Los partidos políticos se han convertido en familias, y como buenos clanes que son, nunca abandonan a sus miembros cuando dejan la camada. La prueba es que, tras años de servicio a la causa, se afanan por conseguir el mejor futuro para sus retirados gracias a los tentáculos tejidos en la administración, las empresas públicas o incluso en el sector privado. La mayoría de "servidores públicos" , eso sí, regresa a su anterior ocupación o se busca la vida como buenamente puede. Es el caso, sobre todo, de los que no estuvieron en primera línea y de los que se han dedicado a la política municipal.

El expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, fue uno de los que estuvo a punto de caer en desgracia pero finalmente ha conseguido que el propio presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, medie para situarlo en la Autoridad Portuaria de Alicante. Ripoll, imputado en el caso de corrupción Brugal y tras 8 años ganando un suelo de 100.000 euros al año, llegó a apuntarse al paro como reclamo público, pero su hoja de servicios en el PP era demasiado extensa para tener que ir cada tres meses a firmar a la oficina de Servef.

Otros casos visibles son los de los expresidentes de la Generalitat, máxima aspiración de cualquier político con vocación autonomista. El futuro de los cuatro jefes del Consell de la Generalitat ha sido muy dispar tras dejar el Palau. El socialista Joan Lerma ha continuado ligado a la política y en la actualidad sigue como senador elegido por las Corts Valencianes. Eduardo Zaplana y José Luis Olivas aprovecharon las influencias y contactos obtenidos con sus cargos para terminar respectivamente como delegado de Telefónica para Europa y vicepresidente de Bankia, la tercera entidad financiera en volumen de negocio de España. Ambos reciben sueldos que superan, como mínimo, los 200.000 de euros al año.

El último en abandonar el Palau, Francisco Camps, ha echado mano a los privilegios que le otorga el Estatuto de Expresidentes y será miembro del Consell Jurídic Consultiu, con una sueldo de unos 57.586 euros anuales. Mantendrá chófer y secretaria.

En esta institución consultiva también ha recalado Joan Ignasi Pla, el que fuera líder de los socialistas valencianos hasta su dimisión tras su derrota en las elecciones de 2007 y el pago de una reforma de su vivienda poco clara. Pla, tras cuatro años de diputado raso, asesorará jurídicamente a la Generalitat a petición del PSPV.

En el CJC también se encuentra desde 2003 el que fuera expresidente de la Diputación de Valencia José Díez. Un retiro dorado para el jurista que fuera lugarteniente del alcalde de Xàtiva, Alfonso Rus, durante toda su carrera política.

Otra institución consultiva que ha recibido en los últimos tiempos el desembarco de políticos que han finalizado su carrera y que otorga un generoso sueldo es el Consell Valencià de Cultura. La exalcaldesa de Gandia, Pepa Frau, el exalcalde de Burjassot, José Luis Andrés Chavarrías, o la excoordinadora de EUPV, Glòria Marcos, han recalado en este consejo en el que anteriormente participaron intelectuales como Joan Fuster o Juan Gil-Albert.

El Consell Valencià de l'Esport también ha tenido algún conocido despeje de la política municipal. El exdiputado provincial por la Vall d'Albaida, Jesús Castellano, fue mandado a asesorar en temas deportivos en 2007 para hacer hueco. No ha tenido la misma suerte el derrotado y compañero exalcalde de Albaida, Juan José Beneyto, que ejerce de médico en la Pobla del Duc.

Las empresas públicas también son un destino en el que los partidos recolocan a sus altos cargos ya defenestrados políticamente. Entre los personajes más controvertidos destaca el ex alcalde de Castelló, José Luis Gimeno, que en 2005 fue forzado por el partido a dimitir en favor del actual presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, a cambio de situarlo al frente del proyecto "virtual" de la Ciudad de las Lenguas y como consejero delegado de Castelló Cultural. La paralización del proyecto no ha sido obstáculo para recibir unos emolumentos de unos 60.000 euros al año.

Del mismo modo, el eterno presidente del Partido Popular de Castelló y de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, se incorporará como secretario a la Cámara de Comercio y sigue al frente de la presidencia de Aeropuerto de Castelló S.A. (Aerocas). Fabra, que renunció a presentarse en las últimas elecciones, también flirteó posteriormente sin éxito con la posibilidad de ser elegido concejal no electo del Ayuntamiento de Castelló. Por otra parte, y en segunda línea de fuego, el que fuera jefe de prensa de Fabra e hijo del exconseller Joaquín Farnós, Vicent Farnós, continúa como director de Castelló Cultural y recientemente ha sido nombrado miembro del CVC.

La Diputación de Valencia ha dado cabida esta semana a los dos dos grandes derrotados del PP en l'Horta en las pasadas elecciones. El exalcalde de Mislata, Manuel Corredera, ha empezado a trabajar en la empresa provincia Imelsa, mientras que Manuel Álvaro, exedil de Alboraia será presidente del Consorcio Provincial de Bomberos. También se encuentra en el ente provincial como presidente del grupo el principal exalcalde socialista derrotado el pasado 22 de mayo, José Manuel Orengo, que ha sido nombrado presidente del grupo del PSPV en la diputación.

Camino contrario ha seguido el expresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Vallada, Fernando Giner, que tras perder los pasados comicios tras 20 años continúa en su puesto de diputado en las Corts, con casi 3.000 euros al mes de sueldo.

Muchos altos cargos vinculados con la Comunitat Valenciana también han optado por seguir su vida en el sector privado, siempre menos propenso a estar en el disparadero de los medios de comunicación. El que fuera exvicepresidente del Consell, Víctor Campos, fue rápidamente nombrado consejero del ente Aguas de Valencia y vocal del Consejo de Administración de la conocida empresa constructora Romymar tras su espantada a cuatro meses de las elecciones de 2007. Es uno de los cuatro imputados en la causa de los "trajes" del caso Gürtel que se ha declarado culpable.

En empresas consultoras han recalado el exministro de Industria, Jordi Sevilla, que trabaja en Pricewatherhouse Cooper y el que fuera aspirante encubierto a liderar el PP nacional, el castellonense Juan Costa, desde noviembre de 2010 responsable a nivel mundial del área de Sostenibilidad y Cambio Climático de Ernst & Young.

Pero si los primeros espadas no tienen problemas para ser recolocados o situados en puestos con unos generosos emolumentos, la política municipal no da en muchos casos para tanto. Uno de los primeros políticos que en este mandato piso la oficina del Servef fue el exalcalde de Calp, Javier Morató. Este exmilitante del PP, que sigue de edil pero por una lista independiente, se inscribió en el paro antes de que terminara el anterior mandato al serle retirada la dedicación exclusiva al trascender su implicación en la trama de corrupción Brugal.

Otros muchos munícipes derrotados en los pasados comicios han vuelto a sus oficios anteriores tras ceder la vara de mando. Es el caso del exalcalde de Corbera, Leopoldo Hernán, quien tras ser relevado ha vuelto a su trabajo como empleado de caja en un banco.

También el exalcalde de Villanueva de Castellón, Alfred Gregori (EU) ha recuperado su puesto como funcionario el popular, David Cervera, decidió retirarse de la primera línea política en Llombai para dedicarse a su negocio, una granja de pollos. Un ejemplo de que los derrotados no tienen sitio en algunos partidos es la exalcaldesa de Ontinyent, Lina Insa, que ha vuelto a su plaza de profesora en un colegio concertado tras perder las elecciones el pasado 22 de mayo.

No ha sido nunca alcaldesa, pero su marcha ha sido tan sonada como la de los líderes municipales. La ya exconcejala de Alzira Gisela Blasco decidió dejar la política local en junio, tras 28 años en el ayuntamiento. La hija del exalcalde Francisco Blasco y sobrina de Rafael Blasco, exconseller y actual portavoz del grupo popular en las Corts, ha vuelto a su trabajo como funcionaria.