El adelanto electoral se lleva por delante las promesas que el ministro de Justicia hizo sobre la tantas veces aparcada reforma del sector: la ley de Enjuiciamiento, la agilización de los juzgados, la ley Concursal, la de Mediación o la de Justicia Gratuita, o la renovación del Tribunal Constitucional se quedan en el tintero. Y en tres meses, con la campaña de por medio, todas las fuentes descartan ya que puedan ver la luz.

Pese a las promesas de Francisco Caamaño, el gran proyecto de la reforma de la ley de Enjuiciamiento criminal, norma que data de 1882, se ha quedado en aguas de borrajas, pese a que el ministro se la planteó como uno de sus retos de máxima urgencia y necesidad. Presentó un anteproyecto con algunas reformas, varias no exentas de polémica, y en julio el Consejo de Ministros le dio el visto bueno.

Ahora, a tres meses de las elecciones y con la campaña por medio, no es el marco más idóneo para que el texto pase el filtro del Congreso de los Diputados y el Senado, sobre todo cuando desde el PP se han lanzado fuertes críticas al trabajo realizado desde el Ministerio.

El propio portavoz del PP en asuntos de Justicia, Federico Trillo, dijo recientemente que este borrador es un “brindis al sol”, un “adiós a la vida del ministro”, que sabe perfectamente que es un debate abierto desde hace más de ocho años y ha querido dejar planteado en el último momento conociendo que es “absolutamente imposible”.

Uno de los puntos es una quimera que pueda ser aprobado sin un previo y arduo debate. El Gobierno, con el apoyo del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha introducido la figura del fiscal instructor, o, lo que es lo mismo, que sea el Ministerio Público y no el juez el que se encargue de las investigaciones , tuteladas eso sí por un magistrado de garantías. Esta modificación no ha sido vista con muy buenos ojos por las asociaciones judiciales, que consideran que puede producir un menoscabo a las instrucciones que afecten a determinados intereses políticos.

Otra de las grandes asignaturas pendientes de Caamaño es la creación de unidades judiciales para desatascar los juzgados y poder equiparse con la media de la Unión Europea. La matriz del problema es la falta de inyección presupuestaria para invertir en la calidad de la Justicia. El Gobierno prometió que antes de final de año se crearían doscientas unidades judiciales como respuesta al ahogo de gran parte de los jueces del territorio español.

El Consejo General del Poder Judicial ha realizado un informe en el que se plasma la necesidad de crear más de quinientos nuevas plazas de jueces en activo, tal y como prevé la ley de Presupuestos Generales del Estado, para aproximarse a la normalidad y solventar parte del colapso. Este informe del órgano de los jueces muestra su preocupación ante una situación que no puede mantenerse por más tiempo sin que conlleve una merma de la calidad de la Justicia. Los juzgados más debilitados son los de lo Social, en Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana, seguidos de los de Primera Instancia y de lo Mercantil.

Cierto es que Caamaño ha sido el ministro de Justicia que en estos ocho años de gobierno socialista más reformas ha impulsado. Por lo menos siete de ellas han sido publicadas ya en el BOE o están en fase de tramitación en las Cámaras. El ministro se ha centrado en desarrollar las nuevas tecnologías en los tribunales, como es el caso de la Audiencia Nacional que ha digitalizado todos los documentos, pero sus esfuerzos no han sido suficientes para dejar la Justicia a la altura que se merece. La ley Concursal, la de Mediación o la de Justicia Gratuita son algunas de las promesas que se han quedado en el cajón. Y la Oficina Judicial es un proyecto ambicioso que no está funcionando.

Renovación fallida

Y como colofón está la renovación del Tribunal Constitucional, que ha dejado en evidencia la desidia ante este asunto y el bloqueo por parte tanto del Gobierno como de la oposición. Antes del verano, la renovación de los cuatro magistrados a propuesta del Congreso de los Diputados era “inminente”, según José Bono. Tres de los magistrados pendientes de renovación llegaron a presentar su dimisión ante el presidente del TC, Pascual Sala, que no se la aceptó.

Sala les pidió paciencia y prometió instar a las instituciones para la renovación con carácter de urgencia. Pero el anuncio del adelanto electoral ha supuesto un jarro de agua fría a estos magistrados que ven cómo su salida del tribunal, especialmente dañado desde la sentencia del Estatuto de Cataluña y la polémica legalización de Bildu, va a tener que esperar también a la próxima legislatura.

Iniciado por Toctocquienes

Yo hago la reforma en un plis-plas.
Pena de muerte para todos los delincuentes.

País arreglado.
No entiendo que es eso de segundas oportunidades ni reintegración de violadores y asesinos etc.
Si sabes y puedes vivir en sociedad, hazlo. Si no sabes o puedes, lárgate antes de que te cojamos.

Iniciado por Toctocquienes

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