El Gobierno de Aguirre ‘oculta’ parte de su sueldo con una partida opaca
Presidenta y consejeros cobran un complemento que no figura en las retribuciones del Presupuesto
La Comunidad subraya que todo es legal

Hace algo más de un año, en junio de 2010, Esperanza Aguirre anunció que todo su Gobierno se bajaría el sueldo de forma ejemplar para ahorrar ante la virulencia de la crisis. Ella, dijo, cobraría un 15% menos que el año anterior; sus consejeros, un 10% menos. Aguirre solo habló de porcentajes; los periodistas buscaron entonces las partidas de sueldos que recogía el Presupuesto y contaron que, tras el recorte, la presidenta pasaría de cobrar 105.800

euros brutos anuales a cerca de 90.000; y los consejeros, de 97.400 euros a unos 88.000.

La Consejería de Hacienda afirma ahora, sin embargo, que los consejeros del Gobierno cobraron el año pasado 105.317 euros. Y no es, asegura un portavoz, que en lugar de bajarse el sueldo se lo subieran, sino que la diferencia se explica por la existencia de un “complemento”. Un complemento que la Comunidad no había mencionado nunca antes.

La presidenta también lo cobra, y por tanto su sueldo real es más alto que el conocido hasta ahora, aunque la consejería no ha querido facilitarlo. El complemento existe desde 2008. No es ilegal, ni hace que los altos cargos regionales cobren más de lo que legalmente deberían cobrar, pero sí lleva a que su sueldo sea oficialmente —es decir, ante la opinión pública— más bajo de lo que es en realidad. La Consejería de Hacienda admite que, cuando da cifras de sueldo, las da sin incluir el complemento.

Este periódico se dirigió el pasado día 8 a la consejería, después de que el Senado hiciera pública la declaración de bienes del exconsejero madrileño Francisco Granados (hoy senador). En esa declaración figuraban unos ingresos de 111.999 euros en 2010, en concepto de “miembro del Gobierno de la Comunidad de Madrid”. La cifra no cuadraba con el sueldo de consejero (97.376 euros) que recogen los Presupuestos de la Comunidad; y mucho menos con los 92.000 euros que debería haber cobrado tras la bajada del 10% anunciada a mediados de 2010 por Aguirre.

El pasado día 15, un portavoz de Hacienda explicó por fin la causa del desfase. Aseguró que Granados no había cobrado 111.999 euros sino 105.317 euros. “Eso es lo que cobraron todos los consejeros en 2010, después de aplicarse la bajada de sueldos”, afirmó. La diferencia entre el sueldo oficial de 97.376 euros —o 92.000, tras el recorte— y los 105.317 euros que finalmente cobraron los consejeros se debe, añadió este responsable, a “un complemento que figura en otra parte del Presupuesto”.

El complemento salarial se encuentra en la partida 1803, titulada “homologación otro personal” y dotada el año pasado con 587.200 euros

Se trata de la partida 1803, titulada “homologación otro personal” y dotada el año pasado con 587.200 euros (este año, con 557.840). De ahí sale el dinero que complementa el sueldo de los altos cargos. El complemento no se pagaba antes de que Esperanza Aguirre llegara al Gobierno en 2003. Tampoco entre 2003 y 2008, ya con ella en la presidencia: durante todos esos años, la remuneración de los altos cargos figuró en una única cifra, sin desglosar, en la casilla de “retribuciones” del presupuesto regional.

Pero en 2008, según ha confirmado la consejería, la Comunidad decidió partir la retribución en dos: por un lado el sueldo —el que figura como tal— y por otro el complemento. Lo primero lo dejó bien visible, lo segundo no.
Ley estatal

El Gobierno regional sostiene que se limitó a aplicar la ley 8/2000 —aprobada ocho años antes—, que homologa las retribuciones de los altos cargos de la Comunidad de Madrid con los de la Administración central. Esa ley dice que el presidente madrileño debe cobrar lo mismo que un secretario de Estado; y los consejeros, un 8% menos. “La cantidad resultante”, añade, “englobará la retribución anual del alto cargo sin que pueda generarse otra retribución por cualquier otro concepto”.

Los secretarios de Estado cobran parte de su sueldo en forma de complemento (así que tampoco mirando en los Presupuestos del Estado se puede conocer exactamente cuánto perciben). La ley de homologación no obliga a la Comunidad a hacer lo mismo, pero tampoco lo impide. El Gobierno de Aguirre no lo hizo hasta 2008. ¿Qué ocurrió para que cambiase de opinión y crease el complemento? Hacienda no lo aclara.

En 2008 la partida reservada por el Ministerio de Hacienda para el complemento de los secretarios de Estado subió cerca de un 14%. El Ayuntamiento de Madrid subió inmediatamente la retribución a sus altos cargos (porque también ellos se equipararon hace años a los de la Administración central) y, así, el sueldo de Alberto Ruiz-Gallardón se disparó de golpe: de 107.000 euros a casi 120.000 (en 2010 lo volvería a bajar). Eso no figuró en los presupuestos de 2008 (aunque se pagó) porque la notificación llegó tarde, pero sí en los de 2009.

Aparentemente, Gallardón se subió el sueldo y Aguirre se lo congeló. Pero el sueldo de la presidenta no estaba congelado, sino despiezado

El sueldo oficial de la presidenta, sin embargo, no se movió sobre el papel. Ni el de sus consejeros. Aparentemente, Gallardón se subió el sueldo y Aguirre se lo congeló. Pero el sueldo de la presidenta no estaba congelado, sino despiezado: una parte se había convertido en complemento, y así se ha mantenido desde entonces.

Hacienda admite que, cuando la Comunidad habla de los sueldos de sus altos cargos, da solo la cifra del “sueldo anual, sin complementos”. Oculta, por tanto, una parte del sueldo real. “Los secretarios de Estado hacen lo mismo”, alega el portavoz. Y añade: “Siempre hemos cumplido la ley. Y la presidenta incluso cobra ahora menos que un secretario de Estado, tras la rebaja de 2010”. Pero se niega a dar su sueldo.

En junio de 2010, molesta por una información de un periódico sobre retribuciones de la Comunidad, Aguirre instó a los periodistas a preguntar por los sueldos del Ayuntamiento, “que son más altos”. No lo son, pero lo parecen.
Las dietas prohibidas y recobradas

De los 111.999 euros que el exconsejero regional —hoy senador— Francisco Granados declaró haber cobrado en 2010 como miembro del Gobierno madrileño, la Comunidad solo admite haberle pagado 105.317 euros (complemento ya incluido), “como a todos los consejeros”. Hay, por tanto, casi 6.700 euros sin atribuir.

El pasado día 8, cuando EL PAÍS se puso en contacto con Granados —a través de su portavoz— para aclarar ese desfase, el exconsejero alegó primero que se debía al cobro de dietas como miembro de la Asamblea General de Caja Madrid; después rectificó, tras recordársele que él mismo había asegurado en 2009 que los consejeros no cobraban dietas de Caja Madrid. Ahora, al conocer que el Gobierno ha dicho que solo le pagó 105.317 euros, Granados ha vuelto a la explicación inicial e insiste en que se trata de las dietas de Caja Madrid. Cinco reuniones, 1.400 euros brutos por reunión.

La legalidad de ese cobro depende de qué ley se consulte. La Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de 1995 prohibía expresamente cobrar dietas por la presencia en “organismos, corporaciones, fundaciones” o en “empresas o sociedades cuya designación corresponda a los órganos de gobierno y administración” autonómicos. También lo prohibía el artículo 24.2 de la Ley de Cajas de Ahorro de 2003. Pero Esperanza Aguirre eliminó en 2007 ese artículo.

La Consejería de Hacienda sostiene que la Ley de Cajas, modificada, “prevalece” sobre la de Incompatibilidades de 1995, “porque es posterior y porque es específica”. Por tanto, afirma un portavoz, el cobro de dietas por parte de consejeros autonómicos es legal desde 2007.

El Ayuntamiento de Madrid, sin embargo, no lo entendió así. En 2003 trasladó a la normativa municipal la ley de 1995, y prohibió a sus concejales cobrar dietas por asistir a las asambleas de Caja Madrid. Siguen sin cobrarlas, porque el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón considera que la ley que prima es la de 1995.

El 18 de diciembre de 2009, Francisco Granados respondió a un periodista que le preguntó si veía ético acumular tres cargos (diputado, miembro del Gobierno y consejero en Caja Madrid). “Menudo cargo es ser consejero general de Caja Madrid, que se reúnen dos veces al año y que, además, en el caso de los consejeros de la Comunidad de Madrid, no cobramos y no tenemos derecho a cobrar las dietas. Los otros miembros de la Asamblea General sí cobran, nosotros no”, aseguró. La portavoz de Granados —que también es secretario regional del PP— afirma ahora que “debió de equivocarse”.