¿Cuantos trabajadores encontraran sus empresas cerradas tras las vacaciones?

La quiebra amenaza a 139.200 empresas valencianas por los retrasos en los pagos - Levante-EMV

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Las facturas impagadas a compañías suben este verano dos puntos y representan el 6% de las operaciones comerciales


JOSÉ LUIS ZARAGOZÁ VALENCIA Los nuevos escenarios económicos que pintan los mercados tras las hecatombes bursátiles de las últimas semanas, por temor a una nueva recesión, afectan de lleno a las maltrechas cuentas públicas de los Estados tan preocupados por impulsar planes de recortes del déficit público. Ese continuo saldo rojo en sus balances genera un impacto directo sobre la economía familiar y las empresas privadas, cuyo 40 % ve amenazada su superveniencia en España por los retrasos de los pagos, según constata el informe presentado por Intrum Justitia, multinacional sueca y líder en el mercado europeo dedicada a la gestión de créditos y cobros. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la provncia de Alicante cuenta con 348.955 compañías -en su mayoría pymes- por lo que unas 52.600 no tiene claro que puedan mantenerse en el mercado en los próximos años.
El diagnóstico realizado por el portavoz de la Plataforma multisectorial contra la Morosidad Pedro Torres es contundente. En declaraciones a este diario, asegura que a lo largo de este verano la morosidad ha vuelto a repuntar y los impagados de empresas y familiar ya se sitúan en el 6 % de las operaciones comerciales totales, un porcentaje que resulta superior en negocios relacionados con la construcción o la distribución comercial.

Incumplimiento
"Esta situación -según el director general de Intrum Justitia, Luis Salvaterra- hace evidente la necesidad de que el Gobierno español haga cumplir cuanto antes los plazos de pago que figuran en la Ley, e incluso si fuese posible sin esperar hasta 2013, cuando termina el periodo de transición de los mismos. Pagar a tiempo supone reactivar el motor de las empresas, la liquidez, algo que se hace cada vez más necesario, especialmente para las pymes". Si la administración pública, empresas y consumidores pagasen todas sus facturas equivaldría a una inyección para la economía española de 28.630 millones de euros. Además, el segundo aspecto que más preocupa a las empresas como consecuencia de los retrasos en los pagos y los impagos es la pérdida de beneficios, algo que esperan para este año el 62% de las empresas, un porcentaje que se ha incrementado un 17% respecto a 2010. El tejido empresarial de toda Europa ha visto resentido su crecimiento; de hecho, las empresas de ninguno de los 25 países analizados han experimentado un crecimiento orgánico por la recesión.
Contrastan las situaciones de países como Grecia y Suecia. Así en Grecia, el 67% de las empresas no han crecido e incluso han reducido sus ventas un 70%. Sin embargo, en Suecia, aunque sin datos positivos, el 21% de las empresas no han crecido y sus ventas han disminuido un 42%. España se encuentra ligeramente por encima de la media europea que se sitúa en el 45%. Así, el 46% de las empresas españolas no han crecido, han reducido sus ventas un 65% y han invertido en innovación un 44% menos.

La Ley de Morosidad
no impide que el plazo
de pago del sector
público siga en 157 días
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, según Torres, ha asegurado que los 2.300 millones de euros de los anunciados Presupuestos Generales de 2012, que se destinarán a que las administraciones públicas paguen a sus proveedores (medida anunciada recientemente por el Gobierno), podrían salvar miles de puestos de trabajo. Aunque está por ver su eficacia. "Es necesario que el Gobierno articule mecanismos oportunos y de control para que el aumento de estas aportaciones a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos en los próximos presupuestos sean realmente finalistas y sirvan para pagar efectivamente las deudas pendientes", señala otro portavoz de esta organización, Antoni Cañete. En su opinión, los 2.300 millones de euros "no son suficientes, aunque bien es cierto que la propuesta va en la dirección adecuada para solucionar la dramática situación que están viviendo las empresas proveedoras, especialmente pymes y autónomos, por las deudas que tienen pendientes con las administraciones públicas, sobre todo los ayuntamientos". En los últimos meses se ha constatado un alza de estas deudas "al no poder el sector público aumentar más su endeudamiento", aclara.
En 2011, el plazo medio de pago en España (incluido el acordado y los retrasos) duplica al europeo. Así, ha pasado de 103 días en 2010 a 106 en 2011, una cifra que en Europa se sitúa en 53 (frente a los 52 de 2010). Concretamente, la administración pública española continúa pagando sus facturas en un plazo de pago real de 157 días, el mismo que en 2010; y las empresas han aumentado un día respecto al año anterior sus plazos de pago, hasta los 99 días.
Destaca el cambio de tendencia en el comportamiento de pago de los consumidores quienes, lejos de disminuir sus plazos de pago, lo han aumentado un 15%, hasta los 68 días, frente a los 59 de 2010. Salvaterra sostiene que "estas cifras muestran la necesidad de legislar también a los consumidores a través de la Ley de Morosidad, que cumple un año, ya que sus impagos o retrasos pueden suponer la diferencia entre que una empresa continúe o no en el mercado". Los datos europeos reflejan que la administración pública paga sus facturas en un plazo de 65 días, las empresas en 56 y 40 jornadas en el caso de los consumidores; unos datos que, en algunos países, marcan una diferencia de hasta cien días respecto con España. j. L. Z.VALENCIA


La quiebra amenaza a 52.600 empresas de la provincia por los retrasos en los pagos - Informacion.es

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Lo que no dice el analisto es de donde espera que salga el dinero para que las empresas puedan reducir los plazos de pago.

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Siento mucho decir esto (y una mierda como una boina) pero este no será un país serio hasta que los acreedores de los organismos publicos cobren sus deudas antes que los funcionarios su nómina.

Porque dinero para ambas cosas no hay.

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Yo tb lo siento mucho ( y una polla como una olla ) pero antes que cobren las empresas honestas y no las putas empresas de los amiguitos enchufados y resdes clientelares con facturas infladas detrás de los cuales no hay productos ni servicios ofrecidos, que estamos hablando la puta "terreta!", un nido de corrupción brutal

no hace mucho que un contrato con la administración se decia que era un cheque en blanco. jejejejje

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Es imposible. En Valencia gobierna el PP y nos va a sacar de la crisis.
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A ver si abrimos los ojos. No hya por donde cojer el asunto. PPSOE=PPSOE

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Amigo... ESAS ya han cobrado. Todas. Al contado.

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Sin duda se debería exigir por ley que para limitar los efectos de la morosidad el pago a concejales, alcalde y demás puestos políticos tiene que ir después de las deudas a proveedores, etc.

Y porque mejor no exigirles que administren bien y no roben y que si lo hacen vayan a dar con sus huesos a la carcel y todo el dinero malhabido les sea quitado.

Ah no que para eso necesitaríamos una Justicia independiente y honrada.

Esto no se arregla con leyes porque las leyes no se cumplen y aquí no pasa nada, la única solución es que cuando no se cumpla la ley el castigo sea rápido y justo.

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