El uso fraudulento de subvenciones con fondos públicos por parte de la Junta de Andalucía, y más concretamente de la Consejería de Empleo, acaba de recibir un revés judicial sin precedentes. Además, se trata en este caso de la utilización de dinero del llamado «fondo de reptiles» puesto en marcha en esa consejería aunque de manera «externa» a la misma y sin los pertinentes controles de la Administración, una bolsa de más de 600 millones de euros cuya legalidad ha sido puesta en entredicho por el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla en la causa que mantiene abierta por el fraude de los expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados por el Ejecutivo andaluz y por las ayudas directas de éste a empresas afines precisamente con el dinero destinado a fomento del empleo. Enmedio de este panorama, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acaba de dictar la primera sentencia en contra del uso de ese dinero del «fondo de reptiles». En un fallo de la sala de lo Contencioso-Administrativo del pasado 2 de noviembre, al que ABC ha tenido acceso, el Alto Tribunal andaluz condena tácitamente esta práctica desestimando un recurso que había interpuesto la empresa Tierra Virgen Alimentación por no haber recibido el dinero de una subvención concedida en 2007 por el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo Francisco Javier Guerrero, en el ojo del huracán en la trama abierta por Mercedes Alaya.

La sentencia, así, ratifica la decisión de la Junta de Andalucía de no conceder finalmente el dinero, pero en el repaso de los hechos no sólo pone énfasis en lo ilegal del método por el cual se otorgó la ayuda a la empresa —de la que eran responsables dos exconcejales del PSOE de El Pedroso, donde fue alcalde Guerrero— sino que da traslado del asunto al Juzgado de Instrucción de turno para que determine las responsabilidades penales en que hubiera podido incurrir el director general de Trabajo, otrora mano derecha de los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera, líder del PSOE sevillano, y Antonio Fernández, su sucesor. De esta forma, la sala ordena que ahora se recabe el testimonio de Guerrero. Es de suponer que la causa penal derivará en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla dados los vínculos con el caso matriz.

En los fundamentos de derecho de la sentencia, el TSJA explica que la subvención, de nada menos que 600.000 euros, se concedió mediante una resolución de 12 de noviembre de 2007 rubricada por Guerrero. En ese punto, el juez incide en que «se debe seguir el procedimiento establecido al efecto en el ordenamiento jurídico», esto es, la Ley General de Subvenciones, que «exige que se establezcan unas bases reguladoras de la subvención, que se publiquen y convoque en diario oficial que corresponda, que se presente la solicitud por el interesado, el informe y la valoración de las distintas solicitudes y, finalmente, que se dicte resolución motivada». Según se recalca, en este caso «no se ha efectuado ninguno de los trámites exigidos por la Ley«, apareciendo «únicamente un escrito» de Guerrero en el que se dice que «la Dirección General ha resuelto conceder una subvención específica e incondicionada por importe de 600.000 euros con cargo a una partida presupuestaria». La sala entiende que «no existe procedimiento alguno, limitándose el director general de Trabajo a dictar resolución», pero «sin que exista trámite de expediente previo alguno». «Ni siquiera existe solicitud de otorgamiento» por parte de la empresa radicada en la Sierra Norte sevillana, se dice. Por ello, la ayuda se califica como «nula de pleno derecho».
Es más, el TSJA subraya que Guerrero actuó con el dictado de la resolución de 12 de noviembre de 2007, «tachada y modificada por otra posterior de 10 de enero de 2008, con total desprecio al Derecho y a los trámites exigidos legalmente, prescindiendo total y absolutamente de los mismos, y otorgando lo que califica como subvención cuando no consta siquiera haberse solicitado la misma, disponiendo de 600.000 euros de dinero público en favor de un tercero sin que conste la existencia de causa para dicho reconocimiento». Más claro, imposible. El argumento de la falta de proceso reglado respalda, además, los informes del interventor de la propia Junta advirtiendo de ello y que sus máximos responsables no contemplaron.

Esta empresa, Tierra Virgen Alimentación, había recibido ya dos subvenciones del «fondo de reptiles» entre 2003 y 2004, con Viera como consejero de Empleo; una de 900.000 euros y otra de 450.000. En ese momento administraban la empresa los dos exediles socialistas José Enrique Rosendo y José María Sayago, que en julio de 2007 compró su parte al primero para quedarse como administrador único. Al poco, Sayago se reunió con Guerrero para pedirle la ayuda para su empresa y éste se la dio, aunque luego no llegara a cobrarla. Por ello, comenzó a interponer recursos en 2009, antes de que saltase todo el escándalo de las ayudas con los fondos de Empleo. Llamado por este periódico, Sayago declinó hacer declaraciones al respecto de la sentencia.

Primera sentencia contra el uso del «fondo de reptiles» por parte de Empleo - abcdesevilla.es

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