El 12 de septiembre, un Juzgado de lo Social de Madrid daba al PSOE una pésima noticia: su titular había decidido admitir a trámite la demanda de los trabajadores de la Fundación Ideas (que depende orgánicamente del partido y que preside el ex ministro de Trabajo Jesús Caldera) contra el PSOE y contra la propia Fundación. Con la judicialización del conflicto colectivo se daba un paso más en el duro enfrentamiento interno que arrancó el 1 de enero; una verdadera convulsión laboral en el seno de la formación política que lleva a gala en sus siglas la defensa de los intereses de los trabajadores. El acto de conciliación, en el que demandantes y demandados volverán a verse las caras, ha sido señalado para enero.

En el origen de este pleito, que empaña aún más el entorno del candidato Alfredo Pérez Rubalcaba a dos meses del 20-N, está la constitución de la Fundación Ideas a finales de 2008 y la absorción dentro de ella de las viejas fundaciones ligadas al partido, reconvertidas durante el proceso en «institutos». Se integraron todas, —Jaime Vera, Ramón Rubial y Progreso Global—, menos una: la Fundación Pablo Iglesias, retiro de oro de Alfonso Guerra y que sobrevive de forma independiente a Ideas.

A raíz de esta fusión, la empresa (es decir, el PSOE, pues partido y Fundación comparten dirección empresarial, económica y administrativa) decidió de forma unilateral modificar a la baja las condiciones de trabajo de una parte de los empleados de Ideas. De sus 48 trabajadores en plantilla, 21 fueron contratados por la Fundación tras su constitución y los otros 27 provienen del propio PSOE y de las viejas fundaciones socialistas. Es este segundo grupo de empleados el afectado por el recorte.

Con fecha 1 de enero de 2011, y con un parco correo electrónico como única notificación, se empezó a aplicar a los 27 trabajadores absorbidos por Ideas el Convenio de Oficinas y Despachos de la Comunidad de Madrid, —el que tenían los otros 21—, lo que supuso una merma significativa de sus condiciones laborales, antes reguladas por el muy favorable Convenio Colectivo de la empresa Partido Socialista Obrero Español. Valga como muestra un botón: sin mejora salarial (más bien todo lo contrario), 21 de ellos vieron incrementada su jornada laboral un 15,63 por ciento; otros seis, un 25,93 por ciento.

Numerosos son los beneficios de los que se han visto privados los demandantes. Entre otros, han perdido el plus por hijo, no se les reconoce la antigüedad, se ha suprimido la ayuda de comedor (tique restaurante), no se ha actualizado la tarifa de la ayuda de transporte (equivalente al abono transporte), la base salarial es inferior, no cobrarán el sueldo íntegro en caso de baja prolongada por enfermedad y tampoco tendrán derecho a un reconocimiento médico anual gratuito (incluida revisión ginecológica para las mujeres). También les quitan vacaciones (en Navidad y Semana Santa) y estarán obligados a «devolver» a la empresa las horas que dejen de trabajar cuando, en los meses de verano, tengan jornada intensiva.

Entre los trabajadores afectados por el tijeretazo, según aseguran fuentes consultadas por ABC, hay militantes del PSOE, indignados por el trato «discriminatorio» que reciben, en comparación con las condiciones laborales de otros compañeros del partido. Los recortes, por ejemplo, no han afectado ni a Alfonso Guerra, ni a su secretaria, que siguen sujetos a un convenio colectivo propio, pero exactamente idéntico al del PSOE.

Las fuentes citadas aseguran que se han creado «una primera y una segunda división» de trabajadores, en función del convenio colectivo que se aplica.
Empleados «de segunda»

Por supuesto, los representantes del PSOE que estos meses se han sentado a negociar —aunque de forma infructuosa— con los trabajadores, forman parte de esa división de honor. Sus nóminas no se han visto afectadas y su convenio sigue siendo el del PSOE. Es el caso del gerente del partido, Xoan Cornide, mano derecha y amigo íntimo del ministro de Fomento, José Blanco. Su nombre es, además, uno de los que han aparecido vinculados a la trama de comisiones ilegales destapada en Galicia con la «operación Campeón».

La demanda, a la que ha tenido acceso ABC, acusa al Comité Federal del PSOE de haber incurrido en «fraude de ley y abuso de derecho en perjuicio de los derechos de los trabajadores». Asegura que se ha obviado el mandato del 37 Congreso Federal del PSOE, que se decidió crear la macrofundación Ideas e integrar en ella a las demás. Y aprovechando esa fusión, añade el texto, «pulverizar y degradar sustancialmente los derechos de los trabajadores» de Ideas.

Sostiene que se ha producido una «discriminación en materia de condiciones de trabajo», pues, a efectos laborales, PSOE y Fundación Ideas son «una única empresa».

Añaden que el PSOE ha vulnerado el Estatuto de los Trabajadores y también la Constitución, por cuanto ha creado una situación de inseguridad jurídica a sus empleados y les ha privado del «derecho a la negociación colectiva». De hecho, todas las decisiones han sido adoptadas por la empresa de forma «unilateral» y «sin negociación, preaviso ni motivación de ningún tipo», algo prohibido por ley.

«Negociación» bajo amenaza
El 8 de septiembre, el gerente del PSOE, Xoan Cornide, envió a los trabajadores una carta en la que les conminaba a retirar la demanda para sentarse a negociar. Cornide avisa en el escrito: la empresa mostrará «voluntad de diálogo» «siempre que se busque una solución interna de esta situación» y no se produzcan interferencias «por mediación de procedimientos externos o judiciales». «No se discutirá nada que esté todavía bajo denuncia», afirma taxativo el gerente, amigo personal del ministro José Blanco..