13.10.2011 Valencia A.C. A. 1

Cuando en 2008 los primeros coletazos de la crisis empezaron a cobrarse sus primeras víctimas en el sector inmobiliario, muchas constructoras valencianas giraron su vista a la obra pública. Aunque la competencia se había disparado y los precios caían, el sentir general entonces se resumía en las palabras de un empresario del sector: “No hay cliente más seguro que la Administración”.

Tres años después el color del cristal es completamente distinto. Si hasta no hace mucho la mayoría de las constructoras que se veían abocadas a la insolvencia tenían una fuerte vinculación al sector inmobiliario, como Llanera o Blauverd, en los últimos meses han recurrido a los juzgados de lo mercantil empresas que han tenido como principal actividad la obra pública, como Franjúan, BM3, la antigua Sedesa o Emosa, que según fuentes sindicales además de plantear el despido de toda la plantilla ha recurrido al preconcurso.

Una lista que se completan con las murcianas Villegas e Intersa, que durante los últimos años han tenido una intensa presencia en la Comunidad Valenciana.Los motivos de su situación son casi siempre los mismos. A las dificultades financieras generales se une la morosidad de las administraciones públicas, con plazos que llegan a alcanzar los dos años. Una situación que ha llevado a parar obras, al negarse los bancos a seguir adelantando dinero a las constructoras por la acumulación de papel comercial que supera los límites de sus líneas de crédito.

La cifra de lo que deben las administraciones a las constructoras resulta difícil de cuantificar, especialmente por el peso de las administraciones locales. En el caso de la Generalitat, en el sector la horquilla se sitúa entre 900 y mil millones. Un círculo que además se alimenta por la propia peculiaridad del sector, donde la subcontratación provoca un efecto dominó cuando una de las fichas cae, especialmente en pequeños proveedores.

“De las 11.000 empresas y autónomos que han desaparecido en el primer semestre en España unas 5.400 corresponden a la construcción”, señala José Luis Colomer, secretario general de la Federación de la Construcción de Comisiones Obreras. Las propias patronales del sector, la autonómica Fecoval y la Cámara de Contratistas –que agrupa a los grandes grupos nacionales– lanzaron un duro aviso a las administraciones hace un par de años en que alertaban del riesgo para 200.000 empleos.

Pérdida de empleo

La construcción ha pasado de 250.000 trabajadores en la región en 2007 a unos 80.000 actualmente. “Para el segundo semestre se espera más de lo mismo y el panorama se muestra muy sombrío también para 2012”, señala el secretario de Fecoma.

Otro de los grandes obstáculos para las firmas de obra pública es la Ley de Contratos Públicos, que prohibe adjudicar contratos a empresas en concurso de acreedores. Es decir, para muchas empresas que no tienen capacidad de internacionalización, llegados al punto de la insolvencia resulta más sencillo cerrar ante el panorama de no poder lograr nuevas obras. De hecho, en el sector se reconoce que en muchas firmas se opta por crear sociedades paralelas para esquivar este escollo.


Expansión.com

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No hace falta que lo juren, pues no llevan estos señores años jodiendo a gente con esta práctica, a otras empresas y autónomos que no tienen tal capacidad de "regeneración".
La empresa será nueva pero la inutilidad de sus gestores es la misma, total si entran en concurso de acreedores chapan y a por otra, y al que le pille en medio que se joda

Quizás me he salido un poco de la temática del hilo pero es que al leer según que cosas me enciendo

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