Iniciado por Tuerto

De ahí que hoy esté previsto presentar un paquete de medidas, entre las que destaca el abaratamiento de este tipo de pisos, que ayudaría a ocupar las unidades que ahora no encuentran inquilino, ya sea por la falta de demanda en algunas localidades, por problemas de financiación o por su elevado precio.
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El Govern descubre 3.200 pisos protegidos vacíos

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El número de viviendas protegidas desocupadas, es decir, que están cerradas a cal y canto, asciende a más de 3.200 unidades en toda Catalunya. Ni 1.000 y tampoco 1.200, que era la cifra oficial reconocida por ICV antes de abandonar la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge, con el gobierno del tripartito.

El Departament de Territori i Sostenibilitat quiere dar salida a este gran volumen de nuevas viviendas públicas y destinarlas todas al mercado del alquiler. Por ello tiene previsto bajar las rentas mensuales para que estas sean más baratas que los arrendamientos libres. Porque aunque parezca extraño, en muchos municipios, alquilar o comprar un piso público puede resultar más caro que adquirir o arrendar uno normal.

Según ha podido saber La Vanguardia,durante estos últimos meses el Govern ha hecho un recuento de las viviendas que tenían vacías el Incasòl y la Agència de l´Habitatge de Catalunya. Dos empresas públicas que antes dependían de departamentos diferentes, pero que ahora están bajo la tutela del conseller Lluís Recoder. Una vez hechas las cuentas se ha podido determinar que de los 14.000 pisos que forman parte del parque público de la Generalitat, el 23% no está ocupado.

Lo cierto es que tal como reconoció el secretario de Habitatge, Carles Sala, durante unas jornadas de la Associació de Promotors de Catalunya (Apce), en la actualidad un mileurista no puede acceder a una vivienda social, y un alquiler protegido en Barcelona o su área metropolitana puede llegar a tener una renta mensual de 600 euros.

De ahí que hoy esté previsto presentar un paquete de medidas, entre las que destaca el abaratamiento de este tipo de pisos, que ayudaría a ocupar las unidades que ahora no encuentran inquilino, ya sea por la falta de demanda en algunas localidades, por problemas de financiación o por su elevado precio.

Además, destinarlas todas al mercado de alquiler permitiría resolver las dificultades que tiene el Departament de Territori i Sostenibilitat para construir vivienda de arrendamiento protegido, mucho más demandada que la de compra por las dificultades de financiación de las familias y los problemas de acceso al crédito hipotecario.

Lo cierto es que en los primeros seis meses del año, la construcción de nuevas promociones sociales en la que participan fundaciones, entidades y la propia Administración se ha reducido un 76%.

Una situación que se ha complicado por la reducción del 30% del presupuesto de la conselleria y de la deuda de 147 millones de euros contraída con promotores privados y públicos que construyeron pisos protegidos en los últimos años, con un dinero que no se consignó, es decir, que no estaba presupuestado.

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