Recarte expone las reformas para superar la histórica crisis de España


España se enfrenta a una de las mayores crisis de su historia reciente, lo cual constituye un desafío histórico tanto para los españoles como para los responsables políticos del país. Las claves de la actual coyuntura ya han sido analizadas en profundidad por el presidente de Libertad Digital, Alberto Recarte, en su conocido Informe Recarte, en el que disecciona la crisis financiera nacional iniciada en 2007, y en su obra Informe Recarte 2, bajo el título El desmoronamiento de España, en el que aborda la crisis, pero no sólo la económica, sino también la política e institucional que sufre nuestro país.

Con ocasión de la ponencia presentada en el Congreso de Sociedad Civil, celebrado el 30 de septiembre, Recarte ha elaborado un nuevo ensayo en el que enfatiza las reformas clave que precisará España para solventar el histórico desafío que aún afronta el país. En este Informe Recarte III, titulado Entre la segunda recesión y las reformas, que se publicará en siete entregas, el economista detalla las dificultades estructurales que impiden la recuperación y un concreto paquete de medidas económicas e institucionales para poder salir adelante.

En esta primera entrega, a modo de introducción, Recarte destaca la necesidad de comprender el actual contexto internacional. "El análisis de la economía española y de la política económica necesaria para resolver nuestros problemas -el más llamativo de los cuales es la tasa de paro del 21%- debe hacerse teniendo en cuenta que vivimos en un mundo globalizado y que pertenecemos a la Unión Europea y al área euro, a la Unión Monetaria Europea".

La economía española compite con otros muchos países, desde una Unión Europea cuya integración no ha logrado eliminar las rigideces internas, especialmente laborales, que desde hace décadas ahogan al sector productivo, y sin la posibilidad de poder devaluar la moneda debido a pertenencia a la zona euro. "Los países miembros del euro no tienen mecanismos de ajuste sencillos en casos de pérdida de competitividad", recuerda Recarte.

El problema, sin embargo, es que "los sucesivos gobiernos españoles han ignorado esas exigencias del mundo globalizado". Por desgracia, "España comparte problemas sociales y políticos con países como Portugal, Italia, Grecia y la propia Francia" como, por ejemplo, "las tradiciones del corporativismo fascista, del socialismo y del intervencionismo público en la vida económica", dejando el futuro del país en manos de las "minorías dirigentes de los partidos políticos [...], los sindicatos y los representantes de las grandes empresas".

Por ello, según Recarte, es urgente abordar con seriedad las reformas que permitan superar todos estos desafíos: los problemas jurídicos, derivados, directamente, de la Constitución de 1978; problemas estructurales, provocados por la globalización y la crisis inmobiliaria; los problemas específicos del área euro; los problemas que aún presenta el sistema financiero; y el problema del mercado de trabajo y del sistema de convenios colectivos.

El objetivo clave es realizar "reformas que permitan que los precios y salarios de las empresas menos competitivas se reduzcan nominalmente y que se incentive al conjunto de las empresas para ganar productividad, sin interferencias sindicales". En concreto, Recarte señala que "los sindicatos, tal y como los conocemos, deben desaparecer y ser sustituidos por representantes laborales a nivel de cada empresa", así como solventar las graves "deficiencias de nuestro sistema educativo" para impulsar la competividad interior y exterior del país.

Todos estos puntos serán desarrollados en detalle a lo largo de las siguientes entregas.
Recarte expone las reformas para superar la histrica crisis de Espaa - Libre Mercado

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Introducción:

El análisis de la economía española y de la política económica necesaria para resolver nuestros problemas –el más llamativo de los cuales es la tasa de paro del 21%- debe hacerse teniendo en cuenta que vivimos en un mundo globalizado y que pertenecemos a la Unión Europea y al área euro, a la Unión Monetaria Europea.

La globalización ha hecho desaparecer, para la mayoría de los países, las fronteras comerciales, las barreras a los movimientos de capitales y las limitaciones –de hecho- a los movimientos de población. A este mundo globalizado se han incorporado, en los últimos 30 años, una serie de países con una población conjunta que supera los 2.500 millones de personas y que son capaces de competir en precios, y muchas veces en calidad, con los bienes y servicios que producimos en España. La competencia internacional se extiende al mercado del ahorro internacional y al de las inversiones directas, una forma de inversión que incorpora tecnología, conocimientos y acceso a los mercados mundiales.

La integración en la Unión Europea garantizó nuestro sistema democrático y eliminó trabas, intervencionismo y ayudas públicas incompatibles con la exigencia de competencia leal entre las empresas. La eliminación de barreras comerciales, financieras y personales dentro de la Unión se tradujo en la modernización de nuestro tejido productivo y en una crisis profunda de muchos sectores, que no estaban preparados para competir internacionalmente y que no pudieron superar los efectos negativos de la actuación de los sindicatos, que se habían convertido en los sucesores de los sindicatos verticales del corporativismo franquista. La delegación de competencias estatales en los sindicatos, desde la firma de los Pactos de la Moncloa, y la legalización de su intervencionismo en el Estatuto de los Trabajadores, ha influido en que el desempleo sea una constante en nuestro sistema productivo. Las alzas de precios y salarios, extendidas a toda la economía por el sistema de convenios colectivos, han terminado por indexar la mayoría de los salarios a la inflación. Simultáneamente, la intervención sindical en la toma de decisiones en la empresa ha limitado la flexibilidad interna necesaria para competir, en igualdad de oportunidades, con los países miembros de la Unión Europea y con el mundo globalizado.

La integración en el euro, en la Unión Monetaria Europea, hizo desaparecer las políticas monetarias nacionales de los países que firmaron el Tratado de Maastricht. Como se está demostrando desde hace dos años, las carencias del Tratado hacían inevitable la crisis de todo el área si se producían disparidades graves en el crecimiento y la productividad de las economías de los países miembros. El euro es ingeniería social de mala calidad. Las competencias del Banco Central Europeo son insuficientes. La ausencia de un presupuesto de la Unión Monetaria impide la intervención pública en momentos de desequilibrios económicos y financieros significativos. Estas carencias eran evidentes antes de la firma, pero se impusieron las tesis de los políticos de los países que se integraron, que querían lograr, aunque fuera irregularmente, una Unión política, a la que se oponían los votantes de algunos de los países que terminaron por integrarse. Para España, Portugal, Grecia, Italia e incluso la propia Francia, la eliminación de las monedas nacionales ha significado renunciar a las devaluaciones, que permitían que la pérdida de valor de las respectivas monedas compensaran, al menos temporalmente, las pérdidas de competitividad, provocadas, siempre, por políticas irresponsables de los sindicatos o por las políticas presupuestarias y monetarias erróneas de los correspondientes gobiernos nacionales. Los países miembros del euro no tienen mecanismos de ajuste sencillos en casos de pérdida de competitividad. Lo único que pueden hacer es reformas que permitan que los precios y salarios de las empresas menos competitivas se reduzcan nominalmente y que se incentive al conjunto de las empresas para ganar productividad, sin interferencias sindicales. En la práctica, la única forma de hacerlo es negociando, a nivel de empresa, las condiciones de trabajo, los horarios, los salarios o las reducciones de plantilla. En definitiva, eliminando las regulaciones generales y los convenios colectivos. Lo que significa que los sindicatos, tal y como los conocemos, deben desaparecer y ser sustituidos por representantes laborales a nivel de cada empresa. En eso consiste la reforma del mercado de trabajo y de los convenios colectivos, en adecuar los salarios a la productividad de cada empresa y las condiciones laborales a lo que exige la competencia, cumpliendo las leyes laborales que el legislador considere imprescindibles, para asegurar que no se producen situaciones de explotación de los trabajadores, o abuso de su capacidad de decisión, por parte de los empresarios.

a) La ausencia de una política de reformas.

Esos tres fenómenos, la globalización, la integración en la Unión Europea y la adopción del euro como moneda nacional, obligaban a todos, y aún más a países como España, con una tradición económica intervencionista, con una política monetaria permanentemente expansiva y con unas cuentas públicas descontroladas, a hacer las reformas necesarias para evitar que la falta de competitividad se tradujera en desempleo y estancamiento económico. Los sucesivos gobiernos españoles han ignorado esas exigencias del mundo globalizado. Han sido mucho más activos tomando decisiones que nos ponían a la cabeza de las políticas aperturistas y de renuncia a la protección de la producción nacional, que tomando medidas que limitaran el tamaño y el intervencionismo de las Administraciones Públicas y poniendo en vigor políticas reformistas que permitieran a nuestras empresas competir con las del resto del mundo.

b) El sistema educativo, la formación profesional, las tradiciones empresariales, la productividad y el desempleo.

En última instancia, la productividad de un país está ligada al nivel educativo y a la formación de sus habitantes y a sus tradiciones empresariales. La baja productividad de nuestra economía es el resultado de nuestro histórico aislamiento exterior, de las deficiencias de nuestro sistema educativo, -en el que se han impuesto el igualitarismo, la falta de exigencia, la indisciplina, el nepotismo y el corporativismo-, y de la falta de un sistema de formación profesional conectado con las empresas. El deterioro del sistema educativo comienza en los años sesenta, en las postrimerías del franquismo, y se confirma durante la transición política. Es, en definitiva, el resultado de la combinación de políticas igualitaristas, denominadas “progresistas”, de la falta de mecanismos de control sobre los partidos políticos y los sindicatos y de una moral familiar y social que no tiene en su escala de valores una consideración especial por el esfuerzo personal y la igualdad de oportunidades. El deterioro del sistema educativo no es general; hay excepciones, relacionadas con la cultura regional o con proyectos privados o públicos que buscan la excelencia. Las diferencias entre las tradiciones empresariales de las distintas regiones, junto con esa evolución de los principios del sistema educativo, explican que en España convivan una economía moderna, muy productiva, que ha sido capaz de mantener nuestra participación en el comercio mundial en estos años y una economía atrasada, dependiente de las Administraciones Públicas, poco productiva, que existe en paralelo con una gran masa de parados, que tienen muy pocas posibilidades de encontrar empleo y que se localiza, sobre todo, en Castilla-La Mancha, Levante, Extremadura, Andalucía, Baleares y Canarias.

c) El ejemplo de Europa central.

Las dificultades a las que se enfrenta la economía española no deben hacernos caer en la desesperación. El éxito de la Alemania actual es el resultado de más de tres lustros de reformas, que le han permitido superar el coste de la absorción de la Alemania del Este y de la integración en el euro a un tipo de cambio del marco sobrevalorado. Alemania tiene en su haber los efectos positivos de su tradición científica, industrial, educativa y formativa. Tiene, también, a su favor, un marco político en el que las competencias del Estado Federal y sus miembros están bien definidas y en el que el Tribunal Constitucional interpreta, con criterios puramente jurídicos, su Constitución. Sin ignorar el espíritu de cohesión social, al que colaboran, con su actuación, los partidos políticos, los sindicatos y la patronal, hasta que han logrado que la economía alemana vuelva a ser competitiva. Alemania no es una excepción. Comparte el éxito con Austria, Holanda, Dinamarca y Luxemburgo, -que tienen tradiciones empresariales y políticas educativas y económicas, similares- y con países como Suiza, los tres países nórdicos, e incluso algunas de las nuevas democracias del este europeo, como Chequia, Eslovaquia, Polonia y Hungría, que han recuperado parte de sus tradiciones, empresariales y educativas, una vez liquidado el comunismo.

d) Los problemas de la periferia.

España comparte problemas sociales y políticos con países como Portugal, Italia, Grecia y la propia Francia. En todos ellos, las tradiciones del corporativismo fascista, del socialismo y del intervencionismo público en la vida económica, han resultado en sociedades en las que el poder no está en la sociedad civil sino en las minorías dirigentes de los partidos políticos, que lo comparten con los sindicatos y los representantes de las grandes empresas, que han terminado por aislarse del resto de la sociedad, olvidando las necesidades generales de la población.

e) La política económica necesaria para evitar la suspensión de pagos y para lograr el crecimiento.

Para proponer una política económica coherente, que nos ayude a superar la actual crisis, es necesario, previamente, analizar la economía española desde distintas perspectivas. Tenemos problemas jurídicos, derivados, directamente, de la Constitución de 1978, que sirvió para superar el franquismo pero que, después, no ha sido reformada, tal y como era necesario, pero sí interpretada, y deformada, de acuerdo a los intereses de las oligarquías de los partidos políticos, que son los que inspiran las resoluciones del Tribunal Constitucional. Tenemos problemas estructurales, provocados por la globalización, por la crisis del sector de la construcción, del inmobiliario, de las industrias y de los servicios dependientes de la construcción, por el peso cualitativo del sector financiero y por el crecimiento desmesurado de las autonomías, que se combinan con problemas territoriales, porque en España sigue habiendo un Norte y un Sur. Tenemos los problemas específicos del área euro que, son la consecuencia de un diseño defectuoso de las instituciones básicas de la Unión Monetaria. Esos problemas se concretan en la necesidad de cumplir un calendario de objetivos de reducción del déficit público y de reformas para estabilizar la economía y poder crecer dentro del euro. Tenemos problemas en el sistema financiero, derivados de la formación y del estallido de la burbuja crediticia e inmobiliaria, que afectan a su solvencia y su liquidez, lo que les impide conceder créditos a empresas y familias solventes. Y tenemos un problema en el mercado de trabajo y en el sistema de convenios colectivos, que son responsables, en parte, de que el paro haya alcanzado la tasa del 21% de la población activa.

Alberto Recarte - La economa espaola en 2011: presente, pasado y futuro

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La estructura productiva de la economía española


A la hora de proponer una política económica tenemos que tener en cuenta los cambios estructurales que se han producido en la economía española, alterada, permanentemente, por la globalización, por la pertenencia a la Unión Europea, por el euro, por el estallido de la burbuja inmobiliaria, por el crecimiento de las Administraciones Públicas y por la importancia del sector financiero. Esquemáticamente, la estructura de la economía española, desde el punto de vista de la producción de bienes y servicios, es la siguiente:

1. El conjunto que forman el sector agrario y el industrial agroalimentario mantiene un peso en torno al 10% del PIB y sigue siendo competitivo internacionalmente. Está amenazado por el precio de la electricidad –disparado por la política de promoción de energías limpias a costes subvencionados hasta límites inconcebibles– y el del agua, pues las desaladoras no pueden suministrar agua a precios razonables por el alza del precio de la electricidad y de los combustibles.

2. El sector industrial apenas supone el 13% del PIB. Está centrado en el sector de la automoción y en la industria de componentes. Son significativos el sector de bienes de equipo, que mantiene su peso gracias a su integración en las grandes multinacionales y el sector químico, pues España cuenta con grandes inversiones en ese sector. La industria tradicional, los textiles, el calzado, las industrias suministradoras de materiales de construcción y de bienes para el amueblamiento de viviendas y oficinas, se han desplomado y no recobrarán su tamaño anterior a la crisis.

3. El sector de la construcción continúa reduciendo su tamaño, tanto por las menores necesidades de viviendas, oficinas, edificios civiles, comercios y naves industriales, como por la menor inversión pública en infraestructuras. En 2008, su peso llegó al 17% del PIB. Cuando termine el ajuste, en 2012 o 2013, su peso se podría reducir hasta el 8% del PIB. En los países europeos desarrollados oscila en torno a ese mismo porcentaje. Es un gran ajuste económico, con implicaciones irresolubles en el empleo, que tiene carácter permanente. A medio plazo, su importancia podría aumentar algo, cuando se venda el stock de viviendas nuevas que existe en la actualidad, y en la medida en que los extranjeros vuelvan a comprar residencias en España. En sentido contrario, la previsible disminución de la población –por emigración de inmigrantes y españoles de origen– reducirá las necesidades de nuevas construcciones y las limitaciones del gasto público afectarán a la construcción de infraestructuras de todo tipo. El sector no será un estímulo al desarrollo, como en los procesos de recuperación de las anteriores crisis. Una situación inédita en casi un siglo. Lo positivo de esta situación es que las necesidades de la población, en construcción e infraestructuras básicas, están moderadamente bien cubiertas, lo que aligera la necesidad de invertir en su desarrollo cantidades sustanciales de nuestro ahorro nacional, al menos durante los próximos años, como ha ocurrido en los últimos 50 de nuestra historia.

4. Los otros sectores suministradores de bienes imprescindibles, de necesaria producción nacional por su naturaleza o los costes del transporte, como la energía, el suministro de aguas, saneamientos y los transportes, específicamente, registran excesos de capacidad, por lo que no podrán impulsar la recuperación, aunque permiten que el ahorro nacional se pueda dedicar a financiar otras actividades, como la I+D, o a devolver el principal de nuestra deuda con el exterior.

5. El heterogéneo sector de servicios supone alrededor del 70% del PIB. Dentro del mismo es muy significativo el sector del turismo, que según diferentes estimaciones alcanza entre el 8% y el 10% del PIB. Ha soportado la crisis con dificultades, pero ha ajustado sus costes y ha logrado aumentar sus ventas al exterior, a lo que ha contribuido la actual crisis política del norte de África. Sin embargo, sus ventas dependen en casi el 50% del mercado doméstico. Su futuro depende de que sea capaz de ofrecer sus servicios al exterior a un precio competitivo y con la calidad necesaria para cada tipo de turismo.

Los servicios públicos de todo tipo, desde la policía hasta la justicia, la sanidad, la educación y los de carácter social –prestados por cualquiera de las tres administraciones y por empresas privadas en concertación con la administración–, han aumentado significativamente su peso en el PIB. En conjunto, emplean a 5 millones de personas y suponen alrededor del 30% del PIB. El coste directo de mantener a los empleados públicos, y los servicios que prestan, lo que se denomina el consumo público, alcanza el 17% del PIB. La duda respecto a estos servicios públicos son múltiples: aclarar hasta qué punto son necesarios, en qué medida están duplicados por las distintas administraciones y si, reducidos a lo imprescindible, se pueden financiar con los ingresos públicos ordinarios o si será necesario cobrar parte de esos servicios a los usuarios, como acaba de aprobar el legislativo italiano y ha propuesto el Gobierno de la Región de Murcia. Para evitar confusiones hay que distinguir entre el peso del gasto público, que alcanza más del 45% del PIB y que es la suma de todo lo que gasta, por cualquier concepto, el sector público, que se financia con impuestos y endeudamiento, y el coste de prestar ese servicio, es decir, el personal de todas las administraciones, funcionarios y empleados públicos y los gastos corrientes, desde alquileres hasta electricidad, que es el consumo público, y que representa ese 17% del PIB al que se ha hecho referencia.

Otro de los renglones cuantitativamente importante dentro del sector de servicios es el del comercio, que emplea en conjunto a casi 3 millones de personas. El aumento de los empleados en el comercio al por mayor refleja tanto el aumento del peso de las importaciones de bienes –en la medida en que, en lugar de industrias productoras de bienes, contamos con almacenes y centros de distribución–, como la realidad de que la sociedad española consume bienes muy diversos, que requieren una logística de distribución cada vez más compleja, de acuerdo con su desarrollo.

Otro sector muy importante, integrado en el de los servicios, es el de las empresas que suministran servicios al resto de la economía en el que se contabilizan cerca de dos millones de personas. Pueden ser servicios jurídicos, de auditoría, de seguridad, limpieza, o informáticos. Es un sector mayor, proporcionalmente, que en otros países, porque la externalización de servicios está impulsada en España por la rigidez del mercado laboral, que penaliza a las empresas con mayor número de empleados.

El sector financiero todavía empleaba a cerca de 450.000 personas a finales de 2010. Tendrá que hacer una reducción de más de 50.000 empleos. Su importancia radica en que el subsector de banca es la única fuente de financiación de la economía. En otros países hay, además de la banca, un conjunto de entidades que suministran financiación al resto de la economía. En España todo depende del sector bancario. Una crisis como la actual, centrada en los sectores de la construcción y el inmobiliario, pero que ha afectado al sector financiero repercute, más de lo debido, en toda la economía. El sector financiero español, en su conjunto, tiene problemas de solvencia y de liquidez que afectan, gravemente, a su capacidad para dar nuevos créditos.

Los sectores que más crecieron desde 1994 hasta el estallido de la crisis fueron el de la construcción y la industria y los servicios dependientes de ella. El sector público no ha dejado de hacerlo desde que comenzó la Transición. Volver a crecer con la estructura productiva que se ha analizado no es nada sencillo. La crisis, como tal, lo único que está haciendo es adecuar nuestro consumo y nuestra inversión a nuestra capacidad productiva. Por primera vez desde la crisis de 1993-94 estamos viviendo casi de acuerdo a nuestras posibilidades, pues, aunque parezca mentira, seguimos endeudándonos, a pesar de los 5 millones de parados. El diseño de un plan de crecimiento, que supuestamente nos permitiría invertir en los sectores donde somos más competitivos, es imposible. Lo que sí puede hacerse es diseñar un plan que incremente nuestra productividad mejorando el sistema educativo, la formación, la inversión en I+D, flexibilizando el mercado de trabajo, recapitalizando el sistema financiero y reduciendo el tamaño del sector público y el intervencionismo público.

Junto a esos objetivos, ninguno sencillo y casi todos de los que sólo consiguen resultados a largo plazo, hay que acudir a analizar la economía española desde el lado de la demanda. Ese análisis nos permitirá saber qué sectores son más competitivos. La demanda interna está en cifras negativas. La suma del consumo privado, el consumo público y la formación bruta de capital está en cifras negativas. Lo positivo es la aportación de la demanda exterior. Mientras la demanda interna disminuye casi el 2% en lo que va de año, la demanda externa, la aportación del sector exterior, es positiva en un 2,6% del PIB. Prácticamente todas las importaciones están disminuyendo, excepto las de petróleo y otros productos básicos, que aumentan por incremento del precio de esos bienes. Entre las exportaciones crecen el turismo, el sector de la automoción, los bienes de equipo y los productos químicos. Entre los servicios adquieren peso las actividades exportadoras de las empresas constructoras, los bancos, las telecomunicaciones y las eléctricas. Son el reflejo del conjunto del Ibex 35. En los próximos años, nuestro plan de crecimiento en positivo debe centrarse en mejorar las condiciones de nuestras empresas, para que aumenten sus exportaciones y sean cada vez más el número de las que lo hacen. No hay otro camino.
Alberto Recarte - La estructura productiva de la economa espaola - Libre Mercado

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