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Desde luego, el FITUR ya no es lo que era... ¡Qué buena noticia!:



Ecologistas arrojan falsos billetes de 500 euros y aguas fecales en Fitur para protestar por la especulación urbanística

5 feb (Coordinadora Española Defensa Territorio)

La CCDT exige a Fitur que prohiba la presencia de grandes promotoras en la feria, y al mismo tiempo manifiesta su apoyo a la representación en la feria del turismo rural y otras formas de turismo sostenible, pidiendo que se amplie su presencia, eliminando en cambio la de las grandes promotoras del turismo insostenible y destructivo.

Los activistas han vertido varias garrafas con aguas contaminadas por verdidos fecales de Las Rozas, lugar donde tuvo lugar la asamblea estatal del día anterior, y al mismo tiempo repartieron 10.000 billetes de 500€: el acto simbólico representa las dos caras de la especulación urbanística: por un lado el más conocido de la corrupción y por otro el de el estado tercermundista de las infraestructuras básicas como el saneamiento, que hace que miles de urbanizaciones en todo el pais estén sumidas en los vertidos fecales, producto del urbanismo salvaje que satura las infraestructuras, de la falta de planeamiento y la dejación de funciones de la administración. También se desplegaron dos pancartas gigantes de 25 metros a ambos lados del acceso principal de la Feria, con los lemas: NO A LA LEY DE SUELO y STOP DESTRUCCIÓN. Durante dos horas y media se repartieron 10.000 billetes de 500€ y se desarrolló una gran pitada a la entrada de la feria.

Con ello denuncian también la estafa del negocio inmobiliario, con un ínidice de publicidad engañosa del 98%: tras la fachada inmaculada de las promociones que venden las promotoras se enciantra a menudo la realidad apestosa e insalubre de vertidos fecales, viviendas de mala calidad, etc.

Las aguas procedían de varios arroyos que circundan varias urbanizaciones de Las Rozas, en particular del entorno de Molino de la Hoz y el Arroyo de la Torre, altamente contaminados por vertidos de Las Rozas y torrelodones.


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Y Stop Corrupción:

La lista negra de los municipios cuyos Ayuntamientos tienen causas abiertas por corrupción urbanística es interminable. Estos son sólo algunos casos conocidos durante 2006:


A CORUÑA: La Fiscalía ha denunciado al alcalde independiente de Oleiros y a un edil socialista de Porto do Son por recalificaciones ilegales y enriquecimiento ilícito.

ALBACETE: Ecologistas en Acción denunció ante la Fiscalía Anticorrupción, a la Junta de Castilla-La Mancha y al Ayuntamiento de Hellín por autorizar ilegalmente el proyecto urbanístico de Las Higuericas. La organización ecologista dice que la empresa Cleyton Ges compró el apoyo municipal con 150.000 euros.

ALICANTE: En Albatera un juez está investigando a la constructora San José, a la que acusa de un presunto delito contra la ordenación del territorio. En la ciudad de Alicante, otro juez ha imputado al alcalde, Luis Díaz (PP), y a dos concejales por delitos de prevaricación, tráfico de influencias y adjudicaciones irregulares. En Orihuela el fiscal anticorrupción investiga al alcalde, el popular José Manuel Medina, y a 4 de sus concejales. En Torrevieja, el alcalde Pedro Hernández, del PP, está imputado por la venta millonaria de un solar de su propiedad.

ALMERÍA: El Hotel Algarrobico, un inmenso edificio construido en una playa virgen del Parque Natural del Cabo de Gata, será finalmente demolido gracias a la movilización ecologista. Pero no es el único que atenta contra el medio ambiente de la zona. En Níjar, Ecologistas en Acción se ha querellado contra el alcalde socialista Joaquín García por cuadruplicar la edificabilidad de una urbanización en Agua Amarga. El proyecto, que ocupa 48 hectáreas del Parque Natural, en zonas con especial protección comunitaria, también está siendo investigado por la UE. Concejales del Ayuntamiento de Zurgena (Almería) serán llamados a declarar por el Juzgado de Huércal Overa como presuntos autores de delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio, por conceder licencia de obras a 1.300 chalés en zona no urbanizable. En Garrucha, el alcalde socialista Cristóbal Ruiz firmó un convenio con la empresa Promociones e Inversiones Hermanos Muñoz mediante el cual ésta se compromete a pagar al Consistorio 2,6 millones de euros para legalizar 28 viviendas construidas ilegalmente.

ÁVILA: El ayuntamiento de las Navas del Marqués (PP) dio permiso para talar 20.000 árboles y construir “La Ciudad de Golf” en un pinar protegido, un proyecto que incluye 1.600 viviendas, hoteles de lujo y varios campos de golf, a pesar de que el Tribunal Superior declaró la zona como no urbanizable. En Navahondilla (PP), con problemas de agua, quieren construir otro campo de golf y 1.150 chaléts. En Piedralaves, los ecologistas se han movilizado contra otro campo de golf.

BALEARES. Eugenio Hidalgo, alcalde de Andraxt, del PP, fue detenido a finales de noviembre por un escándalo de corrupción urbanística. También fueron arrestadas otras 7 personas, entre ellas el Director General de Ordenación del Territorio. Se les acusa de varios delitos. El Ayuntamiento autorizó la construcción de 150 viviendas en una zona rural boscosa altamente protegida del Puerto de Andratx y la construcción de una residencia del propio alcalde, de dos plantas y 100 metros cuadrados sobre un parque agrícola que no podía ser ampliado por las dimensiones del terreno.

BURGOS: Los Verdes – Grupo Verde han denunciado el desvío, entubamiento y enterramiento de varios ríos y arroyos para construir viviendas sobre su cauce.

CÁDIZ: En Rota, Antonio Peña, concejal de urbanismo, del PP, está imputado por prevaricación.

CANARIAS: En el municipio grancanario de Telde, la concejal Antonia Torres, del PP, está acusada de cobro de comisiones. El alcalde y varios concejales están siendo investigados por corrupción. Por otra parte, Celso Perdomo, ex director de Industria de Canarias (PP), está imputado en el caso Parques Eólicos.

CANTABRIA: Una sentencia del Tribunal Superior exige la demolición de la urbanización El Encinar, en Arnuero, construida sobre suelo no urbano, según denunció el grupo ecologista Arca. Quien era alcalde cuando se empezó a construir la urbanización, José Luis Rey Villa, fue condenado a 14 años de inhabilitación por otro caso urbanístico. En San Vicente de la Barquera los ecologistas han denunciado la construcción de 80 parcelas.

CÓRDOBA: Ecologistas en Acción denunció la construcción de dos urbanizaciones en Córdoba, en la llamada Carrera del Caballo, a cargo de la empresa constructora Arenal 2000. Las edificaciones se llevaron por delante 100 encinas, pero una sentencia judicial obliga al empresario Rafael Gómez a reponerlas. Gómez, imputado también en el caso Malaya, ha sido denunciado por Los Verdes al construir sin licencia varias naves industriales en las proximidades del complejo de Medina Azahara. El Ayuntamiento (IU) ha impuesto una multa de 30 millones de euros, pero la administración autonómica ha recurrido el acuerdo del pleno municipal y ha llevado el caso a los tribunales. Además, en el complejo de Medina Azahara, se han edificado 300 viviendas en parcelas ilegales. IU y PP han optado por proponer un plan de saneamiento (agua, alcantarillado), pero la Junta de Andalucía exige la demolición de seis edificios especialmente polémicos. En los Baños de Popea, una decisión judicial obliga a un promotor a reponer un encinar talado para construir 223 chaléts de lujo.

GRANADA: El vicepresidente de la Diputación de Granada y concejal de Urbanismo de Armilla, Gabriel Cañavate (PSOE), dimitió tras una polémica sobre su patrimonio y la investigación de la Fiscalía por presuntas ilegalidades en un centro comercial de la localidad. José Luis del Ojo, el diputado nacional y ya ex concejal de Urbanismo en el municipio granadino de Ogíjares, renunció a su cargo en ese ayuntamiento ante las presuntas irregularidades en la adjudicación de obras en el municipio de las que se le acusa. Juan Luis González (ex alcalde de Almuñécar, actual concejal en ese ayuntamiento y diputado nacional) está imputado en un proceso judicial por supuestos pagos irregulares en su etapa de alcalde para intentar beneficiar a su partido (PP) en la campaña electoral. Fernando Callejón (concejal de Almuñécar) está imputado por un supuesto delito de malversación de caudales públicos, apropiación indebida y falsedad documental en relación a una presunta factura falsa por importe de 12.000 euros. El actual alcalde, Juan Carlos Benavides, está acusado por la Junta de Andalucía de Delito Urbanístico. En la ciudad de Granada, el Ayuntamiento ha abierto dos expedientes disciplinarios contra construcciones en La Vega sobre suelo no urbanizable. En Trejujena, una denuncia de los ecologistas ha logrado paralizar la construcción de un campo de golf de 80 hectáreas, un hotel de lujo y 750 bungalows frente al Coto de Doñana.

HUELVA: El Granado, un pueblo de 600 habitantes, planeaba construir 2.674 chaléts en 454 hectáreas de terreno protegido, según denunciaban los ecologistas. El alcalde Juan Manuel Burga (PSOE), afirmaba que el proyecto es bueno para el pueblo. Incluía un hotel de 1.800 plazas y un campo de golf. Pero la Junta Andaluza vetará el proyecto. En Matalascañas, vecinos y propietarios denuncian que el PGOU perjudica gravemente el Parque de Doñana. El alcalde, Francisco Bella (PSOE), invitó a los vecinos a coelaborar el Plan de Ordenación, pero después fue incluyendo modificaciones con las que los vecinos no estaban de acuerdo. Los terrenos que amplía el PGOU, que se pensaban destinar a usos hoteleros o industriales, tienen graves deficiencias en cuanto a la infraestructura hídrica.

LA RIOJA: En Lardero, el Tribunal Superior de Justicia ha obligado a demoler parcialmente un bloque de 43 viviendas de cuya constructora el alcalde del municipio (del PP) es accionista. El PSOE asegura que el actual Plan General recalifica el doble del actual suelo considerado urbano. El también popular alcalde de Santurde está siendo juzgado por una recalificación a su favor de 7 millones de euros.

LEÓN: Los Verdes del Bierzo han denunciado la construcción de un gran hotel y un campo de golf en Cacabelos que contaminará el río Cúa.

MADRID: El ex alcalde de Valdemoro, secretario general del PP de Madrid y consejero de Presidencia de la Comunidad, Francisco Granados y el actual regidor de Valdemoro, José Miguel Moreno, vendieron sus contiguos chaléts de Marbella a una inmobiliaria de esta población madrileña. Ambos dirigentes del PP habían adelantado 33.000 euros por una vivienda que valía 200.000 y decidieron subrogarse en el constructor David Marjaliza. El director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto (PP), dimitió después de que el PSOE le acusara de tener intereses personales en el desarrollo del Plan General de Urbanismo de Brunete. En la ciudad de Madrid, las interminables obras del Ayuntamiento han sido objeto de numerosas denuncias, sobre todo la reforma de la carretera de circunvalación M-30 realizada sin el preceptivo estudio de impacto ambiental. En Bustarviejo, el alcalde Julio de Mateo está acusado de permitir la construcción de 400 chaléts en suelo protegido. En Quijorna, la recalificación de todo un corredor de cinco kilómetros de largo entre el pueblo y la M-501 con suelo para edificar al menos 10.000 viviendas, ha puesto a la alcaldesa, Mercedes García, del PP, y a su equipo en solfa. El alcalde socialista de Ciempozuelos (Madrid), Pedro Torrejón, fue obligado a dimitir al saberse que ingresó 800.000 euros en Andorra y que planeó una gran recalificación de terrenos. Un juzgado de Valdemoro ha abierto diligencias contra él y contra el ex edil, Joaquín Tejeiro (PSOE). En Torrelodones, el Alcalde Carlos Galbeño, del PP, está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción tras una recalificación de terreno y una expropiación para construir un aparcamiento, así como por cobros ilegales a empresarios. Dos concejales del PP en ese municipio, Jesús María Pacios y Reyes Tintó han denunciado la actuación de Galbeño y por ello fueron destituidos. En Tres Cantos, unas grabaciones del ex concejal del PP, Antonio Reino Cortés desvelaban la supuesta existencia de comisiones millonarias ante la aprobación por el municipio del Plan Urbanístico de la localidad en 2004. En Villalbilla, donde se construyen 4.600 nuevas viviendas, Los Verdes – Grupo Verde han denunciado ante la fiscalía una urbanización con campo de golf por destruir un robledal y restos arqueológicos.

MÁLAGA: El alcalde de Benalmádena, Enrique Bolín, está acusado por dar licencias ilegales. En Cuevas del Becerro, los ciudadanos se hicieron escuchar yendo a la huelga para protestar contra un macroproyecto urbanístico ubicado en el encinar "mejor conservado de la provincia" y perteneciente a la Reserva de la Biosfera de la Sierra de las Nieves. En Estepona, el alcalde Antonio Barrientos (PSOE), ha tenido que dar marcha atrás a un convenio urbanístico para aumentar la edificabilidad del campo Atalaya Golf para construir 135 viviendas, en una operación vinculada a Emilio Rodríguez Bugallo, imputado en la Operación Malaya. Barrientos ya ha tenido que rectificar en varias ocasiones por operaciones sospechosas. En Marbella, hasta 40 cargos municipales están imputados en diferentes causas de corrupción urbanística, entre ellos Juan Antonio Roca, cerebro de la red desarticulada por la Operación Malaya. En Manilva, la policía detuvo el año pasado al entonces Alcalde, Pedro Tirado, y a su cuñado, Francisco Calle, por presunta corrupción urbanística ligada a operaciones de blanqueo de dinero relacionadas con el narcotráfico. El precio de un terreno de 1,3 millones de metros cuadrados pasó de 12 millones de euros a 160 tras una recalificación. En Tolox, la Fiscalía de Medio Ambiente ha interpuesto una denuncia contra el alcalde Juan Vera (Partido Andalucista), que ahora ha ampliado. Varias promociones urbanísticas aprobadas por el alcalde podrían estar en suelo no urbanizable. La primera denuncia hacía referencia a 15 promociones (unas 2.000 viviendas), y la segunda amplía la denuncia a otras 9 presuntamente irregulares, por tener licencia de obra "concedida por el alcalde" en suelo no urbanizable.

MURCIA: El Fiscal investiga al Gobierno murciano (PP) por la recalificación de una finca en Águilas situada en una zona protegida y en la que está previsto construir unas 4.100 viviendas y un campo de golf. El propietario del grupo Hispania, Trinitario Casanova, podría haber ganado 75 millones de euros con el cambio de uso. La recalificación fue aprobada por la Consejería de Medio Ambiente y la de Obras Públicas, cuyo titular es amigo del promotor. En Cartagena el fiscal ha abierto diligencias informativas por la edificación de 5.300 viviendas y 3.000 plazas hoteleras. Los ecologistas han reclamado por vía administrativa y denuncian a la alcaldesa, Pilar Barreiro, y al el ex consejero de Medio Ambiente, Francisco Marqués, por permitir que se dañe el Espacio Natural Protegido del Saladar de lo Poyo. Además, en Cartagena, la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) ha presentado un contencioso administrativo por la construcción de 10.000 viviendas y un campo de golf en Espacio Protegido. En Mazarrón la Justicia investiga el pago de 33.000 euros por parte del alcalde, Francisco Blaya (PP), al concejal Domingo Valera , del Partido Independiente por Mazarrón, cuyos tres concejales permitieron la recalificación de más de 41 millones de metros cuadros de suelo rústico, que será urbanizable, y donde se planean construir 43.000 viviendas. Las tres principales empresas beneficiadas son Polaris World, Euromarina, e Iniciativas Urbanísticas de Mazarrón. En San Javier, el gobierno autonómico es responsable de la construcción de un puerto deportivo de 1.000 amarres que supone un importe de 6.000 millones de pesetas. Están en marcha dos contenciosos presentados por el Ministerio de Medio Ambiente, ANSE y Greenpeace contra el Gobierno Regional, por actuar en Dominio Público Terrestre. El juez ha paralizado de forma cautelar el proyecto mientras dura el proceso.

PONTEVEDRA: En Tui, la Xunta suspendió el Plan General de Urbanismo del municipio en diciembre de 2005. En noviembre se inició el juicio por prevaricación contra el alcalde, Feliciano Fernández Rocha. En Gondomar, la Fiscalía ha presentado una querella por prevaricación contra el alcalde, Carlos Silva Mariño (PP), que concedió al menos 300 licencias y permisos de obra irregulares. En Nigrán, el Plan General de Urbanismo incorporaba numerosas recalificaciones de suelo rústico, sobre todo en áreas cercanas a la costa y en concreto en el Monte de Monteferro, zona de protección ambiental que se encuentra sobre el mar. La Fiscalía ha emprendido una investigación. Podrían estar implicados altos cargos del PP y empresarios como el presidente del Celta de Vigo, Carlos Mouriño. Ha dimitido Aurora Carbajal, concejala en el Ayuntamiento.

SALAMANCA: El PSOE acusa al Ayuntamiento de Salamanca de haber recalificado unos terrenos protegidos en favor de la familia del consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP). En Cabrerizos, los vecinos se han manifestado contra el nuevo Plan General que pretende elevar la población actual, de 3.000 habitantes, hasta 24.000.

SEVILLA: El alcalde de Camas, Agustín Pavón (IU) está imputado por tratar de sobornar a una edil para que votara a favor de unas recalificaciones. El concejal del PP Antonio Enrique Fraile ha sido expulsado del partido tras ser imputado en ese soborno. En este mismo caso también han sido imputados los concejales del Partido Andalucista, José del Castillo, y el empresario Eugenio Gaviño. En Bormujos, el empresario Eusebio Gaviño (imputado en el caso anterior y primo del alcalde actual, Baldomero Gaviño), supuestamente influyó en algunos ediles para que votaran a favor de la moción de censura que en enero de 2005 devolvió la Alcaldía a Baldomero Gaviño (independiente), arrebatándosela al PSOE. El magistrado que investiga el caso es el mismo que el de Camas y ha tomado declaración a testigos e implicados. En Burguillos, se acusa al Ayuntamiento de la localidad de aprobar una serie de recalificaciones que pudieron beneficiar a ediles y cargos del PSOE. En La Algaba, José Luis Vega (IU), está imputado en un supuesto delito contra la ordenación del territorio y otro supuesto delito de falsedad en documento en la reparcelación de la zona conocida como Marina de la Algaba, junto al río Guadalquivir. En Guillena, Justo Padilla (PSOE) está imputado en un presunto delito contra la ordenación del territorio por permitir construir una serie de naves industriales en un suelo reservado para zona verde y suelo no urbano, junto al polígono industrial El Cerro. En Espartinas, el PA denunció al Gobierno local (PP) por un presunto delito de prevaricación, delito urbanístico y delito societario. Según la denuncia, el alcalde, Domingo Salado, y el concejal de Urbanismo, Javier Jiménez, habrían actuado de intermediarios al servicio de una promotora en la recalificación de una finca de la familia Guardiola (muy conocida en Sevilla).

TENERIFE: En Santa Cruz de Tenerife el alcalde ha sido inculpado por corrupción. El concejal de Los Verdes en El Rosario, Escolástico Gil, ha solicitado a la Comisión de Ordenación del Territorio que se desclasifique como suelo urbanizable la zona de El Varadero “a fin de adaptarse al criterio de la Sentencia nº 257 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias recaída el pasado 27 de septiembre”.

TOLEDO: En Seseña investigan la recalificación de los terrenos sobre los que construye Francisco Hernando (Paco “el Pocero”). El alcalde del municipio, de IU, denunció presiones del PP y el PSOE para aprobar el proyecto. Tras iniciar diligencias informativas contra las más de 13.000 viviendas de Hernando, el alcalde, Manuel Fuentes, fue denunciado y llamado a declarar por calumnias a “el Pocero”. El promotor tenía empleados a varios concejales del PSOE, que dieron el visto bueno, cuando formaban parte de la anterior corporación, a las obras. El Ayuntamiento paralizó este proyecto de 1,6 millones de metros, en una zona que carece de suministro de agua. También un segundo megaproyecto de “Paco el Pocero”: un polígono industrial de 1,2 millones de metros.

VALENCIA: En Cullera, el Ayuntamiento ha aprobado la última modificación necesaria para que el Consell autorice el polémico megaproyecto de 610.000 metros cuadrados para más de 20.000 personas, que duplicará la cantidad de población de la localidad. El conocido como 'Manhattan de Cullera' cuenta con dos informes desfavorables de la Demarcación de Carreteras del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento, y de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Incluirá la construcción de 33 torres de 25 alturas, dos de 40, varios edificios menores, y un puerto deportivo. Ha sido impulsado por el Instituto Valenciano de la Vivienda. Un informe señala que no hay abastecimiento suficiente de agua en la zona. La delegación del Gobierno en Valencia ha llevado el proyecto a los Tribunales. En Riba-Roja, operación ligada a la de Mestalla. Juan Soler, presidente y accionista mayoritario del Valencia CF, compró por 36 millones de euros unas parcelas que en 2005 vendió en 168 millones. Un directivo del club ligado a la empresa compradora fue el mediador en la operación. Allí, el club hará su ciudad deportiva y se elaboró un Programa de Actuación Integrada (PAI) que contempla la construcción de 2.700 viviendas en 1,6 millones de metros cuadrados de suelo agrícola. Este PAI se forjó con un acuerdo entre Soler, el anterior consejero de Territorio, Rafael Blasco (PP), y el alcalde de Riba-Roja, Francisco Tarazona (PP). Familiares del alcalde han comprado muchos metros cuadrados de las polémicas parcelas, y el PSOE se ha querellado contra ellos por delitos varios. En la ciudad de Valencia, la oposición en el Ayuntamiento (gobernado por el PP) y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia denunciaron como ilegal ante la Justicia el plan del Valencia CF y su presidente, Juan Soler -apoyado por la alcaldesa, Ritá Barberá y los ediles populares-, para derrumbar el estadio de Mestalla, recalificar su solar, y construir allí 750 viviendas y un gran área comercial, así como la privatización de una parcela pública para construir el nuevo campo del club. La operación le haría ganar al club unos 100 millones de euros.

VALLADOLID: En Arroyo de la Encomienda el PSOE ha denunciado un pelotazo urbanístico. La trama relaciona al alcalde, José Manuel Méndez, y a una promotora gallega. El alcalde firmó con la representante de la promotora Mahia el cambio de uso de suelo industrial a suelo residencial para edificar 3.410 viviendas en 335.000 metros cuadrados en el sector 9 del Plan de Ordenación aprobado en 2003. Además, la Audiencia de Valladolid investiga la recalificación de 33,5 hectáreas industriales, en el denominado SAU-9, para permitir la construcción de 2.984 viviendas. El cambio fue solicitado por la constructora Mahía, propietaria de los terrenos, y se materializó en un convenio urbanístico firmado por el alcalde con la representante de Mahía, María Iluminada Miguel. Se da la circunstancia de que María Iluminada estuvo contratada por el alcalde en una empresa privada y es hija del concejal del Ayuntamiento de Valladolid y diputado provincial Dionisio Miguel Recio (PP). Además, Recio fue vocal de la empresa municipal de suelo de Arroyo (Emuva). Por otro lado, el concejal de Obras de Arroyo de la Encomienda, Francisco Javier Cruz, ha sido sancionado por la Junta de Castilla y León porque dos de sus cinco viviendas eran de protección oficial. Villalba de los Alcores es un pequeño pueblo de no más de 500 habitantes, a 30 k. de Valladolid. En un referéndum popular, los ciudadanos mostraron su rechazo a los planes de la empresa Desarrollos Naturales Siglo XXI de construir un hotel de cinco estrellas, campo de golf y equitación y coto de caza mayor en sus terrenos. El proyecto tenía el visto bueno de la corporación municipal, aunque la presión popular obligó al alcalde, Emiliano Rico, a someterlo a consulta para que no se asociara con los actuales casos de corrupción.

ZARAGOZA: El Gobierno de Aragón ha decidido recurrir ante los tribunales un plan para edificar 2.340 viviendas en La Muela, que forman parte de un proyecto aún mayor que ha quedado paralizado. El sector impugnado forma parte de una inmensa urbanización con campo de golf proyectada por la inmobiliaria Wilcox. El proyecto prevé viviendas para 30.000 habitantes, con un gran centro comercial. Sin embargo, el plan no iba acompañado de dotaciones de servicios (hospitales y colegios).
Fue aprobado bajo el amparo de la alcaldesa María Victoria Pinilla, del Partido Aragonés (PAR).



SEGURO QUE HAY MÁS CASOS. Si conocéis alguno podéis comentarlo aquí.


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