A falta de unas horas para ser investido presidente del Gobierno, Mariano Rajoy calienta el terreno con declaraciones que anticipan la gravedad de los recortes económicos. El presidente in pectore del Gobierno Mariano Rajoy se enfrenta a lo que encierran los cajones del anterior Ejecutivo para saber con qué numeros cuenta para afrontar la crisis. Lo único que se sabe a ciencia cierta es que el nuevo Gobierno tendrá que enfrentarse a un recorte de 20.000 millones de euros para 2012, y nadie, ni siquiera del entorno del PP, sabe cuáles son las primeras medidas que pondrá en marcha Rajoy. No obstante, los analistas apuestan por una inminente subida del IVA y los impuestos indirectos para cuadrar las cifras de 2011 a base de una inyección de ingresos, y cumplir así con el compromiso de reducción del déficit público, además de una congelación salarial tanto pública como privada y 'consentida' por los sindicatos. Y después, con calma, el 'recortazo' de gastos en lo que queda del sector público.
A fecha de hoy, lo único claro es que el conjunto de la Administración española tendrá que afrontar en 2012 un ajuste fiscal (mediante recortes del gasto y en su caso incrementos de los ingresos con más impuestos) que puede superar los 20.000 millones de euros, según una estimación realizada por miembros de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), observatorio al que está vinculado el llamado grupo de "los Cien" economistas. Rajoy trabaja con un escenario de caída del PIB en el último trimestre de cerca del 0,4%, y un crecimiento nulo para la economía en 2012. Hay quien incluso, como el Banco de España o el Instituto de Estudios Económicos (IEE), pronostica una caída del PIB español el próximo año del 0,1% al 0,2%.
De confirmarse esa cantidad, el país se enfrenta, bajo el futuro Gobierno de Rajoy, a un recorte mayor que el emprendido por Zapatero en la primavera de 2010 y que incluyó la congelación de las pensiones y una rebaja salarial para los empleados públicos. Hay que recordar que ZP recortó por importe de 15.000 millones, Rajoy necesita ajustar 5.000 millones más.
Por el lado de ingresos
Y aunque en su campaña electoral negó sistemáticamente que el Partido Popular fuera a subir impuestos, en una charla con periodistas en el Congreso con motivo de la fiesta de la Constitución, el próximo presidente del Gobierno dijo que ese tipo de medidas "se anunciarán en su día, sin desechar un incremento del IVA". El principal objetivo de la economía española es cumplir con los requisitos impuestos por la Unión Europea de rebajar el déficit público al 6% en 2011 y al 4,5% en 2012. Para conseguirlo, el PP proponía en su programa electoral vagas medidas de "austeridad en las administraciones públicas, eliminación de gastos superfluos y duplicidades", además de la promesa de desarrollar en una ley orgánica la reciente reforma constitucional acordada con el PSOE. Rajoy aseguró en la charla que la primera ley de su Ejecutivo desarrollará la reciente reforma de la Constitución para garantizar la estabilidad presupuestaria, con "recetas propias".
Así, una eventual subida del IVA tendrá que abordarse antes de marzo, después de que su Gobierno tome posesión, analice las cuentas del Estado y prepare los Presupuestos para 2012 en el primer trimestre con objeto de que entren en vigor a mitad de año. Hasta hace un año, el PP defendió la bajada de impuestos, pero cuando la recaudación se hundió empezó a hablar de retrasarla. Ahora su líder no descarta nada, y de hecho organismos como el Instituto de Estudios Económicos (IEE) reconocía ayer la inevitabilidad de una subida de impuestos indirectos, que aunque gravosa es menos dañina para la empresa que la recaudación directa y sobre todo, de gran impacto inmediato en la recaudación. Y es que ante los datos de que se agudiza la caída de la recaudación, el Estado necesita un nivel de ingresos para cumplir el objetivo del déficit.
Para las empresas Rajoy presentará una serie de medidas que agilizarán la puesta en marcha de pymes y facilitarán trámites administrativos y pago de impuestos, además de impulsar el sector de la exportación, que es donde están puestas las esperanzas de que la economía tenga un mínimo tirón para aguantar lo que queda de crisis.
Empleo y despidos, el meollo
Pero donde están puestas todas las miradas es en el alcance del recorte de empleo público, que los analistas dan por descontado si de verdad se cumplen los rumores que desde la CEOE y los sindicatos, se vienen publicando. Habrá congelación salarial tanto pública como privada. El vicepresidente de la CEOE y presidente de la patronal madrileña CEIM, Arturo Fernández, ha explicado que la idea de congelar los salarios para los próximos años "no es una propuesta en firme" de la patronal, sino sólo un tema del que se ha hablado de manera interna y del que no hay todavía "nada concreto". Se habló no formalmente en la Junta Directiva de congelar salarios e incluso de bajarlos, pero son sólo avances. No hay nada concreto y no es una propuesta en firme", ha señalado el vicepresidente de la organización empresarial. Sindicatos y empresarios están negociando actualmente la posible renovación del acuerdo interconfederal de negociación colectiva 2010-2012, en el que se contemplan salarios moderados durante el periodo de vigencia, con cláusula de revisión al final del mismo para evitar pérdidas de poder adquisitivo.
Lo cierto es que, al desaparecer la posibilidad de devaluar la moneda para ser más competitivos, la otra vía es abaratar los salarios, como recordaba hace unos días el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordoñez. Sería una forma rápida de rebajar los costes del país, lo que traerá un empobrecimiento generalizado de la población también. Economistas como Nuño Becerra ya han advertido que la renta de los españoles tendrá que descender entre un 10 y un 20% para poder capear los años de crisis, cuyo término prevé a 2015.
El otro frente abierto es el del empleo público. Está claro que Rajoy recortará gasto público, cerrará sociedades y eliminará duplicidades en las administraciones, pero hasta ahora no se había hablado de despidos en el sector. Juan Rosell, el presidente de la CEOE, presentó dos informes sobre la eficiencia del sector público y el traspaso de competencias, en los que, detrás de una amalgama de datos y afirmaciones, se encuentra una declaración de intenciones que la patronal no se preocupa en esconder: sobran empleados públicos y es adecuado que a ese excedente, sin concretar, se le pueda despedir. Se habla ya de 900.000 empleados, pero el recorte caerá sobre interinos y contratados, porque el despido de funcionarios por oposición no tiene precedentes en España y se convertiría en una cuestión constitucional.
Cumplir con el déficit
En este sentido, Rajoy tiene la presión de Bruselas en su cabeza. En su boletín mensual de diciembre, publicado este jueves, el BCE observa también que ha aumentado el riesgo de que España no logre este año el objetivo de reducir hasta el 6 % del PIB el déficit de las Administraciones Públicas, por la disminución de los ingresos fiscales. "El nuevo Gobierno tendrá que elaborar unos presupuestos convincentes para 2012 que sean acordes con los objetivos presupuestarios fijados (el 4,4 % del PIB en 2012) a la mayor brevedad posible", apostilló el BCE.Además, el Banco Central Europeo añade que estos presupuestos "deberán basarse en unas previsiones prudentes de crecimiento económico e ingresos fiscales, lo que también es necesario para asegurar que los presupuestos de las comunidades autónomas para 2012 se sustenten en supuestos realistas sobre los ingresos".
Antes de que se disolvieran las Cortes, el PP ya presentó en el Congreso de los Diputados una iniciativa parlamentaria que anticipaba sus planes futuros para la Administración, puesto que apostaba por la reducción de un 25% de los altos cargos y de hasta un 50% del personal eventual y advertía de que los trabajadores despedidos o cesados no debían ser sustituidos. En la actualidad, el equipo de Rajoy trabaja en un plan de reestructuración y supresión de empresas y agencias públicas cuyas funciones puedan realizarse, apuntan, sin la correspondiente personalidad jurídica propia. Además, los populares quieren impulsar una oleada de privatizaciones y fomentar la gestión público-privada de determinados organismos de la Administración.
Diariocritico.com
A fecha de hoy, lo único claro es que el conjunto de la Administración española tendrá que afrontar en 2012 un ajuste fiscal (mediante recortes del gasto y en su caso incrementos de los ingresos con más impuestos) que puede superar los 20.000 millones de euros, según una estimación realizada por miembros de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), observatorio al que está vinculado el llamado grupo de "los Cien" economistas. Rajoy trabaja con un escenario de caída del PIB en el último trimestre de cerca del 0,4%, y un crecimiento nulo para la economía en 2012. Hay quien incluso, como el Banco de España o el Instituto de Estudios Económicos (IEE), pronostica una caída del PIB español el próximo año del 0,1% al 0,2%.
De confirmarse esa cantidad, el país se enfrenta, bajo el futuro Gobierno de Rajoy, a un recorte mayor que el emprendido por Zapatero en la primavera de 2010 y que incluyó la congelación de las pensiones y una rebaja salarial para los empleados públicos. Hay que recordar que ZP recortó por importe de 15.000 millones, Rajoy necesita ajustar 5.000 millones más.
Por el lado de ingresos
Y aunque en su campaña electoral negó sistemáticamente que el Partido Popular fuera a subir impuestos, en una charla con periodistas en el Congreso con motivo de la fiesta de la Constitución, el próximo presidente del Gobierno dijo que ese tipo de medidas "se anunciarán en su día, sin desechar un incremento del IVA". El principal objetivo de la economía española es cumplir con los requisitos impuestos por la Unión Europea de rebajar el déficit público al 6% en 2011 y al 4,5% en 2012. Para conseguirlo, el PP proponía en su programa electoral vagas medidas de "austeridad en las administraciones públicas, eliminación de gastos superfluos y duplicidades", además de la promesa de desarrollar en una ley orgánica la reciente reforma constitucional acordada con el PSOE. Rajoy aseguró en la charla que la primera ley de su Ejecutivo desarrollará la reciente reforma de la Constitución para garantizar la estabilidad presupuestaria, con "recetas propias".
Así, una eventual subida del IVA tendrá que abordarse antes de marzo, después de que su Gobierno tome posesión, analice las cuentas del Estado y prepare los Presupuestos para 2012 en el primer trimestre con objeto de que entren en vigor a mitad de año. Hasta hace un año, el PP defendió la bajada de impuestos, pero cuando la recaudación se hundió empezó a hablar de retrasarla. Ahora su líder no descarta nada, y de hecho organismos como el Instituto de Estudios Económicos (IEE) reconocía ayer la inevitabilidad de una subida de impuestos indirectos, que aunque gravosa es menos dañina para la empresa que la recaudación directa y sobre todo, de gran impacto inmediato en la recaudación. Y es que ante los datos de que se agudiza la caída de la recaudación, el Estado necesita un nivel de ingresos para cumplir el objetivo del déficit.
Para las empresas Rajoy presentará una serie de medidas que agilizarán la puesta en marcha de pymes y facilitarán trámites administrativos y pago de impuestos, además de impulsar el sector de la exportación, que es donde están puestas las esperanzas de que la economía tenga un mínimo tirón para aguantar lo que queda de crisis.
Empleo y despidos, el meollo
Pero donde están puestas todas las miradas es en el alcance del recorte de empleo público, que los analistas dan por descontado si de verdad se cumplen los rumores que desde la CEOE y los sindicatos, se vienen publicando. Habrá congelación salarial tanto pública como privada. El vicepresidente de la CEOE y presidente de la patronal madrileña CEIM, Arturo Fernández, ha explicado que la idea de congelar los salarios para los próximos años "no es una propuesta en firme" de la patronal, sino sólo un tema del que se ha hablado de manera interna y del que no hay todavía "nada concreto". Se habló no formalmente en la Junta Directiva de congelar salarios e incluso de bajarlos, pero son sólo avances. No hay nada concreto y no es una propuesta en firme", ha señalado el vicepresidente de la organización empresarial. Sindicatos y empresarios están negociando actualmente la posible renovación del acuerdo interconfederal de negociación colectiva 2010-2012, en el que se contemplan salarios moderados durante el periodo de vigencia, con cláusula de revisión al final del mismo para evitar pérdidas de poder adquisitivo.
Lo cierto es que, al desaparecer la posibilidad de devaluar la moneda para ser más competitivos, la otra vía es abaratar los salarios, como recordaba hace unos días el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordoñez. Sería una forma rápida de rebajar los costes del país, lo que traerá un empobrecimiento generalizado de la población también. Economistas como Nuño Becerra ya han advertido que la renta de los españoles tendrá que descender entre un 10 y un 20% para poder capear los años de crisis, cuyo término prevé a 2015.
El otro frente abierto es el del empleo público. Está claro que Rajoy recortará gasto público, cerrará sociedades y eliminará duplicidades en las administraciones, pero hasta ahora no se había hablado de despidos en el sector. Juan Rosell, el presidente de la CEOE, presentó dos informes sobre la eficiencia del sector público y el traspaso de competencias, en los que, detrás de una amalgama de datos y afirmaciones, se encuentra una declaración de intenciones que la patronal no se preocupa en esconder: sobran empleados públicos y es adecuado que a ese excedente, sin concretar, se le pueda despedir. Se habla ya de 900.000 empleados, pero el recorte caerá sobre interinos y contratados, porque el despido de funcionarios por oposición no tiene precedentes en España y se convertiría en una cuestión constitucional.
Cumplir con el déficit
En este sentido, Rajoy tiene la presión de Bruselas en su cabeza. En su boletín mensual de diciembre, publicado este jueves, el BCE observa también que ha aumentado el riesgo de que España no logre este año el objetivo de reducir hasta el 6 % del PIB el déficit de las Administraciones Públicas, por la disminución de los ingresos fiscales. "El nuevo Gobierno tendrá que elaborar unos presupuestos convincentes para 2012 que sean acordes con los objetivos presupuestarios fijados (el 4,4 % del PIB en 2012) a la mayor brevedad posible", apostilló el BCE.Además, el Banco Central Europeo añade que estos presupuestos "deberán basarse en unas previsiones prudentes de crecimiento económico e ingresos fiscales, lo que también es necesario para asegurar que los presupuestos de las comunidades autónomas para 2012 se sustenten en supuestos realistas sobre los ingresos".
Antes de que se disolvieran las Cortes, el PP ya presentó en el Congreso de los Diputados una iniciativa parlamentaria que anticipaba sus planes futuros para la Administración, puesto que apostaba por la reducción de un 25% de los altos cargos y de hasta un 50% del personal eventual y advertía de que los trabajadores despedidos o cesados no debían ser sustituidos. En la actualidad, el equipo de Rajoy trabaja en un plan de reestructuración y supresión de empresas y agencias públicas cuyas funciones puedan realizarse, apuntan, sin la correspondiente personalidad jurídica propia. Además, los populares quieren impulsar una oleada de privatizaciones y fomentar la gestión público-privada de determinados organismos de la Administración.
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