Las firmas de auditoría han vuelto a quedar en evidencia con la última intervención de una entidad financiera, el Banco de Valencia. Su auditora, Deloitte, no detectó ninguna irregularidad en las cuentas del banco; y no sólo en las del último año, sino desde 2002 (ó 1990 si tomamos a Deloitte como sucesora de la antigua Arthur Andersen). Algo parecido ocurrió con KPMG en la también intervenida CAM.

Y había motivos para detectarlas. Según algunas de las entidades que examinaron la entidad cuando la ofrecía GBS Finanzas en el primer trimestre, el banco que presidía entonces José Luis Olivas presentaba anomalías en la clasificación de los créditos -había préstamos morosos que no se consideraban como tales- y retrasos en el cumplimiento del calendario de provisiones del Banco de España.

No son las únicas irregularidades. El grueso del agujero, cifrado por el Banco de España en 1.000 millones, proviene de que todavía tiene en sus libros muchos activos inmobiliartios (garantía de préstamos o adjudicados) con el valor al que se concedieron los préstamos, no a un precio realista que le obligaría a provisionar la diferencia. Estas valoraciones desfasadas, que se produjeron durante la gestión del anterior consejero delegado, Domingo Parra, tampoco fueron detectadas por Deloitte.

Ni tampoco por el Banco de España, que hasta la reciente inspección no había detectado la grave situación en que se encuentra el Banco de Valencia y que a la postre ha provocado su intervención. De nuevo, la situación es idéntica a la de la CAM, donde el Banco de España no hizo nada entre la ruptura de Banco Base en marzo y la intervención en julio, pese a que la caja acumula unas pérdidas de 1.700 millones, según reconoce ahora el supervisor. "No se entiende esta pasividad, porque el Banco de España tiene toda la información de todas las entidades y, si algo no le cuadra, te exige más. Pero luego no hace nada", señalan desde otra entidad.

Por tanto, más que no detectar los problemas, parece que el gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha optado por la misma estrategia seguida en las tres intervenciones anteriores (CCM, CajaSur y CAM): alargar la agonía todo lo posible con la esperanza de que llegara una solución en forma de comprador o de recapitalización.

Irregularidades generalizadas

Las fuentes consultadas aseguran que "la situación de Banco de Valencia estaba plagada de irregularidades contables, lo que explica que nadie quisiera comprarlo ni entonces ni ahora", cuando Lazard ha intentado a la desesperada vender la entidad. La calificación de los créditos como morosos en teoría es automática cuando se produce el impago de las cuotas durante tres meses, aunque no así los subestándar (los que aún no están en mora pero con toda probabilidad van a estarlo), donde la entidad tiene bastante discrecionalidad.

En cuanto al calendario de dotaciones aprobado a mediados de 2010, obligaba al sector a provisionar más rápidamente (con cargo a los resultados) los créditos morosos: antes existía el calendario lento, que permitía hacerlo en 72 meses, y ahora todos deben ser cubiertos en 12. Además, reduce el valor de las garantías inmobiliarias sobre el valor de tasación, en un rango que va desde el 20% para la primera vivienda hasta el 50% en el suelo. Según las fuentes, Banco de Valencia iba con retraso respecto a estas exigencias.

Más 'hábiles' en CCM y CajaSur

La actuación de Deloitte en Banco de Valencia y la de KPMG en CAM contrastan con la de los auditores de CCM y CajaSur, si bien KPMG justificó su auditoría por las provisiones contra reservas que hizo la CAM dentro de Banco Base; de no haber sido por ellas, habría tenido una pérdida superior a 1.000 millones.

A principios de 2009, Ernst & Young se negó a firmar las cuentas de la entidad que presidía Juan Pedro Hernández Moltó correspondientes a 2008, a pesar de sufrir enormes presiones para que lo hiciera. Esta negativa fue el detonante de la primera intervención de una entidad en la crisis actual.

En el caso de CajaSur, la propia Deloitte introdujo una salvedad sobre las cuentas de 2009 en la que consideraba necesarias "medidas estructurales" y "de búsqueda y captación de instrumentos que garanticen la liquidez y la solvencia, entre otros aspectos". Bien es verdad que no añadió ese párrafo hasta el último minuto, a raíz de que Fitch rebajara el rating de la entidad cordobesa a niveles de bono basura.

Las firmas de auditoría han vuelto a quedar en evidencia con la última intervención de una entidad financiera, el Banco de Valencia. Su auditora, Deloitte, no detectó ninguna irregularidad en las cuentas del banco; y no sólo en las del último año, sino desde 2002 (ó 1990 si tomamos a Deloitte como sucesora de la antigua Arthur Andersen). Algo parecido ocurrió con KPMG en la también intervenida CAM.

Y había motivos para detectarlas. Según algunas de las entidades que examinaron la entidad cuando la ofrecía GBS Finanzas en el primer trimestre, el banco que presidía entonces José Luis Olivas presentaba anomalías en la clasificación de los créditos -había préstamos morosos que no se consideraban como tales- y retrasos en el cumplimiento del calendario de provisiones del Banco de España.

No son las únicas irregularidades. El grueso del agujero, cifrado por el Banco de España en 1.000 millones, proviene de que todavía tiene en sus libros muchos activos inmobiliartios (garantía de préstamos o adjudicados) con el valor al que se concedieron los préstamos, no a un precio realista que le obligaría a provisionar la diferencia. Estas valoraciones desfasadas, que se produjeron durante la gestión del anterior consejero delegado, Domingo Parra, tampoco fueron detectadas por Deloitte.

Ni tampoco por el Banco de España, que hasta la reciente inspección no había detectado la grave situación en que se encuentra el Banco de Valencia y que a la postre ha provocado su intervención. De nuevo, la situación es idéntica a la de la CAM, donde el Banco de España no hizo nada entre la ruptura de Banco Base en marzo y la intervención en julio, pese a que la caja acumula unas pérdidas de 1.700 millones, según reconoce ahora el supervisor. "No se entiende esta pasividad, porque el Banco de España tiene toda la información de todas las entidades y, si algo no le cuadra, te exige más. Pero luego no hace nada", señalan desde otra entidad.

Por tanto, más que no detectar los problemas, parece que el gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha optado por la misma estrategia seguida en las tres intervenciones anteriores (CCM, CajaSur y CAM): alargar la agonía todo lo posible con la esperanza de que llegara una solución en forma de comprador o de recapitalización.

Irregularidades generalizadas

Las fuentes consultadas aseguran que "la situación de Banco de Valencia estaba plagada de irregularidades contables, lo que explica que nadie quisiera comprarlo ni entonces ni ahora", cuando Lazard ha intentado a la desesperada vender la entidad. La calificación de los créditos como morosos en teoría es automática cuando se produce el impago de las cuotas durante tres meses, aunque no así los subestándar (los que aún no están en mora pero con toda probabilidad van a estarlo), donde la entidad tiene bastante discrecionalidad.

En cuanto al calendario de dotaciones aprobado a mediados de 2010, obligaba al sector a provisionar más rápidamente (con cargo a los resultados) los créditos morosos: antes existía el calendario lento, que permitía hacerlo en 72 meses, y ahora todos deben ser cubiertos en 12. Además, reduce el valor de las garantías inmobiliarias sobre el valor de tasación, en un rango que va desde el 20% para la primera vivienda hasta el 50% en el suelo. Según las fuentes, Banco de Valencia iba con retraso respecto a estas exigencias.

Más 'hábiles' en CCM y CajaSur

La actuación de Deloitte en Banco de Valencia y la de KPMG en CAM contrastan con la de los auditores de CCM y CajaSur, si bien KPMG justificó su auditoría por las provisiones contra reservas que hizo la CAM dentro de Banco Base; de no haber sido por ellas, habría tenido una pérdida superior a 1.000 millones.

A principios de 2009, Ernst & Young se negó a firmar las cuentas de la entidad que presidía Juan Pedro Hernández Moltó correspondientes a 2008, a pesar de sufrir enormes presiones para que lo hiciera. Esta negativa fue el detonante de la primera intervención de una entidad en la crisis actual.

En el caso de CajaSur, la propia Deloitte introdujo una salvedad sobre las cuentas de 2009 en la que consideraba necesarias "medidas estructurales" y "de búsqueda y captación de instrumentos que garanticen la liquidez y la solvencia, entre otros aspectos". Bien es verdad que no añadió ese párrafo hasta el último minuto, a raíz de que Fitch rebajara el rating de la entidad cordobesa a niveles de bono basura.


Deloitte no vio las irregularidades en créditos y provisiones de Banco de Valencia - elConfidencial.com

¿Alguien duda de que las auditoras están al servicio de la mano que les de de comer...y para el yate, y para enviar dinero a Suiza...
En este caso al servicio de la casta, que maquilla su gestión de honrada y eficaz.

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ya pero no van a ir a la cárcel y ese es el tema

Yo no sé como estas firmas consiguen mantener su "prestigio" con la cantidad de pufos que meten.

Lo peor ya no es que entidades bancarias privadas confíen en ellas, sino que la administración deposita su confianza en ellas para que le hagan múltiples estudios de los más diversos temas (chanchullos de amiguetes inside) cuando lo podrían hacer los propios cuerpos de la administración.

Tiene razón Zparo reincidente, la mayoría una piara de vendedores de humo powerpointistas.

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vaya merienda de negros que son el timo de las auditorías.

Y el ICAC(Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas) no tiene que decir nada sobre esto??

Pues entonces bien sencillo: Si hay posibilidad de haber incurrido en delito, que caiga sobre ellos todo el peso de la ley, y sino, almenos, que devuelvan el dinero que cobraron por revisar las cuentas.

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fijo que va a ocurrir eso

Tampoco seamos asi. He pasado mil veces por delante del banco de valencia y tampoco vi ningun agujero.

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