La desconfianza de los mercados complica las futuras emisiones de la Generalitat y anticipa más recortes en otras partidas

El conseller de Hacienda, José Manuel Vela, y su compañero de Economía e Industria, Enrique Verdeguer, todavía van a tener que sufrir algunas noches insomnio para estabilizar las cuentas públicas de la Generalitat. La crisis de la deuda soberana en los mercados financieros internacionales están condicionando más todavía la ya de por sí maltrecha capacidad de la Administración autonómica para financiar su déficit y atender sus compromisos de pago.

La valenciana es una de las autonomías que incumplió en 2010 los objetivos de déficit marcados desde el Gobierno central y la Unión Europea. La cuenta general de la Administración regional se liquidó con un desequilibrio de 380 millones de euros. Pero esta cifra no incluye el déficit de las empresas públicas ni los ajustes en términos de contabilidad nacional. El Ministerio de Hacienda desveló que los números rojos del Consell en el pasado ejercicio ascendieron a 3.632 millones, el equivalente al 3,47 % del PIB.

Con estas cifras urge meter tijera. El plan de ajuste anunciado para los próximos meses y con el que el Consell confía en ahorrar 1.900 millones de euros entre lo que queda de año y 2012 busca poner freno al déficit autonómico para poder salir al mercado con ciertas garantías de éxito. Pero si el Tesoro español ve cómo cada vez paga más intereses por colocar sus bonos, este encarecimiento se amplifica en el caso de las autonomías.

La Generalitat ya ha sufrido en sus propias carnes el incremento de los costes de tener que recurrir a la financiación externa para cubrir sus gastos. Sólo durante el primer trimestre del año -último del que el Ministerio de Hacienda ha publicado la ejecución presupuestaria- el Consell disparó un 45,67 % sus gastos financieros respecto al mismo período de 2010. Hasta marzo había reconocido obligaciones de pago en intereses de la deuda por importe de 246,3 millones de euros. Se trata de casi la mitad (un 48,10 %) del total presupuestado para todo el ejercicio, 512,2 millones de euros. A este ritmo, el presupuesto de gastos financieros puede convertirse en papel mojado antes de acabar el año. Y esto es un problema añadido, porque la Conselleria de Hacienda deberá reducir el importe de otras partidas para poder atender sus obligaciones financieras.

El coste disparado de los intereses tiene mucho que ver con las duras condiciones de un mercado del crédito cada vez más exigente y reducido, cuando no directamente cerrado. En una entrevista reciente con Levante-EMV, el conseller de Hacienda José Manuel Vela, admitía directamente que son varias las ocasiones en que no logra renovar las pólizas de crédito, una misión que ahora ha asumido Verdeguer al tener bajo su paraguas el Instituto Valenciano de Finanzas. "Cuando Merkel dice que Grecia no se qué, me tiro tres o cuatro días sin renovar. Ahí está el problema, porque el dinero que tengo que destinar a pagar a proveedores, nóminas y hospitales lo tengo que destinar a amortizar anticipadamente unas operaciones que hace diez meses no estaba previsto que ocurrieran", afirmaba Vela.

Más estrangulamiento

El cierre de los mercados, reforzado con nuevos candados por la crisis de esta última semana, puede estrangular todavía más a la Generalitat. Vela cuenta con autorización para emitir 1.300 millones de euros este año, que se elevan hasta cerca de 2.000 millones con autorizaciones anteriores sin ejecutar. Pero además tiene que renovar vencimientos de pagarés a corto plazo y papel del Euromercado y afrontar la amortización de los 1.500 millones de euros en bonos patrióticos a particulares, que vencen a mediados de diciembre. Así las cosas, Vela y Verdeguer tendrán que demostrar en otoño que su plan de ajuste empieza a dar resultados si quieren seguir captando dinero del exterior.

La complicada tarea de contener a las agencias calificadoras

La Generalitat valenciana no sólo tiene que pasar el examen periódico ante los técnicos del Ministerio de Hacienda para obtener autorizaciones de deuda. El conseller del ramo, José Manuel Vela, y su compañero en Economía, Enrique Verdeguer, también tienen cita en septiembre con algunas agencias calificadoras. El pasado 22 de junio, Standard & Poor's rebajó de A+ a A la calificación de la deuda pública autonómica y la puso además en perspectiva negativa. Ante de finalizar el mes que viene, los analistas de S&P se reunirán con Vela para decidir si dan otra estocada al papel de la Generalitat o lo dejan como está. Esta es una de las razones por las que Vela ha metido prisa al resto de consellers del Ejecutivo de Alberto Fabra a la hora de aplicar los recortes y poner sobre la mesa medidas de ajuste. El Plan de Vela ya está muy esbozado. De su aplicación depende que los intereses de la deuda mitiguen su tendencia alcista. De momento Moody's no parece darle mucha credibilidad y el 29 de julio rebajó su calificación. v. r. valencia

Vela saca la motosierra
07.08.11 - 00:06 -

El PP aplica en su gestión las medidas de recorte con las que se presentó a los últimos comicios autonómicos

El ajuste previsto por el conseller de Hacienda reduce un 20% el presupuesto que tenía en 2010 la Generalitat

Los primeros días de agosto están sirviendo a la decena de consellers de Alberto Fabra para ajustarse varios agujeros del cinturón y apretarlo lo justo para poder respirar y seguir ofreciendo servicios al ciudadano. El tijeretazo impulsado por el titular de Hacienda y Función Pública, José Manuel Vela, aprobado en el ultimo pleno del Consell, supone un recorte de 680 millones de euros en la Administración autonómica. Pero no es nada para lo que tiene que llegar.

Las medidas adoptadas no son de cara a la galería, como suele decirse, el chocolate del loro. No solamente se quiere reducir el consumo eléctrico de los edificios autonómicos, el gasto de telefonía, el uso de coches oficiales o de asesores. Vela también utiliza el chocolate del loro pero sus medidas van mucho más allá.

El titular de Hacienda amenaza no con sacar las tijeras el próximo septiembre, sino la motosierra y aplicarla a las fundaciones y empresas públicas. El objetivo es ahorrar unos 1.200 millones de euros más.

Las vacas de la Administración valenciana no están flacas, sino exánimes. Y, al parecer, van a tardar en comer hierba fresca. Los Presupuestos de la Generalitat ascienden a 13.714 millones. Una cifra que es un 4,7% menor que la del año pasado. Y este verano se le descuentan 1.900 millones de euros, casi un 15%, lo que supone un 20% respecto al presupuesto del año 2010.

A pesar de que en la anterior legislatura ya hubo recortes, al parecer se siguió tirando con pólvora de rey. Ya lo dijo la exministra socialista Carmen Calvo: el dinero público no es de nadie. Por eso no se suele poner tanto cuidado en mimarlo como si fuera el de uno propio. De lo contrario no se entiende que el conseller Vela asegurara que a partir de ahora el Consell no se iba a gastar ni un euro sin justificar su necesidad.

El expresidente Francisco Camps lo tuvo claro y meses antes de ganar de calle las elecciones autonómicas puso en marcha estudios para recortar presupuestos, gastos superfluos. Los ajustes ya se pusieron de manifiesto en el programa electoral de las elecciones autonómicas que preparó Rafael Blasco, con un 25% de disminución de los coches oficiales o la puesta en marcha de la central de compras. Blasco ya proponía reducir a 10 las consellerias, recortar un 25% los departamentos, cargos políticos y personal de confianza, así como racionalizar el sector público empresarial: cerrar empresas públicas.

El anterior presidente ya redujo de 13 a 10 las consellerias. El actual, en ese sentido, no ha movido un pelo. Luego vino el recorte de un 30% en el segundo escalón: 20 áreas menos con sus altos cargos y sus respectivos equipos (260 personas) con los que ahorrar 14 millones de euros en la legislatura.

Alberto Fabra heredó el plan de ajustes y una frase de Camps que no dudó en hacer suya: «Hay que hacer más con menos».

Hay que aumentar la eficiencia en la gestión, porque, además, el Gobierno le reclama a la Generalitat 1.700 millones de euros, desveló el viernes Alberto Fabra al calor de la arena de la Malvarrosa, lo mismo que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero ha pedido a los ayuntamientos y diputaciones que le devuelva otros 500 millones. En ambos casos, por haber realizado mal los cálculos - era la época en la que el jefe del Ejecutivo ataba los perros con longanizas y defendía que el sistema financiero español era la envidia mundial, allá por 2008 y 2009- de lo que iba a recaudar en impuestos y haber transferido más dinero del que debía. Claro, dinero que la Generalitat y los municipios gastaron hace un par de años.

Así no es de extrañar que Vela reconozca que la Generalitat sufre «tensiones de liquidez», lo cual quiere decir que no tiene dinero para pagar, entre otras cosas porque no ingresará ahora del Gobierno central los 633 millones de euros que esperaba procedentes del Fondo de Competitividad. La percepción de esa cantidad se aplaza hasta 2013. Y a los rectores autonómicos valencianos no se les ocurre emitir más deuda debido a la tormenta financiera que asola España e Italia y obliga al país a pagar unos intereses mucho más altos que, por ejemplo, Francia o Alemania.

Por eso, y porque el Gobierno central no financia a la Generalitat conforme a los cinco millones de habitantes que viven en la Comunitat Valenciana, sino que contabiliza un millón menos, y porque el Ejecutivo valenciano no ha reparado en gastos durante años y, como los municipios, ha prestado más servicios de los que se podía permitir, ahora, como suele decirse de manera coloquial, el Consell debe más que divisa y paga tarde y mal a los proveedores. El conseller Vela les ha pedido paciencia, ha anunciado que en septiembre les presentará un plan de pago y se ha comprometido a cumplirlo.

Esta situación no se resuelve esperando a que arrecie el temporal financiero, remonte la economía y la Generalitat vuelva a tener ingresos, ni siquiera aunque a la Conselleria de Hacienda le tocara el Euromillón o la Primitiva. Eso solamente solventaría el sueldo de los 260 altos cargos eliminados en el estreno de la legislatura. La solución es gastar menos, hacer encaje de bolillos con los céntimos, eliminar lo innecesario y que, además, se extreme la eficiencia para prestar servicios básicos.

Austeridad. Una palabra dura que tendrán que empezar a vocalizar desde los consellers hasta los secretarios autonómicos, directores generales, jefes de área y responsables de empresas públicas y fundaciones. A los recortes aplicados a la educación primaria, secundaria, a la universitaria, a los hospitales, al gasto farmacéutico y al funcionamiento interno de la Administración autonómica (menos fotocopias, más uso de emails en lugar de cartas, limitar la telefonía e internet móvil, crear una central de compras, entre otras medidas) con los que vela pretende alcanzar un ahorro de 680 millones, le seguirá en septiembre el de las empresas públicas. Y ahí entra RTVV. Solamente elente arrastra 1.200 millones de euros de deuda, mientras el conjunto de firmas públicas suponen un gasto anual de 3.573 millones de euros, apunta el síndico socialista, Jorge Alarte.

El portavoz del principal partido de la oposición no atribuye el ajuste a la herencia de Camps, su verdadero impulsor, sino a Alberto Fabra, el actual presidente. «Tenía que haber empezado recortando fundaciones, organismos públicos que no sirven de nada, despilfarro, fiestas, y no derechos», sostiene. Alarte defiende que de las 130 empresas y fundaciones públicas sólo dejaría 30 en pie, con lo que eliminaría un gasto de 1.573 millones anuales. De los 3.000 operarios, echaría a la calle «a los integrantes del aparato político del PP», aunque no lo cuantifica. El resto, a reasignarlos.

RTVV es la principal empresa pública en enfrentarse al ajuste. El presidente de la Generalitat es consciente de que tiene que intervenir para hacer viable el ente y está dispuesto a negociar con los sindicatos un expediente de regulación de empleo que puede alcanzar a un millar de empleados.

La imagen de Les Corts

Las medidas adoptadas por el presidente de la Cámara autonómica, Juan Cotino, son de esas que disgustan a los políticos que las sufren pero que agradan al ciudadano que mira con recelo las prebendas de sus señorías. No son decisivas para sacar de la crisis a la Administración pero mejoran su imagen.

La principal es el límite de 140 euros al mes impuesto a cada diputado en el consumo de telefonía móvil, un 30% menos de lo que gastaban de media. Y los ordenadores nuevos han costado 1.179 euros cuando hace cuatro años cada terminal salió por 2.087. Cotino también ha ordenado recortar en electricidad en el nuevo edificio de oficinas parlamentarias.