LEY REGULADORA DE LA JURISDICCIÓN SOCIAL-UNA MIERDA - El blog de marconi.over-blog.es

Hace años que vengo diciendo que en el Congreso no se hacen leyes, se hacen "trajes a medida".

Llamemos por tanto a la Camara Baja "la sastreria".

Esta oligarquia que nos saquea, siempre se ponen de acuerdo para aumentar sus privilegios. Para sacar a España de la mugre, NO.

Los jueces y fiscales metidos en política que tras las elecciones del 20-N quieran volver a ejercer sus respectivas profesiones lo tendrán, a partir de ahora, mucho más fácil gracias a una enmienda, pactada por PSOE y PP e introducida por sorpresa por el Senado en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. La enmienda en cuestión, que el jueves refrendó el Congreso con el voto de 343 de los 344 diputados presentes en el Hemiciclo, modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y beneficiará de forma directa, el día que dejen sus cargos en el Ejecutivo o en las Cortes, al ex ministro de Justicia y diputado del PSOE Mariano Fernández Bermejo, al actual titular de Interior, Antonio Camacho, y al portavoz parlamentario socialista, José Antonio Alonso.

Las ventajas de las que hasta ahora sólo se beneficiaban los jueces y fiscales que habían ocupado cargos inferiores al de ministro o consejero de una Comunidad Autónoma, y siempre dentro del ámbito de la Justicia, se hará extensiva ahora a todos los cargos políticos «de confianza», incluidos los titulares de cualquier cartera, así como a los que fueron elegidos eurodiputados, diputados nacionales y autonómicos, senadores y miembros de una corporación local.

Carácter retroactivo

A todos ellos, una vez que abandonen sus cargos, se les declarará en situación de «servicios especiales» «desde la fecha de su nombramiento o aceptación del cargo». Esto significa que, con carácter retroactivo, se reconocerá a estos jueces y fiscales como años de ejercicio de sus profesiones los que han desempeñado en un cargo político. Es decir, ganarán en antigüedad, con todos los beneficios que supone tanto a efectos de salario como de ascenso. También mantendrán la categoría, se les reservará la plaza que dejaron cuando fueron nombrados o podrán quedar adscritos al tribunal (el Supremo, cualquier tribunal superior de justicia o audiencia provincial) correspondiente a su categoría.

Así, por ejemplo, si abandonara la política, a Antonio Camacho le contarían como años de ejercicio en la carrera fiscal los siete años y medio que lleva ocupando cargos políticos de confianza, primero como secretario de Estado y ahora como ministro. Si en 2004 tenía una antigüedad de 13 años (ingresó en la carrera fiscal en 1991), pasaría de golpe, después de siete años como secretario de Estado y ministro, a 20 años. Desde la Fiscalía de Madrid, donde ejercía como fiscal de a pie y a la que tendría que regresar, podría ascender a la máxima categoría, la de fiscal de Sala.

Misma categoría

En el caso de Mariano Fernández Bermejo no se trata de antigüedad sino de categoría. Con esta reforma, si decide no presentarse en las próximas elecciones, Bermejo no perderá la categoría de fiscal de Sala, la que tenía cuando fue nombrado ministro de Justicia.

Cuando decida dejar la política, José Antonio Alonso, que es diputado, podrá regresar a la Audiencia Provincial de Madrid. Además, todo el tiempo que ha estado fuera de la carrera judicial le contará, a efectos de antigüedad, como si hubiera estado en activo, por lo que resultará beneficiado económicamente.

La facilidad con la que se ha conseguido el consenso para aprobar esta reforma causa cierto estupor si se compara con la encendida polémica que vivió el Senado hace casi un año, a cuenta de la última renovación del Tribunal Constitucional. El Grupo socialista vetó entonces al ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López por no reunir los años de ejercicio activo que se exigen para entrar en el TC. A López no se le computaron los siete años de vocal del CGPJ, pese a que la situación administrativa en la que quedan los jueces elegidos para ocupar ese cargo es, precisamente, la de «servicios especiales». Por contra, para acceder a ciertos cargos políticos como los ahora beneficiados, los jueces pasan a la situación de «excedencia voluntaria», que no comprende ni reconocimiento de la antigüedad ni reserva de plaza.

La sorpresiva enmienda ha causado enorme malestar en algunos círculos judiciales y fiscales, desde los que se pone de manifiesto que «se ha hecho con tanta prisa y tanto secretismo» que para la inmensa mayoría de la carrera, así como para las asociaciones, ha pasado inadvertida. La reforma se ha hecho también de espaldas al CGPJ, al que correspondía elaborar un informe por afectar a la Ley Orgánica del Poder Judicial y, por tanto, a jueces y magistrados.

Inusitada prisa

La enmienda, convertida ya en proyecto de ley, se publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado y entrará en vigor hoy, sin que hayan transcurrido los 20 días de «vacatio legis» que son habituales y que sí tendrán que esperar, antes de aplicarse, las otras reformas a las que el Congreso dio luz verde el jueves, en su última sesión antes de la disolución de las Cortes. Entre estas otras normas, por ejemplo, la ley de medidas de agilización procesal. La inmediata entrada en vigor de la nueva regulación del reingreso en la carrera permitirá aplicar los nuevos beneficios a los fiscales y jueces con cargo de diputado o senador que el 20-N no volverán a presentarse y que cesarán en sus cargos el próximo martes.

Jueces y fiscales, de la politica a por billetes de 500€.

Angel Velazuez

esmarconi@hotmail.es

De verdad que cuanto más información tengo, gracias entre otras cosas a personas como usted, más ASCO me da la clase política, en todas sus administraciones, que gobierna y administra nuestro dinero.

Siento repugnancia...

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