Observando el proceso de default de muchas administraciones y como muchos de los antiguos gestores se han librado de su mala gestión.

Propongo la siguiente propuesta:

Un banco, un proveedor, o un empleado público que son acreedores de una administración pueden denunciar al interventor por ocultar la insolvencia de la administración deudora. El juez (del mercantil) exigirá para admitir a trámite que los denunciantes ponga documentación encima de la mesa para saber si la administración susodicha está incumpliendo muchos compromisos de pago. Si es admitida a trámite el interventor debe demostrar la solvencia de la entidad. Si ha mentido puede ir a la cárcel. Si en el interrogatorio por parte del juez (puede pedir informes al Banco de España y al Ministerio de Economía o al Trabajo) el interventor admite la insolvencia (más pasivos que activos) de la administración donde trabaja (se debe comprobar la declaración con documentación solicitada a la administración) o ven indicios el juez o el fiscal, el juez de instrucción activa el protocolo de concurso de acreedores.

Será un proceso especial. Lo llevará el juez del mercantil con el apoyo de un juez del contencioso administrativo.

El juez del caso disuelve al Gobierno de turno. Se nombra a una gestora (representante de cada partido que está en el parlamento pero nunca ha estado en el gobierno dicho representante) que tendrán funciones representativas de la institución y otras funciones que le deje el juez.

A continuación:

1. Auditoria para saber las cuentas reales. Si hay indicios de delito, el juez de oficio iniciaría una investigación o le pasaría a otro juzgado para actuar contra los funcionarios o políticos responsables.

2. Se nombraría un equipo especial -inspectores de Hacienda, economistas del Estado, interventores, empleados del Banco de España y etc- que llevarían la gestión diaria de la institución.

3. Este equipo realizaría un plan de saneamiento. Quitas con los acreedores (más un calendario de pagos). Equilibrio fiscal con prioridad de las funciones básicas de la administración. Por ejemplo, si fuera un ayuntamiento: basuras, limpieza, agua, alumbrado público, tráfico y servicios de urgencia. Lo demás puede ser rescindido. Los laborales pueden ser despedidos con un ERE y los funcionarios de carrera reasignados o traslados de forma forzosa a otra administración. También sufrir rebajas salariales (quitar los complementos). El Ministerio de Economía debía tener un fondo anual acumulable que serviría para estos casos. Con este fondo, se pagarían los EREs y la rescisión de contratos con proveedores.

4. Este procedimiento tendría un tiempo tasado de 2 años. Podía ser renovado sólo una vez por el mismo período por parte del Juez tras el informe del equipo encargado aunque debía ser ratificado por una sala especial de los órganos superiores judiciales para estos casos.

5. Cuando se acabe el tiempo tasado, se disolvería la gestora y se convocarían nuevas elecciones.

Con este sistema, el interventor aunque sufra mobbing estará encima de la gestión política para evitar ser denunciado. Incluso alentaría un preconcurso de acreedores -un acuerdo con los proveedores para pagar las deudas pendientes sin necesidad que el juez intervenga-. El político ya no gastaría como hace ahora. Por desgracia, en España si el político pasa de ingresar 10 a 100, gasta los 100. No ahorra. Se evitaría mucha corrupción ya que el interventor no miraría a otro lado. Además al ser un procedimiento tasado, las administraciones podrían acogerse a esta figura y resolver sus problemas de tesorería y de deuda. Actualmente es un caos. La administración deja de pagar y las deudas no se abonan. Pero no se hace nada para realizar un duro plan de saneamiento para restablecer la normalidad y así cubrir los servicios básicos. En otros casos, la administración inicia un duro proceso para resolver la situación (muchas veces por exigencias de los bancos para refinanciar su deuda o por la Seguridad Social). Pero no hay nada tasado y los gestores políticos que han realizado una gestión muy mala -dejando a la administración en estado de insolvencia- no son castigados salvo denuncias penales. Aunque debían ser castigados políticamente. Si fueran cesados por una gestora su reputación quedaría muy dañada ante la opinión pública. Que yo recuerde, sólo en Marbella se impuso una gestora por el caso Malaya pero no se actuó antes a pesar del estado de insolvencia del ayuntamiento debido a la trama criminal que dirigía la institución.

Actualmente el Gobierno Central coloca deuda y AGE no está en estado de insolvencia. Pero muchas autonomías y decenas de ayuntamientos sí están. Imaginad como quedaría el PPSOE o CIU al perder sus gobiernos en algunas autonomías ya que el juez de turno ha tenido indicios de insolvencia y empezaría a utilizar la motosierra en las redes clientelares o bajar los sueldos de los miembros del Parlamento ya que las prioridades son salvar la sanidad y la educación.

Ya lo sé. Nunca se haría. Pero la democracia sería eso. Control del gasto público de forma efectiva.

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Y como se llamaría?

Ley concursal de las Adminitraciones Públicas.

Estais soñando.

Lo sé. Pero estos detalles es lo que hace que un país sea estable políticamente y económicamente. Impedir que la corrupción a través del gasto público sin control se incube en la sociedad.

Se habla de revolución, de cambio de modelo. Pero con leyes como éstas que se apliquen y donde sirvan de contrapeso -mi idea incida en que el interventor por miedo ir a la cárcel, ejerza su cargo y no mire a otro lado- hacen más contra la corrupción y el gasto público superfluo que muchas palabras bonitas pero vacuas. Por eso, es tan difícil de realizarlas.

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La idea es buena. Pero ¿Quien le pone el cascabel al gato?

P.D. No habria cárceles suficientes. Ni jueces. Además olvidas el corporativismo que corre por esos lugares (jueces,politicos, funcionarios...) (hoy por tí, mañana por mi).

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Lo sé. Pero siempre hay un juez tocahuevos y los interventores si saben que pueden ir a la cárcel son muy miedosos.

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¡Un gran plan!

Por desgracia, nuestros políticos son doblemente irresponsables:

1. Porque no saben lo que hacen.
2. Porque no son responsables de lo que hacen.

Son las ventajas de la seudo-democracia. A disfrutarlas.

Tristemente los únicos que van a la carcel son los que han caido en desgracia al sistema. El resto salen por donde han entrado.
Supongo que no es necesario que te ponga ejemplos.

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¿Como harias para que "la casta" no fuera la encargada de controlar "la casta"?

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Antes los verás volar que en la cárcel....

Tendría que hacer una nueva Constitución.

Con el sistema que propongo para la administración, los jueces podían actuar. La Justicia no está aun toda domesticada. Hay de todo en los jueces de instrucción pero es donde menos política hay.

Gracias que ZP adelantó las elecciones sino la Justicia sería totalmente domesticada por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento criminal que pretendían. Lo presentaban con una modernización necesaria. Estaba bien lo de eliminar el juez de instrucción y que pasase al fiscal. Pero el Fiscal General del Estado es nombrado por el Gobierno -aunque podían vender la moto que lo sería el Parlamento en el futuro-. Sometimiento total de la Justicia a la partitocracia. En Italia gracias a que el Poder Judicial, su órgano máximo es elegido gran parte por los propios jueces, fiscales y etc, ha sido el único coto que ha habido para luchar contra la mafia y la corrupción de ese país.

Otra cosa si en España el jefe de la Fiscalia fuera elegido por la ciudadanía directamente. Sería un fiscal por oposiciones libres y no podría pasar al poder ejecutivo y legislativo sin renunciar a su plaza para evitar futura carrera política y ser manejable por un partido.

En la dichosa reforma querían eliminar una de las pocas figuras jurídicas originales de este país y muy necesaria. La acusación popular.

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