Tener oficina a menos de 500 metros de la sede central de la Conselleria de Infraestructuras en la calle Blasco Ibáñez de Valencia y contar, entre otros, con los servicios de un ingeniero aeronáutico que tenga una experiencia de más de 10 años y resida en Valencia y de un licenciado en Derecho con -en este caso- más de 5 años de experiencia y casa igualmente en el "cap i casal" son algunas de las condiciones que impone el departamento de Isabel Bonig a las firmas que opten a un concurso de consultoría en materia de instalaciones aeroportuarias. El contrato resulta muy jugoso: 436.128 euros, IVA incluido, para dos años, con un coste anual estipulado de 84.000 euros para el ingeniero -a 7.000 euros al mes- y el licenciado en Derecho.
El portavoz de Compromís en las Corts, Enric Morera, denunció ayer los hechos al considerar que las exigencias esconden un "traje a medida" en favor de algún despacho ya existente. Morera censuró que el Consell continúa haciendo adjudicaciones a medida como las investigadas de la trama Gürtel. "El mismo día en que se ha sabido que el juez imputa a tres altos cargos de la Generalitat por Gürtel, entre éstos a la directora general de Promoción Institucional de Presidencia, Dora Ibars, hemos detectado irregularidades en el Consell con el mismo patrón que la trama mafiosa orquestada por el Bigotes", aseveró.
"En la vida habíamos visto una condición tan surrealista" como la de tener despacho a menos de medio kilómetro de la conselleria, alertó. Avanzó que va a reclamar al "sucesor de Camps", Alberto Fabra, "todas las explicaciones en las Corts", y reclamó ya la destitución de los altos cargos "implicados".

Vigilar la inversión del Estado
La consultoría consiste en el apoyo técnico a la División de Puertos, Aeropuertos y Costas en la realización de informes para expedientes de autorización de nuevas instalaciones aeronáuticas y de regularización, inspección y sanción de instalaciones existentes. Entre los cometidos, se les exige un "seguimiento del funcionamiento de los aeropuertos de interés general", pero también "del tráfico y las inversiones realizadas en ellos por parte del Estado" y el del "desarrollo aeropuerto en el resto de Comunidades Autonómicas". El despacho también tiene que tener un delineante y un "auxiliar informático-administrativo", aunque en estos casos no se pide ni expediente ni residencia.


Infraestructuras exige que los aspirantes a un contrato tengan oficina cerca de la conselleria - Levante-EMV

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Esto es claramente un traje a medida para conocidos. Luego la gente carga contra los funcionarios de a pie, que tienen su función y sus sueldecillos de mierda, mientras se derrocha el dinero en estas corruptelas.

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Esto es de vergüenza, mejor dicho, de sinvergüenza.

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