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Tiene como un aire retro, no os recuerda a esta otra?

jojojojo!!, que buenas gráficas


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Antiguo 24-feb-2007, 09:39
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24/2/2007
PROCESO JUDICIAL POR UN DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA

http://www.elperiodico.com/default.a...seccio_PK=1022

La justicia investiga un fraude fiscal millonario en la venta de dos fincas

• Doce imputados por la transacción del Palau Burés, que está protegido, y un bloque del paseo de Gràcia

• La fiscalía sostiene que parte del dinero viajó a Luxemburgo mediante operaciones ficticias


J. G. ALBALAT
BARCELONA
Un juzgado de Barcelona está investigando un presunto fraude fiscal millonario por la operación de venta de Palau Burés, un edificio modernista clasificado de interés artístico ubicado en el la calle de Girona esquina con Ausiàs March, y de otra finca en el número 91 del paseo de Gràcia, una de las zonas más caras de la capital catalana.

En la trama, según la querella de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, están implicadas familias acaudaladas, abogados de renombre e inmobiliarias. La juez encargada del caso ha citado a declarar como imputadas a 12 personas.

Los dos edificios fueron vendidos en el 2001 y el 2003 por 36,3 millones de euros (6.040 millones de pesetas) y parte de este dinero, unos 12 millones de euros, fueron a parar a sociedades domiciliadas en Luxemburgo para, según la fiscalía, eludir el pago de impuestos en España.

La cuota presuntamente defraudada sería de 2,4 millones de euros.

La acusación pública se querelló en enero, tras recibir los preceptivos informes de la Agencia Tributaria, contra los vendedores, intermediarios y compradores de las fincas, entre los que se encuentran altos directivos de las constructora Bami, que en el 2003 se fusionó con la inmobiliaria Metrovacesa --cuyo presidente, Joaquín Rivero Valcarce está imputado y citado para la próxima semana--, y Eurosigma.

INGENIERÍA FINANCIERA
La querella de la fiscalía, que ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona y cuya titular ya ha comenzado el interrogatorio de los imputados, destaca que la venta de los dos inmuebles se realizó a través de lo que "podría considerarse operaciones de ingeniería jurídica y financiera", organizadas para eludir el pago de los impuestos.

A su entender, los querellados (algunos pueden quedar fuera del proceso) han cometido tres presunto delitos contra Hacienda.

El edificio número 91 del paseo de Gràcia y el Palau Burés de la calle de Girona, eran propiedad de las sociedades Invertex Barcelona y Diseños Modernos, cuyo verdadero titular, a pesar de que como administradores figuraban otras personas, era Jorge Mas del Carmen.

Tras su fallecimiento en 1999, las fincas pasaron a manos de su viuda, Gloria Rispa Andreva, una de las querelladas y que, según fuentes judiciales, ha admitido que parte del dinero fue a parar a Luxemburgo por unos problemas de herencia con la familia del que fuera su marido.

El 19 de este mes la mujer depositó en el juzgado la cantidad presuntamente defraudada al fisco, 2.4 millones de euros, y ha regularizado sus situación ante Hacienda.

DINERO EN EL EXTRANJERO
Invertex vendió el 22 de noviembre del 2001 el edificio del paseo de Gràcia a Bami por 11,4 millones de euros, IVA incluido.
Dos años después, el 13 de mayo del 2003, la otra empresa, Diseños Modernos, vendió el Palau Burés a Landscape Augusta por 24,9 millones. Según la fiscalía, como estas compraventas suponían unas importantes consecuencias tributarias por el alto beneficio real, la querellada Gloria Rispa, junto con los otros imputados, "diseñaron un fraude" que consistía en simular en ambas operaciones la existencia de supuestas opciones de compra sobre los edificios, a favor de diferentes sociedades, que fueron canceladas con anterioridad a la venta a cambio de "unos importes desorbitados".

Los pagos por la renuncia a las opciones de compra suponían minorar de forma fraudulenta los beneficios y conseguir desviar fondos a Luxemburgo, a nombre de compañías opacas, como The Net Global, y en las que intervino alguna firma radicada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes, según la acusación pública. "La sucesión de contratos de opción de compra aparece como puramente ficticia", según la fiscalía.



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