"En España hay sensación de impunidad" - La Voz de Asturias

EN ESPAÑA HAY SENSACIÓN DE IMPUNIDAD
La lucha contra la corrupción no ha evitado que siga siendo un veneno sin antídoto. ¿Lo hay? Manuel Villoria cree que normas claras y órganos independientes que aseguren su cumplimiento ayudarían a atajarla



Figura de referencia en el campo de la investigación académica sobre el fenómeno de la corrupción, Manuel Villoria (Madrid, 1957) contó hace meses una sabrosa anécdota. En un viaje a Suecia, preguntó al alcalde de un pueblo cercano a Estocolmo si nunca tuvo la tentación de corromperse.

El regidor respondió que no. Villoria insistió: por honestidad, ¿verdad? El munícipe le sacó de dudas y replicó más o menos como lo resume ahora el catedrático de la Rey Juan Carlos y director del Departamento de Gobierno, Administración y Políticas Públicas del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset: "No, no me corrompería por el horror de que me pillaran, porque quedaría como un apestado en mi pueblo".

En España, donde la corrupción aparece como problema en los diez primeros puestos del Barómetro del CIS y donde, según Transparencia Internacional, el 2% de los ciudadanos aseguraba en 2009 haber pagado algún soborno pero el concepto es difuso,muy pocos investigados por corrupción dimiten: la sociedad censura la corrupción pero muchos "piensan que harían lo mismo que el político", razona Villoria con senequismo amargo.

"Es cierto que Roldán fue a la cárcel, pero muchos nunca irán"

Aquí concluye el autor de sucesivos informes sobre la materia, "hay un problema importante de impunidad, una percepción social de que hay esa impunidad". "Es cierto agrega que se percibe más la corrupción porque se investigan más casos y lo es que Roldán fue a la cárcel, pero hay muchos que ni han ido ni nunca irán, sobre todo si tienen el apoyo del aparato institucional". Segundo problema: las sentencias llegan tan tarde "que nadie se acuerda ya del caso y no hay, por tanto, ejemplaridad".

La transparencia, enemiga de lo turbio y cuya ley vuelve a demorarse, es relevante para atacar la corrupción, conviene Villora. Pero, a su juicio, lo esencial radica en una fórmula doble: "Normas claras que se cumplan [en urbanismo, contratación, etcétera] y órganos independientes que aseguren su cumplimiento". Ni lo uno ni lo otro existe, entiende el catedrático. Construido en la Transición con el afán de "favorecer la gobernabilidad, el sistema confiere a quien gobierna "un inmenso poder", se lamenta. ¿Controla el poder político la judicatura? "Lo controla todo", responde con gesto resignado. El sistema, con listas cerradas y líderes que personifican el partido, "está viciado en origen".

"Una casta" que se defiende
El profesor enumera algunos ejemplos de instituciones formalmente independientes y sujetas en la práctica al pacto político: el Constitucional, el Tribunal de Cuentas y los Tribunales Superiores autonómicos (TSJ), a cuyos miembros "casi los ponen los aforados autonómicos". O sea, que cuando toca investigar a uno de esos aforados ocurren cosas como lo de Francisco Camps, cuyo caso archivó en falso el TSJ valenciano.

¿Y qué pasa cuando el presidente del Consejo Consultivo valenciano, al que ahora pertenece Camps, declara que el expresident es inocente, y lo proclama un mes antes de que arranque su juicio por soborno en el llamado caso de los trajes? Pues pasa, sostiene Villoria, "que transmite el mensaje de casta, una casta en la que políticos, altos cargos, todo ese mundo, se defienden entre ellos".

A tenor de lo investigado, el regalo de trajes es sólo la punta del iceberg del caso Gürtel, la mayor trama de corrupción desarticulada en los últimos lustros. Troceado en varios sumarios, el caso sigue hoy, pese a todo, en cabeza de la flotilla corrupta, seguido de cerca por la miríada de escándalos destapados en Balears, también relacionados con el PP y en el que ahora aparece investigado el yerno del rey, Iñaki Urdagarin. ¿Corre riesgo un juez si investiga más de la cuenta? Villoria entiende que más que el de la represión o la persecución "La hay con Garzón, pero cometió errores", el peligro que se alza ante los jueces valientes es, en todo caso, el de no prosperar. "Si quieren llegar al Supremo tienen que pasar por el Poder Judicial y ahí los esperan los partidos", señala.

"La izquierda es más exigente ante la corrupción en este momento histórico"

Pero si la Gürtel es la bicha que el PP no quiere ni mentar, al PSOE le ha salido un talón de Aquiles con los ERE fraudulentos en Andalucía, cuya dimensión crece por semanas.

¿Por qué hay más casos señeros de corrupción en torno al PP? Villoria responde así: "Porque sus relaciones con el mundo empresarial son más fluidas y eso genera mayor riesgo". ¿Y es cierto que la izquierda penaliza electoralmente más la corrupción que la derecha? "No está claro, pero sí parece que la izquierda es más exigente ante la corrupción en este momento histórico". Villoria cree, no obstante, que el PSOE también muestra "condescendencia".

Y ejemplifica con un asunto espinoso y muy verde judicialmente, el que afecta a José Blanco: "Faltan muchos datos pero quizá debería haber dimitido como hizo Mandelson [ministro británico con Blair], que renunció dos veces y volvió a la política cuando quedó exonerado, aunque dimitir como diputado es más complicado", sugiere Villoria.









UPyD propone una Ley de Transparencia para acabar con la corrupción, 'uno de los principales problemas de España'

UPyD propone una Ley de Transparencia para acabar con la corrupción, 'uno de los principales problemas de España'
El cabeza de lista de UPyD en Baleares al Congreso de los Diputados, Juan Luis Calbarro, ha propuesto la aprobación de una Ley de Transparencia para acabar con la corrupción, 'uno de los principales problemas de España' y que ha llegado a calificar de 'cáncer de la democracia'.

En un comunicado, Calbarro ha destacado que en el programa electoral de su partido incluyen una serie de medidas para 'restaurar la confianza de los ciudadanos en la clase política y las instituciones', como la citada Ley dirigida a 'prevenir la corrupción en las administraciones públicas y en cualquier persona física o jurídica que tenga cualquier relación de interés privado con éstas.

Además, ha señalado que esta normativa impulsará prácticas de transparencia y acceso a la información en todas las instituciones para 'mejorar su calidad y favorecer la participación y el control de los ciudadanos sobre la vida política y las actuaciones de las administraciones públicas'.

Calbarro considera 'sorprendente' que ni en el reciente debate televisivo entre Rajoy y Rubalcaba ni en la campaña electoral de Baleares se debata sobre el problema de la corrupción, lo que, a su juicio, demuestra que 'es uno de los temas en los que PP y PSOE se han puesto de acuerdo para no tocarlos en la campaña electoral y de esta manera correr un tupido velo sobre los casos de corrupción que afectan a ambos partidos'.

Sin embargo, ha recordado que, 'según el barómetro de junio del CIS, más de ocho de cada diez ciudadanos (el 85,6 por ciento) creen que la corrupción está muy o bastante extendida en España'. En esta línea, Calbarro no duda que ese es uno de los motivos principales por los que 'el 24,7 por ciento de los encuestados ven a la clase política como un problema, porcentaje que bate un nuevo récord en comparación a los anteriores barómetros del CIS'.

'Es muy preocupante que los políticos seamos considerados por los ciudadanos como su tercera mayor preocupación, siendo superados solamente por el paro y la economía y, por ello, la lucha contra la corrupción es una de nuestras mayores prioridades y a tal fin proponemos en nuestro programa electoral una serie de medidas contundentes', ha aseverado.

Entre ellas, ha destacado que UPyD propondrá que los imputados por delitos contra las Administraciones Públicas no podrán ser candidatos en procesos electorales, por lo que se aprobará la suspensión cautelar de empleo o cargo público de la persona contra la que existan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito. 'También podrán ser suspendidos provisionalmente por decisión judicial los cargos públicos ya electos', ha añadido.

Asimismo, ha anunciado que UPyD planteará medidas penales contra administradores, directivos o empleados de una empresa mercantil o de una sociedad, asociación, fundación u organización privada con participación pública, o que desempeñe funciones públicas, implicados en actos de corrupción.

Calbarro ha agregado que su partido también promoverá una nueva Ley de exigencia de responsabilidad civil y penal para los casos más graves, de aquellos responsables públicos que, tras la finalización de su mandato, se constate que 'hayan ocultado deudas o impagos del órgano o administración de la que fueran responsables'.

Por otra parte, UPyD defenderá la modificación del Código Penal para eliminar la expresa exclusión de los partidos políticos y sindicatos del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, a fin de que 'tanto partidos políticos como sindicatos puedan ser penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre y por cuenta de los mismos o en su provecho por sus miembros y cargos'.

Además, planteará medidas contra la corrupción en la contratación administrativa, 'limitando la posibilidad de adjudicar contratos directamente a favor de un contratista, la cuantía de los contratos menores y la posibilidad de subdividir contratos, exigiendo la publicidad de la contratación administrativa'.

Al mismo tiempo, prohibirá contratar al personal de alta dirección, asesores, representantes legales, apoderados o mandatarios de empresas que tengan conflictos de intereses con las administraciones públicas, mientras que también modificará la ley de contratos del sector público para garantizar la libre concurrencia.

Finalmente, Calbarro se ha comprometido a que su partido tratará de 'despolitizar' el Tribunal de Cuentas, eligiendo a sus miembros 'sin injerencias partidistas', con el fin de que este órgano sea el encargado del control, 'en exclusiva, de la financiación de los partidos políticos, sindicatos y patronales'.




El derecho a la información y a la transparencia desde los poderes públicos. Este ha sido uno de los valores que ha renacido recientemente y que se cuenta entre los muchos que el Movimiento-15M ha exigido en sus protestas. La legislación española no lo contempla y esto convierte a España en una de las excepciones de Europa. “Tras el debate del Estado de la Nación he recibido enmiendas para que, en menos de un mes, el borrador pase por el Congreso”, ha asegurado Lourdes Muñoz, diputada socialista en la Cámara baja que también asistía a la charla.

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¿la noticia no sería que NO hubiera sensación de impunidad?

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¿Sensación sólo?

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Sensación?

pero si es un puto HECHo , los de la casta la prisión la ven en el monopoli !!

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Sensación dice,jejeje.

En Hispanistán lo que hay es mucho hdlgp en puestos clave.

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También hay sensación de bancarrota.

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No creo que la gente disculpe la corrupción. La gente lo que pasa es que tiene miedo, o es más pasota, y no se dedican a hacer la vida imposible al político como harían en Suecia.

Entonces todo acaba recayendo en "la justicia", una justicia cada vez más lenta, inefectiva y politizada.

De vez en cuando sacrifican a algún don nadie o a alguien que ha caido en desgracia, pero es que ultimamente ni eso, no sea que se alborote el personal. Entre la impunidad, la poca transparencia en el destino de no pocos dineros públicos y lo rápido que prescribe tanto en haciienda como en los tribunales, completamos el cuadro, y si algo se acaba destapando a pesar de los pesares, ya habrá algun error formal en la investigación judicial que se encargue de anular pruebas por "vulneración en los derechos de los investigados" que se encargue de arreglarlo. Todo muy legal, por supuesto.

Pepiño Corruto.