El presidente del Congreso, José Bono, tiene sus particulares urgencias de fin de legislatura y la primera es dar carpetazo al “caso Seseña” (el de “el Pocero”) por la parte que le toca. El correspondiente informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, que incluye la denuncia de la dejación de funciones de la Junta de Castilla-La Mancha (presidida por Bono) en el escándalo, está en la Cámara, donde se acaba de registrar el primer debate y se votará el próximo día 20 ante las prisas de la tercera autoridad del Estado.

“Hubo dolo”, remachó el representante del Grupo Popular, el senador Juan Ramón de las Heras haciendo énfasis sobre un sustantivo que suena casi igual que el apellido del presidente de las Cortes. Se refería al cúmulo de irregularidades de todo tipo en las recalificaciones y licencias urbanísticas del “caso Seseña”.

El consejero del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez Miranda, explicó que ante los claros indicios de delito el asunto ha pasado a la sección de enjuiciamiento y a la Fiscalía. Las autoridades locales están en el punto de mira de la Justicia, pero falta por ver las responsabilidades del gobierno de la comunidad autónoma que autorizó o no vio irregularidad alguna en una macro operación urbanística impulsada por el constructor Francisco Hernando “El Pocero”que afectaba a 5 millones de metros cuadrados de un término municipal para construir 25.800 viviendas en los límites de la provincia de Toledo con Madrid.

De las Heras insistió en destacar que una localidad con 2.000 habitantes no se puede meter en semejante operación porque, entre otras cuestiones, no tiene competencias para ello, dado que la planificación y el urbanismo dependen de la comunidad autónoma, que es la instancia que falló en el caso al no enterarse de nada. En el caso de Castilla-La Mancha su presidente fue José Bono en todo el desarrollo del proyecto y las relaciones entre el actual presidente del Congreso y el constructor eran públicas. El senador no dio nombres pero reiteró que si hay delitos imputables a los concejales y al alcalde de Seseña, también hay que reclamar responsabilidades a la autoridad autonómica de esa etapa.

Bono a través del Grupo Socialista, ha impuesto en la comisión parlamentaria que lleva las relaciones con el Tribunal de Cuentas el trámite del carpetazo urgente. En junio, después de las elecciones municipales, le entraron las prisas. La oposición quería más tiempo por si el nuevo gobierno autonómico (presidido por María Dolores de Cospedal) y el nuevo equipo municipal de la localidad toledana podían aportar más datos al expediente.

El presidente de las Cortes ha decidido lo contrario y en julio se ocupó de que el informe se viera en las primeras semanas hábiles después de las vacaciones parlamentarias. Si se mantiene el pacto entre el PSOE y los nacionalistas en este tipo de asuntos, la comisión mixta de relaciones Congreso-Senado con el máximo órgano fiscalizador del Estado cerrará el caso, con la correspondiente votación, en su reunión del próximo día 20, una semana antes de que termine la legislatura.

Bono acelera el carpetazo al “caso Seseña” tras la denuncia del Tribunal de Cuentas - elConfidencial.com

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SI tuvieramos una verdadera justicia.... no se salva ni uno.

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Atado y bien atado


José Bono es un hombre de recursos y que no duda en inspirarse en toda clase de fuentes cuando se trata de conseguir lo esencial. Ahora, al imponer un abrupto final en la comisión parlamentaria que lleva las relaciones con el Tribunal de Cuentas se habrá inspirado, sin duda, en lo conveniente que resulta dejarlo todo atado y bien atado, conforme a las enseñanzas recibidas en sus años mozos.
Al intentar dar este carpetazo, ha impedido que los diputados ahonden en un tema que él conoce bien, y en el que está seguro de que no hay nada que, saliendo a la luz, vaya a redundar en su bien ganado prestigio de hombre hacendoso y capaz de construir, tacita a tacita, un envidiable patrimonio.

Pretende enterrar así un asunto que podría traerle algunos quebraderos de cabeza con quienes no acaban de estar convencidos de que las lecciones de economía doméstica de Bono, indudablemente exitosas, puedan servir de texto en cualquier escuela de negocios.

El informe en el que se trabaja afecta de manera muy directa a la fiscalización de su etapa como presidente al frente de la Junta de Castilla-La Mancha, y en particular a lo que se conoce como caso Seseña, un asunto que nada tuvo que ver, seguramente, con los afectuosos detalles que el constructor de esa ciudad ha tenido con Bono y su parentela más inmediata –como el Porsche Cayenne que le regaló a la entonces esposa del político–, y con que fuera, además, uno de los grandes benefactores de la hípica que Bono levantó sacrificadamente para satisfacer las querencias ecuestres de uno de sus vástagos. El presidente de las Cortes ha debido pensar, en un arranque de humildad, que no pretende que le vitoreen, y que ya es sobradamente conocido lo mucho que él ha hecho siempre que ha podido por facilitar viviendas dignas a sus paisanos.

El caso Seseña constituye, sin embargo, uno de los asuntos más presuntamente irregulares y sorprendentes en la poco ejemplar historia del urbanismo nacional.

Al constructor Francisco Hernando (conocido como El Pocero) se le concedieron toda clase de facilidades para llevar a cabo una operación urbanística que afectaba a 1,8 millones de metros cuadrados y que acabó en la construcción de una urbanización que puede ponerse como ejemplo señero de la cultura del ladrillo. Construir unos miles de viviendas en unos terrenos que poco antes habían sido terreno rústico, y apenas nada valían, es hazaña reservada a muy pocos.

Ahora, el empeño de Bono en dar carpetazo a un caso que le afecta, trata de evitar que el informe pueda quedar pendiente hasta la próxima legislatura en la que, presumiblemente, ya no podrá controlar con tanta autoridad los ritmos de la investigación y el alcance de sus conclusiones. Los socialistas han hecho causa común con los intereses de Bono, muy lejos de cualquier intención de esclarecer definitivamente las cosas y han impuesto, contra la costumbre de aprobar los diversos trámites de este tipo de informes por unanimidad, su ritmo acelerado para terminar cuanto antes la faena.

Aunque el recorrido parlamentario del caso llegue a su fin por el empeño de los afectados, subsistirá la vía jurisdiccional que se sigue en el Tribunal de Cuentas para depurar responsabilidades que están en la raíz de las irregularidades y modificaciones del planteamiento no justificadas en el interés general que se han detectado. Bono se esfuerza en lo contrario, pero la democracia exige que se sepa de una buena vez lo que causó tantos atropellos al interés general y que se enjuicie a quienes se hayan beneficiado ilícitamente de semejantes artimañas.

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