Los libros que han llenado las estanterías durante años. El cuadro perfecto que tanto les costó encontrar para el comedor. La colección de películas y música que les han hecho disfrutar durante horas. Todos sus enseres y recuerdos, metidos ahora en cajas de cartón y bolsas de basura. Cada día se producen en la Comunitat más de 40 desahucios. De aquí a final de año, los juzgados valencianos embargarán en torno a 3.000 viviendas más. Pero todo apunta a que lo peor todavía está por llegar.

Las previsiones son amargas. Según estima la asociación de usuarios de bancos, cajas y seguros (Adicae), alrededor de 27.000 familias en la Comunitat ya han comenzado a no poder pagar las hipotecas de sus viviendas aunque todavía no han sido demandadas por las entidades bancarias. «Estos datos expresan la extrema gravedad social y económica del problema hipotecario en España», afirman desde la agrupación.

Y otra cifra preocupante. Otras 16.000 familias valencianas se encuentran ya inmersas en procesos de ejecución hipotecaria, según Adicae. «Los desahucios actuales que dejan a la gente en situaciones de auténtica emergencia son procedimientos de 2008. aún quedan el resto. En el segundo trimestre del año, la provincia de Valencia ha sido la segunda con más solicitudes de embargo», resalta Yolanda Prats, una de las portavoces de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) en Valencia.

Aunque todos sufren en los desalojos, hay dos perfiles especialmente vulnerables: los inmigrantes (que no tienen familia) y las madres solas que están con hijos pequeños a cargo.

Miguel Ruiz y Mari Carmen Jiménez conocen de primera mano este drama. «Cuando firmamos el contrato de la vivienda, nunca pensamos que acabaríamos así», admiten. Así es sin casa y con una deuda de 120.000 euros. Desde hace cinco meses viven entre casas de familiares y de amigos. También comen gracias a ellos.

Él, diseñador gráfico, y ella, ilustradora, dieron en 2006 el paso de comprarse un piso. Por aquel entonces, ambos tenían un trabajo con lo que podían afrontar la cuota inicial de 740 euros mensuales. «Pero a los tres años y medio nos quedamos sin empleo y nos vimos obligados a dejar de pagar. Además, nos había subido la mensualidad a casi 1.200 euros. Fuimos al banco a intentar negociar pero no quisieron», lamenta este valenciano de 43 años.

Antes del verano, una comisión judicial se presentó en su vivienda con una orden de lanzamiento. «Entraron por la fuerza. Conocía mis derechos y los expulsé de mi casa. Sabía que tenía derecho a un mes para irme», relata. Y se marcharon.

Ahí comenzó una cuenta atrás agónica. El día previsto del lanzamiento, con todo recogido, recibieron el apoyo de otros miembros de la PAH y del movimiento 15-M. «No apareció nadie pero nosotros nos fuimos igualmente. Al cabo de una semana ya nos habían cambiado la cerradura».
Cerraron la puerta dejando dentro todos sus recuerdos y con una gran sensación de impotencia. «Es algo tan injusto...», admite Miguel, que reconoce que se han planteado marcharse a otro país.

«Estamos sin ningún tipo de protección social. Hemos pedido la renta garantizada de ciudadanía y nos han dicho que de los solicitantes de este año, todavía ninguno la ha cobrado», denuncia. Hoy, Miguel y Mari Carmen siguen sin trabajo, sin casa y con la obligación de pagar el resto de un inmueble del que ya no pueden disfrutar.

Porque la tragedia no termina cuando los afectados se quedan sin su casa. Las personas desahuciadas tienen que saldar el resto del préstamo. Por eso, las asociaciones y la PAH proponen que se modifique la ley para regular la dación en pago, es decir, que la deuda quede saldada con la entrega del inmueble.

«Estas personas entran en la lista de morosos y eso afecta en cosas tan cotidianas como pedir el cheque-bebé o comprarse un móvil», advierte Prats. «Yo sé que en cuanto tenga un trabajo que supere los 900 euros, lo que cobre más allá de esa cantidad se lo va a ir quedando el banco para recuperar la cantidad adeudada. ¿Así cómo vamos a salir adelante?», lamenta Miguel.

Demasiado riesgo
Desde Adicae explican que hasta 2007, las familias contrajeron hipotecas de hasta 40 años comprometiendo en muchos casos más del 50% de sus ingresos. «Además, en numerosas ocasiones, se concedieron por un importe superior al 100% del valor de tasación frente al 80% exigido por ley, lo que supone una exposición desmesurada al riesgo».

La plataforma hipotecaria de Adicae lucha por una moratoria hipotecaria de tres años. «Con independencia de exigir un cambio legislativo, hay que buscar una solución temporal a los problemas de miles de ciudadanos». El aplazamiento que propone Adicae «permitiría aliviar la drástica situación de cientos de miles de familias y les permitiría una recuperación económica que llevaría incluso a rehabilitar sus préstamos hipotecarios», argumentan.

La Plataforma Stop Desahucios Valencia sigue plantando cara a los embargos apoyando a los afectados. Pero su lucha más profunda es por el cambio de la ley hipotecaria, «que es el del siglo XIX y se sigue aplicando en el XXI». Mañana estarán en un lanzamiento en Sagunto y tiene dos más previstos en los próximos días para tratar de frenarlos.

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