Sólo en clave de humor es posible encajar algunas de las declaraciones de los imputados que están desfilando delante de la titular del juzgado de Instrucción número 6 de la capital hispalense, Mercedes Alaya, encargada del caso de los ERE fraudulentos.

Ayer acudieron a los juzgados el ex alcalde socialista de El Pedroso, Rafael Rosendo, y Andrés Carrasco, un amigo de éste y del ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo, Francisco Javier Guerrero, también del municipio de la Sierra Norte sevillana, uno de los epicentros de la trama. Rosendo fue prejubilado irregularmente en la empresa Cydeplas y el segundo en Acyco.

Carrasco, churrero de forma intermitente en un kiosco que tenía alquilado al Ayuntamiento, alegó en el juzgado que la relación con el ex director general de Trabajo y Seguridad Social se remonta a los años 80, cuando regresó a El Pedroso desde Barcelona y ambos pertenecían a una asociación cultural dedicada al teatro y a un coro. Eso sí, el declarante puntualizó que con Guerrero –del que se ha rumoreado su afición por el alcohol– nunca salió de copas.

La parte más inquietante de su declaración, a la que ha accedido este periódico, llegó cuando expuso los motivos por los que creyó tener derecho a la prejubilación financiada con fondos públicos. Según dijo, acudió a la casa de Guerrero para contarle su situación y para ver si «había algún tipo de ayuda» y éste le dijo que sí. Señaló que, «como había muchas ayudas», confió en la que él recibió, «lo mismo que dan ayudas para el ganado, para arreglar un tejado, etc». Asimismo, «había escuchado que otras personas habían obtenido este tipo de ayudas» al estar separados y que al estar él en esa situación, y dadas además sus dificultades económicas, reunía requisitos suficientes para ser beneficiario de los 130.105 euros reconocidos, de los que cobró en torno a 1.100 euros mensuales a partir de 2003.

Quien levantó más expectación en el juzgado fue sin embargo el ex alcalde socialista de El Pedroso entre 1987 y 1995 y desde 1999 hasta 2007. Rosendo se acogió a su derecho de no declarar.

El ex primer edil, a través de un comunicado, recogido por Efe, subrayó el «lamentable error» que ha supuesto incluirlo como «intruso» en los ERE, lo que le ha causado un «grave daño moral» y perjuicios en su imagen, el honor y en su presunción de inocencia. Añadió que esa afirmación no es una «consideración voluntarista» sino que se extrae con «rotundidad» del sumario, y que sólo recibió de la Junta una Renta de Subsistencia cuando dejó la Alcaldía en 2007.

Y el presidente de la junta con sus peluches...
Ajeno al escándalo de la trama de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos, el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, visitaba ayer la localidad cordobesa de Montoro para presentar el programa «Life Iberlince», con la ministra Rosa Aguilar. Griñán, sin embargo, está bajo lupa judicial, ya que la juez ha pedido documentación que atañe a la etapa en la que ocupó la máxima responsabilidad en la Consejería de Economía y Hacienda, entre 2004 y 2009.
El churrero que creyó recibir una ayuda por estar separado

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Vergonzoso, y encima pretenden insultarnos con las justificaciones dadas. A la cárcel con todos previo embargo de todos sus bienes.