Las fundaciones y organismos autonómicos emplean a 12.136 personas, el doble que Ford Almussafes, y cuestan 2.600 millones - El 18 % va a salarios - Fabra promete adelgazar el entramado y acabar con el descontrol contable

Entre el primero A y el octavo F de una finca con solera de la calle Colón de Valencia se encuentra la especie de piso franco que ha albergado la fundación pública Gestión y Eficiencia Empresarial (GEE) desde 2007. Ni el más sagaz de los sabuesos habría descubierto un detalle (un nombre en un buzón, un cartelito en la puerta o en el videoportero) que diera pistas sobre la ubicación exacta de una entidad que emergió de la clandestinidad gracias a un escándalo, al intento de la diputación de desviar hacia sus arcas 300.000 euros detraídos del Patronato de Turismo. Las cuentas de esa entidad en 2008 no llevaban la preceptiva memoria de actividades. Nunca una irregularidad fue más honesta. Porque la fundación fantasma no tuvo más actividad que pagar 80.560 euros por tres informes de consultoría y 100.925 euros de salario a dos empleadas.

La GEE responde al perfil de los «chiringuitos» que brotaron como setas al calor de una copiosa recaudación fiscal y un Consell que quiso centrifugar deuda, evitar la fiscalización y tener una vía paralela para colocaciones clientelares y adjudicaciones sin el corsé de la ley. Es una de las siete fundaciones, de las 33 de la Generalitat, a la que se le ha aplicado la eutanasia, igual que a dos empresas publicas de nombre pomposo: la Valentian Community Investment (VCI) y la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica de la Comunitat Valenciana.

Corren tiempos para la deconstrucción y el ahorro en un sector público valenciano que, según el Ministerio de Economía, está integrado por 118 sociedades y fundaciones —en 38 de las cuales la Generalitat es minoritaria— y que se ha cuadruplicado desde que en 1995 el PP en el Palau. Solamente las 79 entidades de control mayoritario del Consell dan empleo a 12.136 personas. La plantilla de la factoría Ford en Almussafes la comprenden 6.500 trabajadores.

El proyecto de ley de presupuestos para 2012, que mañana entra en las Corts y que encoge las cuentas un 6,4%, contempla unos 900 millones de recorte —oficialmente se había augurado una rebaja de 400— en el conglomerado que orbita en torno a la Generalitat.

La letra y la música con la que actuará la podadora del presidente Fabra y de los consellers Enrique Verdeguer y José Manuel Vela se detalla en dos normas aprobadas a principios de mes: el Decreto Ley de Régimen Económico-Financiero del Sector Público Empresarial y Fundacional y el decreto de creación de la Corporación Pública Empresarial Valenciana. Con nombres tan eufemísticos como Plan Estratégico de Racionalización y Reestructuración del Sector Público —cuya entrada en vigor se prevé para el segundo trimestre de 2012— se ha bautizado una intervención quirúrgica de triple alcance en sociedades y fundaciones públicas: acabar con los abusivos sueldos de directivos, reducir personal y poner coto a las contrataciones ilegales. Gastar menos y hacerlo con mayor transparencia. Esa es al menos la teoría.

Así, el decreto obliga (artículo 18.1) a las entidades a publicar cada año en el DOCV la relación de puestos de trabajo o a «seleccionar directivos» con criterios de «competencia, profesionalidad y experiencia», además de obligarles a declarar «bienes y actividades» como cualquier cargo público. Sólo en nóminas, el Consell dedica 462 millones anuales al sector público. Más de 46 millones se dedican a pagar a los empleados de las 33 fundaciones públicas, que tienen a 850 valencianos en nómina. Para el portavoz de Función Pública del PSPV en las Corts, Rafael Rubio, se trata «en su mayoría de colocados a dedo por el PP».

Capar y vigilar al monstruo
Si la mayor de las empresas públicas, por plantilla, es Ferrocarrils de la Generalitat (FGV), con 1.933 empleados, la fundación más poblada es la que gestiona el Palau de les Arts, con 363 empleados y una carga de nóminas que roza los 16 millones. De esa cantidad, 180.000 euros corresponden al sueldo de la intendente, Helga Schmidt, que, sumadas las dietas, se planta en unos 283.000 euros. Cuatro veces y media lo que percibe el presidente de la Generalitat. En el citado decreto, se da un plazo de seis meses para que los salarios de los directivos se igualen al de los altos cargos del Consell y se acabe con los supercontratos blindados. Entre las medidas adoptadas para capar el crecimiento del monstruoso sector público y poner orden al caos de gestión, está prohibir contratar asesores u obligar a las entidades a presentar trimestralmente informes contables y planes de viabilidad si hay desequilibrios. Un «auditor interno» hará revisiones complementarias a las de las de las consultoras privadas, si es necesario. Si una firma no satisface en plazo los pagos a proveedores, su actividad podrá paralizarse.

La vigilancia de las fundaciones desde el Consell y la ejecución concreta de los recortes estarán en manos de la corporación pública empresarial que quedará constituida el 1 de enero. Será la que dictaminará sobre si es o no viable una empresa y si se ha de liquidar. Así lo recogen las nuevas normas para ordenar el desbarajuste de un sector que cuesta 2.600 millones al año y que acumula una deuda total que supera los 10.381 millones. Un decreto que quiere acabar con prácticas nada ortodoxas, pero recurrentes, según se encarga de subrayar el Síndic de Comptes.

En el informe de 2009 se denuncian irregularidades e ilegalidades en los «procedimientos de gestión de compras e inversiones» en el Palau de les Arts, en los contratos sin atender la «publicidad, igualdad, mérito y capacidad» de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias o los «incumplimientos significativos de la legalidad» en la Fundación Valenciana de la Calidad.

Fundaciones para casi todo
Una fundación, la de la calidad, cuyo objeto social es «el fomento de la economía desde la vertiente de la gestión de la calidad, singularmente el aseguramiento de la calidad de los procesos y de los productos, el incremento de la productividad, la implantación de la mejora continua y la búsqueda de la excelencia». Todo eso, ahí es nada, es abordado por 7 empleados, que cobran 300.000 euros. La Agencia Valenciana de la Energía (AVEN) necesita más mandos y tropa. 30 en total (1,5 millones en salarios), para repartir subvenciones, a menudo de forma irregular, según la Sindicatura. En 2009 se detectaron, sólo en el muestreo analizado, siete expedientes en los que ni siquiera se consultaron «como mínimo tres ofertas distintas».

En otro caso, el beneficiario de una ayuda de 143.362 euros ya había recibido «otra subvención para el mismo proyecto». Ahí quedó la cosa. Porque las empresas y fundaciones públicas son la puerta trasera para entrar y salir de la Administración sin pasar por registro. Y no sólo en la Generalitat. Las 48 firmas públicas y fundaciones de las tres diputaciones y de municipios de más de 50.000 habitantes revisadas por el Síndic vulneraron en 2009 la Ley de Contratos. Todas.

El sector público es un caladero para faenar con bandera pirata. Los directivos de la trama Gürtel lo entendieron como nadie. Pescaron 5,3 millones de la Agència Valenciana de Turisme (AVT); 516.000 euros en una adjudicación irregular de la difunta Sociedad Gestora para la Imagen de la Comunitat Valenciana a Orange Market para montar la fiesta de la Volvo Ocean Race y cobraron 957.000 euros de comisión por el contrato que el ente público RTVV adjudicó a Teconsa (7,4 millones) para la cobertura audiovisual de la visita del Papa a Valencia.

En la opacidad que reina en el lado oscuro de la Generalitat, crecen rarezas como que un contrato audiovisual se lo llevó una constructora, que una firma de telecomunicaciones ligada a la trama (Apogee) fue adjudicataria (100.000 euros) de la seguridad de la misa papal o que la Fundación la Luz de las Imágenes financió el Open de Tenis de la Comunitat Valenciana, con 14.986 euros en 2005 y 25.000 en 2006. Porque Álvaro Pérez «El Bigotes» tenía por costumbre pasar el cepillo por empresas y fundaciones.

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12.000 enchufados del PP dispuestos a ejercer de cibersorayos en cualquier momento. Hay que estar alerta.

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Y por supuesto nadie pisará la cárcel por este expolio, que siga la fiesta con el borregamen haciendo palmas y votando PPSOE.

Mantener a un recluso en España supone un gasto medio de 54,79 euros al día. La empresa norteamericana Corrections Corporation of America se encarga de la gestión privada de más de 64 centros penitenciarios en EEUU. Su gestión reduce el coste diario medio por recluso a 40,90 dólares (29,42 euros)

Iniciado por EL FARAON

¿Que quiere?, encima que roban a manos llenas y no devuelven ni un euro de lo robado, solo falta que los mantengamos...

¿Sabe cuanto cuesta mantener a un condenado en la carcel?...

Mantener un preso en Espaa es un 46% ms caro que en EEUU - Libertad Digital