En Palermo tienen la mafia calabresa y en Madrid tenemos a la condesa de Murillo y sus hamijos. Son sus costumbres ladrilleras y hay que respetarlas:

Aguirre amortigua la crisis del ladrillo con la educación concertada - Estrella Digital

Aguirre amortigua la crisis del ladrillo con la educación concertada

Arturo Fernández, presidente de la CEIM, y la promotora de cooperativas ALFEDEL SL son algunos de los principales beneficiarios de esta política. Estas empresas GECESA Y ALFEDEL habrían ganado 400 millones de euros en proyectos vinculados a colegios. El modelo madrileño cede 180.000 metros cuadrados de suelo para la construcción de edificios gratuitamente y renuncia a la gestión administrativa de los centros.

El Gobierno regional ha encontrado una salida a la crisis en la construcción favoreciendo la entrada de empresas privadas en el sector educativo subvencionado. Según denuncia el sindicato FETE-UGT, una de los beneficiarias de este modelo implantado en Madrid es GECESA, firma relacionada con el grupo hostelero de Arturo Fernández, presidente de la CEIM, que ya ha abierto cinco grandes centros en la región. Otra es ALFEDEL SL, promotora de cooperativas con sede en Valdemoro y registrada legalmente para desarrollar una actividad “de consulta y asesoramiento sobre dirección y gestión empresarial”, que ya tiene proyectada la construcción de 18 centros educativos en la región.

El Ejecutivo de Aguirre está realizando concesiones de terrenos a estas empresas por periodos de 50 a 75 años y a precios que oscilan entre los 5.000 y los 6.000 euros anuales, según cuenta a Estrella Digital Eduardo Sabina, responsable de Acción Social de FETE-UGT Madrid. En un informe publicado por este sindicato, se afirma que entre ambas firmas superan los 400 millones de euros de inversión. Y añaden que “esta situación es crítica en la educación infantil de 0 a 3 años, donde la gestión pública apenas llega al 18%”.

Este modelo, que debería suponer un ahorro para la Administración, al no asumir los gastos de la construcción ni del mantenimiento de los edificios, se está convirtiendo en un negocio redondo para empresarios cercanos a la presidenta. Según estimaciones realizadas por el sindicato, los nuevos centros se están construyendo sobre parcelas cedidas casi gratuitamente por la Comunidad de Madrid. “Ceden el suelo, te ponen el cliente gracias a las viviendas que han sido construidas en los alrededores y les pagan a los profesores mediante la regulación del concierto educativo. Las concesionarias gestionan el centro y exigen cuotas al alumnado para que el negocio sea rentable. Es un modelo perverso”, relata Eduardo Sabina.

Hasta ahora, el Gobierno autonómico ha transferido 180.000 metros cuadrados de suelo para la construcción de edificios y ha renunciado a la gestión administrativa de los nuevos centros. “Tiene que haber oferta para todos”, afirmó recientemente en la Asamblea de Madrid la consejera de Educación, Lucía Figar. Sin embargo, sindicatos, oposición, asociaciones de padres e incluso algunos colegios concertados consideran que este sistema "favorece el negocio de unos pocos con el dinero de todos".

Reducto de marginados

El balance anual sobre la enseñanza en Madrid no puede ser más desalentador. La educación pública se muere en la Comunidad. La política implantada por el Gobierno de Esperanza Aguirre favorece la matriculación de alumnos en centros privados y concertados. Organizaciones sindicales como UGT y CCOO y asociaciones de padres consideran que el sistema de financiación educativa del Ejecutivo regional “terminará convirtiendo a la enseñanza publica en un reducto de marginados”. Los centros privados y concertados han absorbido este curso a 441.091 alumnos, el 46% de escolares matriculados, cinco puntos más que en 2000. Sólo la crisis económica y la segregación étnica practicada por algunos colegios privados han sostenido los índices de matriculación pública en unos limites “tolerables”.

Con estos datos, Madrid asciende a la segunda posición del ranking nacional de enseñanza privada y concertada, según datos del Ministerio de Educación. Sólo el País Vasco le supera. El Gobierno regional defiende el respaldo de su modelo como una forma de garantizar la libertad de elección de los padres.

En la región hay 580 colegios concertados, 1.113 privados y 1.646 públicos. Este año se ha incrementado un 6% el número de aulas concertadas (750), ha disminuido un 21,6% la inversión en infraestructuras y un 5%, los fondos para gestión administrativa. El gasto anual medio en la enseñanza pública asciende a 658 euros, frente a los 1.433 euros de la concertada, según los últimos datos publicados por el INE. Y eso aunque ambos modelos son gratuitos por ley y los dos se sostienen con fondos públicos.

En peor situación se encuentran la escuelas infantiles. El 61,54% del alumnado está matriculado en centros de titularidad privada y el 38,46%, en centros públicos. En un informe sobre educación infantil, FETE-UGT denuncia que “la mayor parte del alumnado en esta etapa está sujeto a unas tarifas de escolarización sin control alguno”. La gestión pública en esta fase educativa llega solo al 18%. La última escuela infantil pública creada se remonta al último Gobierno socialista de la Comunidad, hace más de 16 años.

Durante los Gobiernos del PP, solo se han construido escuelas infantiles de titularidad pública pero con gestión privada. Asimismo, según indica FETE-UGT en su estudio, “dos de los centros públicos han sido reconvertidos para ser gestionados por empresas privadas”.

Lo subo para que se vea que los temas de corrupción política molan mucho...

Los consejeros de educación de Madrid, entienden que ellos son consejeros tanto de educación pública como de educación privada, lo mismo pasa con la sanidad. Aceptan eso con todo el desparpajo del mundo obviando que ellos están en un cargo público, y que lo que proponen es doble juego y te la meto por detrás.

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hay dios mio que hemos hecho los espñoles para tener esta clase politica del PPSOE , alguno tiene moral , y sabe lo que es justo y moral ????

Con lo de izquierda y derechas , el PPSOE tienen carta blanca para toda clase de desmanes

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Lo pagaremos. Hoy, mañana o dentro de 20 años.

Pero vaya si lo pagaremos...

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El modelo de colegio concertado es elq ue queremos los madrileños.

Asi lo que hace es cumplir con nuestro mandato.

Si la mayoria de los madrileños quisiera educacion publica votaria IU. Comoq ueremos concertada, votamos PP.

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Habla de la construcción y mantenimiento de los centros, que si no fuera porque va a ser una barra libre de pasta con el dinero "que no es de nadie" para los amiguetes de turno, sería hasta buena idea.

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Joder!!!... por fin alguien piensa igual que yo.. ya creia que mi cerebro estaba fallando.

Vamos a ver, ayer discuti en este foro por algo parecido... los ciudadanos hemos tenido 8 años un partido de izquierdas gobernandonos y lo habra echo mal o fatal pero ha mantenido la sanidad publica, la educacion publica y aunque no ha podido o no ha sabido incarle el diente a los dineros de las clases altas tanto en España como en los paraisos fiscales me imagino que lo habrá intentado.

Ahora todo el mundo dice que quiere un gobierno de derechas, pero mas por castigo a la Izquierda que por otra cosa, si este voto masivo al PP se produce... no voy a entender, ni a secundar ninguna manifestacion por el copago, por la eduacion concertada, por la reduccion de prestaciones sociales...La derecha es la derecha y no va a hacer la politica que tendria que haber hecho ZP.

Asique menos coraje y mas cerebro.

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¿Por qué no te lees la noticia y dejas el guerracivilismo para luego?
Y eso de que el que vota PP quiere concertada es mucho suponer:

Guerra contra los colegios concertados de Madrid - Estrella Digital

Guerra contra los colegios concertados de Madrid

Las cuotas voluntarias para actividades extraescolares o material, que los centros convierten en obligatorias, son el principal motivo de la denuncia de las familias de los alumnos

Sindicatos y oposición consideran que se trata de una estrategia de privatización encubierta de la enseñanza por parte de la Comunidad de Madrid
Padres de alumnos, sindicatos y colegios privados están en guerra contra el modelo educativo de la Comunidad de Madrid. El objetivo son los centros concertados. Las cuotas voluntarias que, sin embargo, obligan a pagar a sus alumnos por conceptos como las actividades extraescolares o los uniformes (aquí se llega a incluir bañadores o corbatas) son el principal motivo de queja. Mientras que sindicatos y oposición lo consideran “privatización encubierta” y acusan a la Consejería de Educación de hacer la vista gorda, las escuelas privadas solicitan que el Gobierno de Esperanza Aguirre potencie la educación pública ya que, en su opinión, el sistema actual fomenta la “competencia desleal” por parte de los colegios concertados.

Eduardo Sabina, responsable de Acción Social del sindicato FETE-UGT en Madrid, añade a Estrella Digital que también se trata de “competencia desleal para la pública”. Por ello, opina que se tendría que retirar el concierto a los centros que obliguen al pago de cuotas. La alternativa sería que la Administración asuma el gasto: “La aportación debe ser suficiente para que cubra todo”, afirma.

La diputada regional Eulalia Vaquero, portavoz de Educación de IU, ha denunciado en la Asamblea madrileña que las cuotas obligatorias están “expresamente prohibidas por ley”. Aun así, según ella, el 90% de los colegios obligan a pagarlas como requisito para matricular al alumno en el centro. Eduardo Sabina dice que las cantidades llegan a ser de unos 300 euros mensuales. Esto, además, sirve de filtro para que las familias de pocos recursos económicos opten por matricular a sus hijos en centros públicos, lo que supone “segregación económica”, según Sabina. Como estas familias son en su mayoría inmigrantes o de etnia gitana, esta práctica acaba derivando en un modo de segregación racial.

Ante esta situación, en el sindicato lamentan que la consejera de Educación, Lucía Figar, “mire para otro lado y deje que los centros hagan lo que quieran”. Aun así, la Consejería ya ha pedido a un colegio concertado, el Trinity College de San Sebastián de los Reyes, que devuelva a las familias que lo reclamen 26 euros de cada mensualidad. Asimismo, solicita al centro que avise de que estos pagos —que incluyen conceptos como material escolar o salidas pedagógicas— son voluntarios.

Esta medida no ha satisfecho ni a los padres ni a la oposición, que reclaman castigos más severos. Por ejemplo, como en Andalucía o Murcia, donde se han impuesto multas millonarias en casos similares. Así, José Luis Pazos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado Francisco Giner de los Ríos, afirma a Estrella Digital que “no se plantean soluciones desde la Consejería de Educación, pues sus responsables políticos actuales ven con buenos ojos la existencia de las cuotas, aunque públicamente no puedan decirlo”. también

Por su parte, la Consejería ha ampliado en este ejercicio presupuestario las exenciones fiscales a las familias con alumnos centros privados para compensar por el dinero que ahorran en educación al Estado. Esto ya estaba vigente para las familias con hijos en colegios concertados de la Comunidad de Madrid, que pueden desgravar los gastos de escolaridad en la declaración de IRPF y recibir ayudas para la compra de uniformes.

Oposición y sindicatos consideran que esta manera de actuar forma parte del proceso de privatización encubierta de la enseñanza en Madrid, donde, según los críticos con estas medidas, se acabará dejando la escuela pública para las familias sin recursos o para los alumnos con problemas. Como sucede en Estados Unidos.

José Luis Pazos va más allá al afirmar que “en realidad no es una actuación encubierta, pues el Gobierno Regional ha dejado claro en reiteradas ocasiones que su apuesta es por la enseñanza privada y por la privatización de la gestión de la enseñanza pública”. Y añade que “si su modelo se impone, la enseñanza pública será subsidiaria de la privada y se limitará a ser un servicio asistencial para la población más desfavorecida. En algunas zonas de la Comunidad de Madrid ya es prácticamente así”.

FETE-UGT ha alertado sobre este asunto en un informe: “Para el actual ejercicio del 2011 la deducción llegará hasta el 15% en los gastos de escolaridad, un incremento del límite de la deducción hasta 900 euros por hijo y un límite de renta per cápita familiar de 30.000 euros; es decir, una unidad familiar de cuatro miembros que tuviera unos ingresos de 120.000 euros al año”. Los límites hasta ahora eran del 10% en gastos de escolaridad, hasta 500 euros por alumno, y la renta per cápita familiar, de 10.000 euros anuales como máximo. Esta situación es más grave en Educación Infantil. En el curso 2008-2009, según denuncia el sindicato, el Gobierno de Esperanza Aguirre ya incrementó las cuotas “en un 60,2% para las familias con las rentas más bajas y las redujo en un 58,1% para las más altas”.

La oposición también ha protestado por esta situación. Mercedes Díaz Massó, diputada regional por el PSOE, denunció en la Asamblea de Madrid que estas deducciones suponen un "regalo fiscal que beneficia a las rentas más altas", ya que aportarán 900 euros por hijo a familias con ingresos "de hasta 30.000 euros por miembro de la unidad familiar". En respuesta, Antonio Beteta, consejero de Economía y Hacienda, acusó a los socialistas de dar por sentado que exista “una parte de la ciudadanía que paga impuestos y que no tiene derecho a que la Administración le compense por parte de esos impuestos”.

Díaz Massó alertó de que, con esta medida, la Comunidad de Madrid "va a dejar de ingresar en torno a 90 millones de euros, con los que podrían construirse las escuelas infantiles que hacen falta en la región". FETE-UGT también reclama que se dediquen más recursos a la educación pública. En este sentido, denuncian que las ayudas para material escolar y libros de texto “alcanzan a menos del 30% de la población escolar no universitaria, además de que no cubren ni el 50% del gasto medio de una familia”. Y recuerdan que en otras Comunidades Autónomas se financia el total de este gasto. De igual forma, señalan que los fondos para transporte, rutas y alumnos transportados se han reducido en un 10%.

Otro motivo de queja es la enseñanza de idiomas. Según FETE-UGT, se ha congelado el número de profesores, que es insuficiente para una enseñanza de calidad, y no se ha desarrollado la red de Escuelas Oficiales de Idiomas, “cuyo costo para el alumnado es de solo unos 100 euros al año”. La solución del Gobierno de Aguirre es que las familias puedan desgravar el gasto de realizar estos estudios fuera del horario escolar. Para el sindicato, se trata de una estrategia cuyo objetivo es fomentar “el desarrollo de las academias privadas y la prestación del servicio en los propios centros privados”, que así podrían aumentar sus cuotas mensuales.

la inmigración masiva tiene mucho que ver con el auge de la educación concertada.