La veintena de ancianos que recala a diario en el centro de mayores de Moratalla (Murcia, 8.500 habitantes) recibe a su directora, la pedagoga Cándida Marín, con la misma pregunta: “¿Candi, has cobrado?”. Y la respuesta, desde los últimos cuatro meses, siempre es la misma. “No”. Marín (Moratalla, 1967), como los 80 trabajadores municipales, la mitad de ellos funcionarios, encarna el eslabón más débil de la asfixia económica de su Ayuntamiento, atenazado por una deuda de 29 millones y descubiertos bancarios de 250.000 euros. “El Consistorio me debe a mí y a mi marido, que también es empleado municipal, 12.000 euros, estamos desesperados”, dice con voz quebrada al otro lado del teléfono. La deuda media por trabajador es de 6.000 euros y el tsunami de impagos ha convulsionado la economía local, lastrada por el paro. “Sales menos, compras menos y solo consumes lo necesario”, se queja.
La pedagoga no atisba la salida. El Ayuntamiento, gobernado con mayoría absoluta por el PP tras las pasadas elecciones municipales, tampoco. “Desconocemos cuándo pagaremos los retrasos y las próximas nóminas”, admite el teniente de alcalde, Juan Soria, que atribuye todos los males financieros a una deuda de 2,8 millones con la Seguridad Social que impide que aterricen las subvenciones.
La crisis ha desplomado los ánimos y disparado los casos de ansiedad. “El pueblo lo está pasando muy mal”, dice Marín, que ante la incertidumbre congeló la renovación del vestuario de sus tres hijos. “Los impagos del Ayuntamiento han acorralado a mi familia”, añade. No obstante, esta mujer se considera una privilegiada respecto a sus compañeros con contratos de media jornada —500 euros mensuales—, a los que los impagos han confinado al umbral de la pobreza. También está mejor que la veintena de policías locales, que además de no cobrar la nómina tienen que patrullar a pie y con la munición bajo mínimos. “Se juegan la vida”, indica contundente la educadora, delegada de CC OO y portavoz de sus compañeros, que se muestran esquivos con la prensa para evitar posibles represalias. Para todos ellos, el marchamo de estabilidad por trabajar para una Administración saltó por los aires el día que llegó el primer impago. “Pensábamos que el Ayuntamiento nunca nos iba a fallar y mira cómo estamos”, lamenta.
Entre el desconcierto, ha nacido la solidaridad. Los trabajadores prestan dinero a sus compañeros con menos recursos y aquellos que corren el riesgo de ser desahuciados de sus casas por no pagar sus hipotecas. “Es lo único bonito que ha traído esta desgracia, por lo demás el ambiente se ha enrarecido”, avisa.
El panorama es “dramático”. Por eso, Marín y sus compañeros se concentraron ayer por la tarde ante el Consistorio de Moratalla para pedir una explicación a los políticos. La educadora, no obstante, se aferra al centro de mayores, donde lleva seis años. “No me imagino fuera de aquí, donde los ancianos me dan su cariño cada vez que me preguntan si he cobrado”.