En plena operación bikini de la administración catalana, con quirófanos cerrados y sanitarios en pie de guerra, el Gobierno de Artur Mas parece decidido a meter la tijera en todos los ámbitos de la Generalitat. Con una excepción: los múltiples niveles de administración supralocal que decoran el paisaje político catalán gracias a la superposición de diputaciones, consejos comarcales y veguerías, amén de la recién recuperada Área Metropolitana de Barcelona (AMB)

Y eso, a pesar de que la propia vicepresidenta del Gobierno autonómico, Joana Ortega, ha reconocido la existencia de duplicidades entre el Consell Comarcal del Barcelonès y la AMB, proponiendo la supresión del primero, con un presupuesto anual de 30 millones de euros para para una población de 2,1 millones de habitantes distribuidos en cinco ayuntamientos que ya conciertan los servicios comunes en el Área Metropolitana. Una propuesta que, curiosamente, no ha conseguido hacerse hueco en las pródigas leyes ómnibus aprobadas la semana pasada.

Este año, los 41 consejos comarcales gastarán 556 millones de euros, un presupuesto mayor que equivale prácticamente al presupuesto de todo el Departamento de Agricultura de la Generalitat o a la partida destinada a tercera edad y dependientes. De este monto, es prácticamente imposible saber qué proporción corresponderá a la prestación de servicios municipales mancomunados, teórico objetivo de los consejos, y cuánto se va en dietas para sus 1.010 consejeros electos, sueldos para algunos presidentes y vicepresidentes y estructuras administrativas —desde gerentes a flotas de vehículos oficiales—.

Cada consejo comarcal decide, al inicio del mandato, si sus consejeros tendrán dietas y por qué cuantía en la sesión plenaria inicial, por lo que en la geografía catalana se dan todos los casos, desde regidores que no cobran dietas, como el alcalde de Barcelona en el Barcelonés, a consejos comarcales que sufragan el sueldo mensual de alcaldes de pequeños municipios. También dietas excesivas y estructuras gerenciales superfluas.

Creados por Pujol
Los consejos comarcales reciben un presupuesto anual de la Generalitat en función del número de habitantes de la comarca, y la población marca también el número de consejeros, desde 19 en las menos pobladas a 39 a las más densas. Esta administración, creada en 1987 por el gobierno de Jordi Pujol como contrapeso al poder socialista en el ámbito local, fue cuestionada originalmente por crear otra estructura política para dar respuesta a necesidades que los ayuntamientos pequeños podrían cubrir mancomunando servicios. Así lo denunció el PSC en un primer momento y así lo cuestiona ahora Ciudadanos (C’s). Pero los socialistas ya no cuestionan una administración en la que se han tejido las redes de poder de la actual dirección del PSC, el Consell Comarcal del Baix Llobregat.

«La principal barrera para eliminar estos organismos son los propios partidos, que han convertido los consejos en agencia de colocación», lamenta Albert Rivera, presidente de C’s. Su formación es hoy por hoy la única que reivindica abiertamente la supresión de todos los consejos comarcales. Rivera reclama al Ejecutivo de Mas «que no se apunte tantos con la ley ómnibus sin meter mano a aquello que es absolutamente prescindible», los consejos comarcales.