La trama SGAE implica a altos directivos de la entidad, entre ellos Teddy Bautista (presidente) y José Luis Rodríguez Neri, por presuntos delitos de apropiación indebida, estafa de especial gravedad y administración fraudulenta. La investigación se centra en la presunta desviación de fondos a través de la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE), filial de la SGAE dirigida por Neri, y la empresa Microgénesis, vinculada al propio Neri.

Pero el escándalo no sólo se circunscribe a las operaciones de presunto enriquecimiento ilícito por parte de los altos directivos de la SGAE sino, igualmente, a la actuación desempeñada por la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde. La cuestión es: ¿existe responsabilidad política del Gobierno?

Nada más saltar la trama, tras la detención de Bautista, la ministra se desmarcó de inmediato de la polémica argumentando que no es competencia de su cartera "vigilar, controlar y fiscalizar las actividades de entidades de gestión", ya que esta función corresponde a las comunidades autónomas. La ministra de Cultura comparecerá el próximo miércoles 13 de julio por la tarde en el Congreso de los Diputados para explicar el caso SGAE y, concretamente, informar a la Comisión de Cultura sobre la política de su departamento respecto a las sociedades de gestión.

El debate está servido. Muchos culpan en última instancia a Sinde como responsable política del escándalo SGAE. No en vano, ésta –al igual que el resto de entidades de gestión de derechos de autor– cae bajo el campo de actuación de Cultura. Mientras, Sinde se agarra a que carece de competencias efectivas para fiscalizar el funcionamiento de estos entes.

¿Quién tiene razón? En este caso las claves para dilucidar la responsabilidad política de la ministra son estrictamente jurídicas. A continuación, los principales puntos relacionados con la actuación de la ministra.