La Fiscalía Anticorrupción ha advertido de que la venta de activos de Nueva Rumasa por parte del nuevo propietario del grupo, el empresario experto en quiebras Ángel del Cabo, podría suponer un delito de alzamiento de bienes, según informaron fuentes del organismo consultadas por Europa Press.
Este delito se produciría en caso de que los nuevos dueños del 'holding' empresarial se apropiaran del dinero resultante de la venta de activos de cualquiera de las sociedades vinculadas a Nueva Rumasa y no lo destinaran al pago de la deuda de más de 1.500 millones de euros que acumula el holding.
Las mismas fuentes de la Fiscalía explicaron que, por el momento, desconocen el contenido del acuerdo de compraventa, anunciado el pasado viernes por la familia Ruiz-Mateos y la sociedad del nuevo propietario, Back in Business.
Sin embargo, apuntan que dicho acuerdo tendrá su relevancia dentro de la investigación que tramita el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz por presunta estafa e insolvencia punible contra Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos, su mujer, Teresa Rivero, y sus seis hijos varones.
Reclamar el contrato

De este modo, Anticorrupción coincide con los inversores en pagarés de Nueva Rumasa que solicitaron ayer a Ruz que reclame el contrato de compraventa del holding empresarial tanto a la familia Ruiz-Mateos como al comprador para conocer a qué sociedades afecta y determinar la verdadera propiedad de éstas.
Desde la Fiscalía recuerdan que la mayoría de las empresas de Nueva Rumasa están inmersas en procesos concursales y que su gestión depende exclusivamente de los distintos administradores nombrados por los jueces, después de apartar de la dirección a los miembros de la familia Ruiz-Mateos.
Por lo tanto, las decisiones últimas sobre los activos y los movimientos que se produzcan en las sociedades del grupo Nueva Rumasa, inmersas en procesos concursales, dependen exclusivamente de los jueces mercantiles.
Querella de los inversores

El pasado mes de junio, el juez Pablo Ruz admitió a trámite la querella presentada por el despacho Martínez-Echevarría, en nombre de 200 inversores de pagarés del grupo, contra la familia Ruiz-Mateos.
La Fiscalía Anticorrupción se personó en la causa como acusación pública y tuvo que interrumpir, en favor del juez, la investigación abierta en marzo de 2010 a las emisiones de pagarés del grupo a raíz de una denuncia presentada por la Agencia Tributaria y de las advertencias formuladas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Por su parte, Ángel del Cabo también fue el último propietario de Viajes Marsans. El empresario valenciano adquirió la compañía turística en junio de 2010 a través de la sociedad Posibilitum Business, al mismo tiempo que la empresa se declaraba en concurso de acreedores.
El Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid, a petición de los administradores concursales, dictó el embargo de parte de los bienes de Posibilitum para cubrir el déficit de Marsans y les retiró sus derechos de crédito y titularidad de la sociedad.