La Fiscalía de Cádiz no ha dado la guerra por perdida en su lucha contra el urbanismo ilegal. El anterior fiscal de Medio Ambiente, Ángel Núñez, y ahora su sucesora, Patricia Navarro, llevan años defendiendo que los dueños condenados por construir una vivienda ilegal, además de la pena de prisión deben demoler la construcción. El Ministerio Público sabe que estas causas se resuelven con penas mínimas de cárcel, que nunca se cumplen, y sanciones económicas que no disuaden a otros promotores a seguir edificando fuera de la legalidad. La clave está en las demoliciones, pero la disparidad de criterio de los jueces está provocando auténticas contradicciones que se resumen en que hay dueños con una orden de derribo bajo el brazo y otros que logran salvar su propiedad, aunque estén igualmente condenados.
Ante este panorama, la Fiscalía de Cádiz busca que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la ejecución de esta medida como parte de la condena, instaurando una suerte de jurisprudencia que obligue a los jueces de primera instancia y a los magistrados de la Audiencia a seguir el camino que marque el Alto Tribunal. Con esta fórmula pretenden acabar con la disparidad de criterios que por regla general están dejando sin efecto las órdenes de derribo.
De aceptarse el recurso pionero planteado por la Fiscalía de Cádiz sería la primera vez que la sala de lo Penal se pronuncia sobre esta controversia, ya que hasta la fecha los únicos pronunciamientos que ha habido procedían de la sala de lo Contencioso (la que resuelve los pleitos entre ciudadanos y administraciones). Fuentes jurídicas explicaron a este medio que la posición de esta sala es semejante a la que mantienen los fiscales gaditanos. Una baza que pretende explotar la Fiscalía.
El mecanismo para llegar hasta el Supremo ha sido aprovechar una de las pocas causas contra el urbanismo ilegal que se ha visto en primera instancia en la Audiencia. Esto ha sido posible porque en ese asunto se juzgaban, además del delito contra la ordenación del territorio, otros en curso como la estafa.
La procesada y ahora condenada a 18 meses de prisión fue la promotora de una vivienda unifamiliar que levantó en una parcela no urbanizable situada en la carretera de Sanlúcar, dentro del término municipal de El Puerto, junto a una conocida venta de nombre El Pájaro. Esta mujer vendió la propiedad a un tercero sin informarle que estaba adquiriendo una casa ilegal y que además tenía un expediente abierto por el Ayuntamiento que ordenaba la paralización de la obra y la demolición de lo construido. Sin embargo, como recoge la sentencia de la Audiencia que la condena, violó esa orden municipal y prosiguió con los trabajos, dejando sin efecto el precinto que pesaba sobre la parcela. Corría el año 2005, en plena efervescencia del negocio del ladrillo.
Pese a la sentencia condenatoria, los magistrados acordaron que no se debía tirar la vivienda como solicitaba la Fiscalía. La Sección Cuarta, que fue el tribunal que enjuició este asunto, apeló a un argumento ya repetido en otras sentencias: el principio de proporcionalidad. Los magistrados entienden que la zona donde se enclava la vivienda ya está afectada por otros inmuebles, levantados también fuera de la legalidad, y que por tanto condenar a la procesada a demoler el unifamiliar sería una «medida desproporcionada».
La Fiscalía entiende que estos razonamientos no ayudan a frenar este fenómeno, sino todo lo contrario, ya que los promotores ven que las viviendas no corren peligro aunque sean condenados. Por eso, ha recurrido en casación esta sentencia ante el Supremo para que éste siente jurisprudencia. De aceptar los planteamientos del Ministerio Público, se podría hablar a partir de entonces de un antes y un después en la lucha contra el urbanismo ilegal.

La Fiscala lleva al Supremo su batalla por la demolicin de casas ilegales. La Voz Digital

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En los próximos 30 años lo lógico es que en la costa los trabajos de construcción sean sobre todo las demoliciones... ya veremos, con el PP al mando no es probable que impere la lógica...

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Si, como villa PSOE, ese gran proyecto pepero, verdad?

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Hemos pasado de ver "levantar" muchos pisos en pocos meses,

a:

Verlos caer en unos pocos segundos.

Porque la burbuja de "demoliciones" pronto será una realidad.

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Ese chalete en la carretera de Sanlúcar no serrá demolido.

Esa demolición daría pie para devaluar un 15% el PIB de toda Andalucía. No ocurrirá.

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