Este miércoles, María Dolores de Cospedal acaparó todos los titulares con la presentación de un plan con el que prevé recortar un 20% del gasto público corriente en Castilla-La Mancha. Es el mayor paquete de ahorro presentado nunca en España por una administración. El proyecto de la secretaria general del PP incluye la eliminación de subvenciones, la reducción del número de liberados sindicales o la supresión de organismos como el Defensor del Pueblo autonómico. El objetivo es reducir el gasto en un 20% del total de los Presupuestos para 2011 (pasando de 8.616 millones de euros de este año a unos 6.800 millones, tras ahorrarse unos 1.800 millones, 1.718 en gastos y 97 por nuevos ingresos).

Viendo todos estos datos, surge la pregunta de si no podrían hacer todas las administraciones algo parecido a lo propuesto por la nueva presidenta castellanomanchega. Parece claro que uno de los principales problemas de la economía española proviene del alto nivel de endeudamiento de su sector público, por lo que un plan de ajuste que redujese el déficit y ayudase a cancelar parte de la deuda podría ser el primer paso para una recuperación económica sostenible. Es una decisión complicada desde el punto de vista político, puesto que supone cargarse importantes partidas de gasto que parecen intocables (y enfrentarse a importantes grupos de presión que temen perder sus privilegios), pero el Plan Cospedal demuestra que si se quiere o no se tiene otro remedio es más que posible hacerlo.

En el año 2009, las administraciones públicas españolas gastaron 485.200 millones, lo que supuso un 46% del PIB español (por cierto, el nivel más alto en catorce años y eso que entonces ya se sabía que estábamos en una profunda crisis). De entre los gastos no financieros (los no destinados a pagar los costes de la deuda), casi un 30% correspondió a la administración central y un 35% a la Seguridad Social (básicamente pensiones y desempleo). Mientras, a las CCAA les correspondía el 24% y a los ayuntamientos poco menos del 11%.

Las bandas musicales son una tradición muy arraigada en tierras valencianas, como es bien sabido. Las subvenciones públicas con las cuales se mantienen estas agrupaciones son, en cambio, un invento algo más moderno , que con la aparición de las comunidades autónomas han adquirido un carácter universal.

Valencia es la comunidad autónoma que encabeza la clasificación del desastre financiero autonómico, con una deuda que supone el 17,4 por ciento del Producto Interior Bruto regional, superior en dos décimas a la aparentemente inalcanzable Cataluña tras la gestión del Tripartito.

Tan penosa circunstancia, sin embargo, no resulta un inconveniente para el ejecutivo del Partido Popular valenciano, que se acaba de pulir casi cinco millones de euros en algo tan aparentemente poco significativo como la financiación de las bandas de música municipales y otras más dependientes de entidades privadas, por supuesto sin ánimo de lucro.

Los esfuerzos para salir de la crisis económica que asegura estar llevando a cabo el flamante presidente de la Generalidad Valenciana, son al parecer compatibles con el reparto de subvenciones para asuntos aparentemente suntuarios como el descrito. Salvo que la interpretación de piezas como "Paquito El Chocolatero" sea considerada por el gobierno valenciano como una pieza fundamental para iniciar la senda de la recuperación económica, que todo podría ser.

Iniciado por f5inet

en castilla acaban de entrar y hay que despedir a mucho tontolaba con carnet del partido 'equivocado'=recortes

en valencia los que estan en el aparato del gobierno todos tienen el carnet del partido 'correcto'=gasto sin descanso