voz, pronto les siguieron los proveedores sanitarios, los abogados del turno de oficio, las farmacias, las residencias de ancianos, las patronales y sindicales, los beneficiarios de la ley de dependencia, los colegios concertados...

Cada uno de los colectivos ha optado por la movilización y la huelga "como último recurso", pero también ha propuesto soluciones. Así, desde la federación de obra pública (Fecoval) se arrastra impagos desde hace unos dos años y cifra el impacto económico en 17.900 millones de euros desde que empezó la crisis, por lo que planteó descontar del pago de impuestos lo que les debe la administración. Pero es propuesta no fue escuchada.

Por su parte, los farmacéuticos acordaron un plan de pagos para que la Generalitat cumpliera con los 60 millones de euros que les deben de modo fraccionado. Antes de las elecciones del 20N se realizó el primer pago; pero el segundo, previsto para principios de diciembre no se cumplió y acordaron el actual cierre.

Aunque el conseller prometió pagar el día 21 de diciembre (última jornada de paros), el colectivo no se avino a desconvocar para no perder capacidad de presión. En este contexto, otro colectivo también desconfía del cumplimiento de los planes de pagos previsto.

Es el caso de los abogados del turno de oficio que le pasado jueves se negaron a aceptar la propuesta de la Conselleria de Justicia para ponerse al día en sus pago. La razón es que la Generalitat condicionaba el pago a la disponibilidad de fondos en los presupuestos de 2012. El colectivo se niega a firmar un acuerdo en el que los pagos puedan estar condicionados. Cuestión de confianza.

EL PARO SIGUE CRECIENDO

La Comunidad Valenciana tiene registrados en las listas del INEM un total de 532.930 desempleados, pero la cifra de personas sin trabajo es muy superior. Si se tiene en cuenta la Encuesta de Población Activa (EPA), el paro se ha situado en el tercer trimestre en el 24,73%, lo que eleva a 617.300 los desempleados entre las tres provincias.

Sólo Ceuta, Andalucía y las Islas Canarias superan actualmente a la valenciana en el ranking de las más afectadas por el desempleo, pero ha sido tónica general durante 2011 que la Comunidad esté entre las tres autonomías del grupo de cabeza.

Los menores de 25 años son el colectivo que está sufriendo la situación con mayor dureza, hasta encontrarse con un desempleo del 52%. En este colectivos, son los varones jóvenes de 16 a 19 años los que registran el porcentaje más elevado, con un porcentaje del 73,75%.

UN TEJIDO PRODUCTIVO DESESTRUCTURADO ABOCADO A LOS CONCURSOS

La desestructuración del tejido empresarial que se originó con la burbuja inmobiliaria sigue instalada en la economía valenciana. Los Juzgados de lo Mercantil de la Comunitat Valenciana han registrado unos 1.000 concursos de acreedores en lo que va de año, con incrementos del 53% interanual en la provincia de Valencia. Estos datos, facilitados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana procedentes de los juzgados mercantiles, demuestran que la economía productiva valenciana sigue sin encontrar una salida.

El Boletín Oficial del Estado publica a diario concursos de acreedores de empresas incapaces de hacer frente a sus deudas, con el añadido de que los pasivos que tienen son cada vez menores. Es decir, las empresas ya recurren al amparo judicial con deudas de algunos miles de euros. No hay financiación ni ingresos de negocio para atender pagos. Paradójicamente siguen entrando en suspensión de pagos multitud de empresas vinculadas de alguna u otra forma al sector inmobiliario, pese a que la burbuja estalló hace ya años. Es un síntoma que demuestra hasta qué punto se apostó por un monocultivo en esos años.

Las malas noticias en el sector empresarial privado apenas se compensan con empresas que parece se están convirtiendo en las únicas que son capaces de capear el temporal, ya sea Mercadona o Consum en el sector de la distribución, o algún buen dato en el sector del turismo. Las decisiones de inversión en proyectos son la excepción. Peores señales dan algunas empresas consideradas estratégicas, como Ribera Salud (que acabará en manos de su competidor Capio), Aguas de Valencia (expuesta a la crisis de Banco de Valencia) o Air Nostrum (que negocia el traslado de su base operativa de Valencia a Bilbao).

En el capítulo inmobiliario, con un fuerte parque de viviendas por vender y millones de metros cuadrados de suelo ‘empantanado', no se detectan movimientos que aporten optimismo en la ansiada recuperación del sector. Aunque se ha tratado de reactivar algunos grandes desarrollos (algunos ayuntamientos han seguido tramitando PAI), no parece que ninguna empresas esté en disposición de desarrollarlos.

UNA CRISIS INSTITUCIONAL CON DESTINO EN LOS JUZGADOS

Además de la delicada situación económica, el PPCV está inmerso en más de media docena de procesos judiciales de notable importancia. Una situación esta que no contribuye a centrarse en resolver los problemas causados por la crisis económica.

En estos días, está celebrándose el juicio de los trajes, donde está acusado el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el diputado Ricardo Costa. Otro proceso en marcha que altera el día a día valenciano es el caso Emarsa: donde se ha denunciado un agujero de 17 millones de euros en la empresa pública de aguas residuales con servicios facturados que no se prestaron y costosos regalos y viajes de por medio. Además, todavía está por llegar la causa por presunta financiación irregular del PPCV en la que están implicados varios exaltos cargos y dirigentes del partido.

En Alicante la situación no es mejor. José Joaquín Ripoll, expresidente de la Diputación y anterior líder del PP en la provincia, ahora al frente del puerto e imputado en varios delitos por el caso ‘Brugal'. Además, sigue pendiente la causa acerca del PGOU de Alicante, donde está salpicada la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo.

Por lo que se refiere a Castellón, el todavía presidente del PP provincial, Carlos Fabra, tendrá que volver a enfrentarse a la causa por cuatro presuntos delitos fiscales tras ser reabiertos por el Tribunal Supremo.

En definitiva, varios responsables de mucho peso en los tribunales, algo que no contribuye a la buena imagen de la Comunitat.
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Información elaborada por Luis A. Torralba, Álvaro Mohorte, Ximo Aguar y Joaquim Clemente.