El coleccionista de subvenciones
La detención del empresario Alejandro Manuel Dávila Ouviña el jueves en su villa natal, A Pobra do Caramiñal, por una presunta estafa de 22 millones ha causado una gran conmoción entre sus familiares y vecinos. Todas las personas consultadas insisten en la discreción que mantenía, tanto en su vida social como en el poder adquisitivo que aparentaba. En lo que también concuerdan las opiniones de los que mantuvieron algún tipo de contacto profesional con Dávila es en su capacidad para lograr subvenciones públicas, ganándose rápidamente esta fama entre algunos colegas de profesión de la comarca en la que residía, Barbanza.
De los más de 20 millones de euros que presuntamente estafó al Gobierno central, a través de un plan de reindustrialización elaborado por la Junta de Andalucía para reactivar el ayuntamiento de Cádiz, se estima que el detenido, en colaboración con al menos tres socios más, fundó más de veinte empresas de las que se habría apropiado de fondos entregados por el Gobierno andaluz con unas condiciones en las que no existían ni intereses ni era necesario presentar avales.
Los detalles de la investigación abierta para seguir la pista de esta presunta trama empezaron a conocerse este verano. Ya entonces la noticia impactó en A Pobra al ser Dávila miembro de una conocida familia que goza de buena reputación. Las informaciones apuntaban a que el empresario estaba requerido por la Justicia, algo que sus vecinos nunca entendieron al coincidir con él por la calle a diario.
Si las gestiones económicas presuntamente ilícitas llevadas a cabo por este empresario en Andalucía ya parecían tener un importe elevado, no menos escandalosas son las iniciativas que según parece puso en marcha con empresas de Barbanza y que sirvieron para iniciar la investigación. Según pudo saber este periódico, el pobrense ejerció hace algunos años como agente de una entidad bancaria, dirigiendo a la vez una asesoría de empresas desde la que solicitaba ayudas públicas para beneficio de sus clientes sin su consentimiento, algunos de los cuales tienen aún hoy problemas con Hacienda.
La presunta falsificación tanto de documentos como de matasellos de la Agencia Tributaria, que empleaba en trámites de sus clientes cuando regentaba la asesoría, fue el origen de una investigación que acabó descubriendo el entramado empresarial andaluz en el que figura como principal promotor.
En A Pobra llegó a plantear hasta diez iniciativas locales de empleo, siempre con el presumible propósito de que pudieran acogerse a subvenciones de la Xunta. La que más cerca estuvo de conseguirlo fue una destinada a la instalación de una especie de huerto solar en una finca rústica. La iniciativa contaba, al parecer, con el apoyo del Igape, pero nunca llegó a completar el proceso.
La culpa ya no es solo del que estafa, habría que poner a todos los implicados a picar piedra y marcarlos en la frente como a los caballos 
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05-nov-2011, 17:22
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