El negocio estaba en el parque

JUAN RAMÓN GIL VALENCIA Los periodistas somos animales de costumbres. Eso tiene su parte buena. A veces insistimos tanto en el mismo asunto que los representantes públicos acaban, agotados, cantando las cuarenta. Pero también tiene su lado malo. Demasiado a menudo, llevados de una inercia que nos resulta muy cómoda, no somos capaces de ver los cambios que se registran y, por tanto, no cumplimos con nuestra misión de alumbrar aquello que se pretende que permanezca en la sombra.

Un buen ejemplo es el urbanismo. Durante años, los periodistas nos hemos encelado en un solo término: recalificación. Sólo buscábamos recalificaciones. Era sencillo: si un suelo en el que no se podía construir pasaba a adquirir la condición de urbanizable, ahí podía haber un posible pelotazo, otro palabro fetiche, que todo periodista que se precie, incluso si era crítico taurino, debía utilizar al menos una vez en la vida en sus crónicas.

No nos dimos cuenta a tiempo de que las cosas mutaban y seguimos persiguiendo lo que ya no era, sin atender dónde estaba el verdadero negocio. Primero salió la legislación sobre los famosos PAI, obra del último director general de Urbanismo que parió el ejecutivo de Joan Lerma, Gerardo Roger, cuyos perniciosos efectos multiplicaron hasta el infinito los sucesivos gobiernos del PP que vinieron después y que nunca desarrollaron los reglamentos que debían acotar tan peligrosa norma. Se dejaba así en manos de los más poderosos un instrumento en la práctica expropiatorio, y el negocio pasaba de la construcción a la proyección y urbanización de enormes planes parciales, con o sin el consentimiento de los dueños de los terrenos. Pero los periodistas seguíamos jugando al sota, caballo y rey: fijándonos en quién levantaba la casita y no en quien, valiéndose de ingentes recursos, se hacía con el suelo y con la infraestructura; con el santo y la peana. Así se hizo un hombre Enrique Ortiz. Y encima era legal.

Después vino el nuevo Plan General de Ordenación de Alicante. Y los periodistas continuamos husmeando recalificaciones. Es más: cuando la terminología legal se modificó, y lo que antes era recalificación ahora pasó a llamarse reclasificación, los periodistas alardeamos de que los políticos eran tontos si pensaban que con un simple cambio de nombre nos iban a engañar. ¿Qué más da recalificación que reclasificación ¡Pelotazo! ¡Eso es lo que hay!

El pelotazo estaba en otro sitio. Pero sólo ahora lo vemos. Fueron magos. Y nosotros, el espectador listillo que siempre acude al espectáculo convencido de que va a pillar al prestidigitador y, en lugar de cazarlo, sale cazado. Y eso que el truco era el mismo: enseñar algo muy llamativo con una mano, para que sólo te fijaras en ella, mientras con la otra te birlaban la cartera o el reloj. En el circo, al final de la función, te devuelven, entre grandes ¡ohhh!, lo que te han distraído mientras mirabas para otro lado. Pero aquí no.

La vuelta a la tortilla. Resulta que la inversión, el negocio, el pelotazo, estaba nada menos que en los parques naturales (¡Ohhhh!) En una regulación que, de vericueto en vericueto, al final se resumía en que aquel cuyo suelo, no edificable ya de entrada, pasara a adquirir la condición de parque protegido, tenía derecho a obtener en otro lugar sí urbanizable los mismos metros cuadrados que hubiera perdido en esa zona a partir de ahora intocable. O sea que, dándole la vuelta a la tortilla, de lo que se trataba no era de tener opciones en suelo que de no urbanizable iba a pasar a serlo (la antigua recalificación que todos buscábamos), sino de lo contrario: de hacerse con terreno que no valía nada y que, cuando se aprobara el PGOU, aún iba a valer menos puesto que su protección antiedificatoria iba a ser absoluta. Pero, si tenías ese suelo, lograrías otro a cambio. Y habrías comprado por tres euros lo que pasaba a valer luego, aunque en otro lugar, 140. Una mina. Un negocio redondo. Y, encima, del que todos salían bien parados: el político anunciaba que, con el nuevo PGOU que iba a hacer, la ciudad, Alicante verbigracia, iba a pasar a ser la reserva ecológica más importante de España, por no decir de Europa. Nada menos que 11 enclaves naturales protegidos, 14 millones de metros cuadrados a salvo de las grúas. Para hacerle un monumento al alcalde. Y el especulador se forraba sin que nadie le echara cuentas.

La clave, sin embargo, radicaba, como siempre, en que fluyera la información. En que con adelanto suficiente, y hablo de años, se supiera qué suelo iba a ser protegido para que unos cuantos seleccionados compraran a precio de saldo ese terreno. Aprobado el plan, nadie podría decirles ni mu: habían comprado por muy poco lo que al final había acabado valiendo nada. Pero resulta que se habían llevado compensaciones multimillonarias por ese mismo solar que, sobre el plano, era una ruina.

¿Qué era necesario para que el negocio cuadrara Insisto: que circulara la información. Y puesto que la Unidad de Delitos Económicos de la Policía, responsable del informe que esta semana ha vuelto a provocar otro terremoto en Alicante, se cura en salud, subrayando en sus primeros párrafos que no quiere extraer conclusiones excesivamente contundentes por la falta de tiempo y medios que ha tenido para analizar todo lo extraído de los ordenadores del despacho de abogados que compartían, en el Palacio Salvetti, los letrados Javier Gutiérrez, exconcejal socialista, y José Luis Castedo, hermano de la actual alcaldesa de Alicante; puesto que la pasma se pone tan a resguardo, digo, no seré yo el que vaya más lejos. Pero el esquema es, para qué engañarnos, elocuente: primero hay un alcalde, Luis Díaz Alperi, que tiene una estrecha relación con importantes empresarios, entre otros los dueños en ese momento de los dos clubes de fútbol de la ciudad, ambos del ramo del ladrillo, Enrique Ortiz y Antonio Solana. Ese alcalde encarga la redacción de un nuevo PGOU y tiene como responsable de Urbanismo a una concejal tan de su confianza que acabaría dejándole la presidencia de la Corporación, cuyo hermano está colocado en la Conselleria de Urbanismo. El primer redactor del plan se pone farruco, así que lo echa y coloca a otro. Pero hace falta más: un despacho especializado, porque son muchos los papeles y no es el alcalde, ni la de edil, los que deben presentarlos, sino las empresas. ¿Salvetti Sea. Y que el nuevo redactor del plan contrate la asesoría jurídica con ese despacho. Amén. Ya tenemos, pues, todo: la potestad política, el control del planeamiento y la capacidad de representación ante la Administración. Sólo falta llamar a los amigos y decirles dónde van a ir esos parques. ¿Se produjo algo así El sumario Brugal recoge testimonios de Alperi y algunos empresarios. "Hay que comprar aquí, que luego se sacará allí". Más o menos.

El juego de las sillas. Hay un momento en que Alperi ve que él mismo tiene que quitarse de enmedio. U otros lo ven por él, da igual. Pero entonces viene la segunda parte y asistimos a una especie de juego de las sillas: a Alperi le sucede en la Alcaldía quien era su concejal de Urbanismo, Sonia Castedo, y el hermano de ésta deja su puesto en la conselleria y pasa a ser socio de Gutiérrez en Salvetti. Pero en la placa falta un nombre, porque el que de verdad pisaba ese palacio seguía siendo Alperi, al que además, según la Policía, el propio bufette le pone un salario nada menos que como asesor. Todos nos movemos de la silla para acabar todos, de nuevo, sentados. Guay.

Sonia Castedo hace mucho tiempo que fue advertida de que entre los empresarios había cundido la especie de que, si querías algo del Ayuntamiento en urbanismo, era preciso pagar el peaje de pasar por ese despacho. Y como ya escribí en otra ocasión sobre ella, no sé si no quiso, no supo o no pudo cortarlo, pero las fechas de los documentos hallados en los ordenadores indican que, en todo caso, la maquinaria siguió funcionando. Y en política la omisión tiene un coste en la práctica tan alto como la comisión. Aunque tarde más en pagarse.

Ninguna explicación. La defensa de todos los que se están viendo salpicados por este asunto es la de que no obtuvieron finalmente ganancias. No sé. Los jueces dirán. Pero en todo caso, el tráfico de información privilegiada es independiente del beneficio que se obtenga con ella, de la misma manera que no hace falta llevárselo crudo para que te condenen por aceptar unos trajes. Lo peor del caso es eso, que Alicante va pareciéndose cada vez más a la Valencia que dejó Camps: un territorio donde sus representantes están más pendientes del juzgado y de la Policía que de la gestión de los intereses públicos. Un sitio donde nadie cree que deba ninguna explicación a los ciudadanos que no sea la descalificación y el victimismo. Un lugar donde se ha instalado hasta tal punto el todo vale que ahora quieren cuadrar el círculo nombrando jefa de Urbanismo a la hija del protagonista principal del sumario.

Una ciudad que siempre presumió de cielo azul y brisa relajante pero que poco a poco se acerca a la definición que un amigo me dio de Bruselas: el problema es que tiene el cielo gris y demasiado bajo, me dijo. Eso mismo ocurre con Alicante: que se está volviendo irrespirable. Y deprimente.