Iniciado por fayser

Ya que esto es un foro inmobiliario, quería compartir con vosotros mi experiencia acerca de los dos impuestos característicos de la compra de una vivienda de segunda mano: el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y el de Actos Jurídicos Documentados (AJD).

Como sabréis, esos impuestos son recaudados por la Comunidad Autónoma que corresponda. Es habitual tras una compraventa ir y abonar la autoliquidación usando como base de dicho impuesto el precio de compraventa. El ITP es del 7%, y el AJD aproximadamente del 1%.

Pues bien, como seguramente también sabréis, las Comunidades Autónomas barajan unas tablas de precios medios. Cuando el precio de compraventa es inferior a su precio tabulado, ejercen su derecho a hacer una Comprobación de Valores. Este procedimiento consiste en mandarte una mierda de informe en que te dicen que consideran que la vivienda vale X, mayor que lo que tu has pagado, y obligarte a pagar el ITP y AJD por la parte que "falta".

El sustento de ese procedimiento es el artículo 134 de la Ley General Tributaria, que permite a la Administración comprobar el "valor real del bien" que sirve como base del impuesto. Este valor real se debe calcular de una forma suficientemente justificada, y según la Administración, sus tablas son la releche y por tanto, esas tablas dictan el valor real del bien sin que nadie pueda decir ni mú.

Pues bien, yo he sufrido dichos informes, y a la vista de los cuales se me ocurre la siguiente idea:

Aprovechar la jeta que tiene la Administración y darle la vuelta a la tortilla. Si se compra una vivienda por 200.000 €, pedir a la Comunidad Autónoma (es gratis) una valoración de dicho inmueble. Darán una hojita indicando el valor de sus tablas, pongamos que hay suerte y son 150.000 €. Pues bien: el truco será hacer la autoliquidación en base a 150.000 € y no 200.000 €.

Muy posiblemente la Administración ni llegue a comunicar nada porque dicho valor cuadra con sus tablas. Pero si así lo hiciera, no tendría argumentos para afirmar que el valor del inmueble no es ese, puesto que sistemáticamente defiende que sus tablas dictan el valor real del bien, y eso debe ser así para lo bueno y para lo malo, porque valor real sólo hay uno. Para negarlo el perito de la Administración tendría que hacer un informe justificando el valor, y no tendría datos con que defenderlo puesto que todo lo que tiene son sus puñeteras tablas. Y como la propia Administración suele poner en sus propios informes: el valor de compraventa no coincide necesariamente con el valor real del bien a efectos tributarios.

¿Qué opinan?