La mayoría de autonomías mantiene sus ‘embajadas’ en Bruselas en plena crisis

CON UN COSTE TOTAL DE 10 MILLONES ANUALES; SOLO CASTILLA-LA MANCHA HA CERRADO SU OFICINA

Ángel Collado 16/10/2011 (06:00h)

Unas tienen sede en propiedad de 4,3 millones de euros, otras alquilan hasta 1.000 metros de oficina a 80.000 euros al mes; las hay montadas como delegación diplomática de país independiente, con su director general y una docena de funcionarios; también existen meras oficinas comerciales con financiación en parte privada para mero fomento de exportaciones; unas cuestan 135.000 euros al año, otras pasan de los 2 millones; casi todas carecen de proporción lógica entre gasto y tamaño. Es el retrato de las 16 embajadas de las Comunidades Autónomas españolas en Bruselas, el tradicional espectáculo de caos y despilfarro de los gobiernos regionales, que sigue pese a la crisis y del que sólo se ha desmarcado la Junta de Castilla-La Mancha (María Dolores de Cospedal), se va salir el Principado de Asturias (Francisco Álvarez-Cascos) y se coloca al margen Madrid con un modelo semiprivado.

Las autonomías tienen tejida una red de 185 oficinas de representación en todo el mundo paralela al servicio diplomático español que costaba en 2009 unos 150 millones de euros, según los datos aportados por el Gobierno al Congreso con todo detalle hace año y medio. Era la primera vez que el Ejecutivo hacía una relación completa de embajadas y oficinas de las comunidades autónomas para dejar constancia de la magnitud y descoordinación alcanzada. Una cuarta parte de esas representaciones eran de la Generalitat catalana.

Las comunidades con ejecutivos nacionalistas -también el País Vasco- han creado un servicio diplomático propio con delegaciones -que son copia de embajadas- y tienen instalado en los principales países europeos y americanos. Ponen al frente a un jefe con rango de director general (80.000-100.000 euros anuales más visa para gastos) y una plantilla de funcionarios a su cargo. En Bruselas se repite el modelo y el porcentaje. La Generalitat mantiene una sede ante y frente a las instituciones comunitarias de 1.000 metros cuadrados en dos plantas por la que paga 80.000 euros al año. En ella trabajan 12 funcionarios más su jefe.

Como cada autonomía gasta lo que quiere y ofrece los datos que le viene en gana, es muy difícil dar una cifra exacta de lo que cuestan el conjunto de sus oficinas en Bruselas. Unas tienen sede comprada, otras alquilan, la mayoría sólo facilita el gasto del inmueble sin contar el sueldo de los funcionarios, algunas incluyen al personal de plantilla fija y no los eventuales o becarios. El desorden habitual.

Mas recorta en hospitales, no en embajadas

No obstante, en fuentes comunitarias se calcula un gasto mínimo anual de 10 millones sólo en sedes y funcionarios y, dado el despliegue de la Generalitat, se imputa a los catalanes al menos un 20% de ese gasto. Artur Mas dejó claro nada más llegar al cargo que en sus recortes presupuestarios no iba a incluir las embajadas, que son parte fundamental en su “proyecto nacional” hacia la independencia. Y lo está cumpliendo pese a que tenga que hacer ahorros en los servicios fundamentales para el ciudadano como la sanidad.

A la delegación nacionalista catalana le sique en gasto y peso diplomático la del País Vasco, montada por el PNV y mantenida por Patxi López con un gasto de 1,28 millones en 2010, un jefe de delegación de alto rango y ocho funcionarios fijos. En el caso de Galicia cambiar el modelo, no se trata de una copia de embajada, sino de una fundación llamada Galicia-Europa montada con convenios con entidades privadas. Declara un gasto de 714.000 euros anuales.

Reconversión de la Comunidad Valenciana

La oficina de la Generalitat Valenciana llegó a engullir fondos públicos en los primeros tiempos de Francisco Camps como si fuera una delegación de gobierno nacionalista, hasta dos millones de euros en el arranque de la crisis. En los presupuestos del año pasado empezaron los recortes de hasta 500.000 euros y, con la llegada de Alberto Fabra al poder en mayo pasado, la reconversión drástica. Ha retirado a parte del antiguo personal fijo e incluso la responsable de la delegación va y viene a Bruselas cuando se tiene que ocupar de algún asunto, según se comenta en medios comunitarios admirados con el cambio hacia la austeridad de los valencianos.

El funcionamiento de la oficina de la Junta de Andalucía es un misterio en Bruselas. Es la que cuenta con más personal, 14 funcionarios, pero sostiene que no gasta más de medio millón de euros anuales. La del Gobierno regionalista de Canarias está en los mismos parámetros: una docena de empleados y sólo 300.000 euros de presupuesto.

Areces gastó 4,3 millones en la oficina

Asturias es un caso rompedor. El socialista Ramón Álvarez-Areces compró en 2004 una sede para delegación en Bruselas por la que pagó 4,3 millones de euros. Nada más llegar Francisco Álvarez-Cascos al Gobierno del Principado decidió cortar con el despilfarro y no se conformó con recortes: va a vender la sede para conseguir fondos en vez de seguir gastando.

La Comunidad de Madrid presume de haber creado un modelo distinto de delegación en Bruselas. No tiene carácter político y se dedica a la gestión y apoyo a las empresas. Se sostiene en buena parte por convenios con entidades privadas y reporta a la Comunidad mucho más de lo que gasta. Tiene un presupuesto de 480.000 euros al año, el más bajo de todas las autonomías si se tiene en cuenta el peso económico de la región representada.

El resto de los gobiernos regionales también tienen oficinas de representación en la capital belga, en los que gastan entre 135.000 euros anuales (La Rioja) y unos 300.00 euros, que es la media de las Comunidades más pequeñas como Navarra. La oficina de Murcia, de las más pequeñas, incluye a Ceuta.